La Sanidad no está en la agenda política

Jelloun 

La denominada “Plataforma 10 minutos� ha promovido una movilización de médicos de Atención Primaria en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, en pro de su reivindicación de mayor número de médicos y de la correlativa disminución del número de pacientes que deben de ser atendidos por cada médico en ese nivel asistencial, así como de la simplificación de determinados trámites burocráticos, de modo que al menos pueda dedicarse un promedio de 10 minutos a cada persona que se atiende.

Esta noticia –más o menos así resumida-, podía leerse en la prensa nacional, si uno ponía un poco de empeño en avanzar a través de la información “política� de los medios de comunicación. En el caso de El País, por ejemplo, debía uno llegar hasta un rincón inferior de la página 28 del diario. La noticia en todo caso no generaba titulares, ni, menos aún, editoriales. Tampoco parecía dar lugar a declaraciones políticas o a iniciativas partidarias o a debates, de esos que cabría esperar en un tiempo preelectoral como el que vivimos en nuestro país y en un ambiente tan propicio al enfrentamiento.  Días atrás, los medios se hacían eco de encuestas que mostraban un crecimiento de la insatisfacción de los ciudadanos con relación con el sistema sanitario público o con determinados aspectos de los servicios que se les ofertan. Tampoco era fácil encontrar, ante ese dato, pronunciamientos políticos –de uno u otro signo ideológico-, que mostraran al menos un cierto “acuse de recibo� del dato demoscópico.

Parece evidente que la sanidad, en nuestro país, no está en la agenda política. Por más que se proclame reiteradamente  su carácter esencial identificándola, acertadamente, como uno de los elementos constitutivos del llamado “estado de bienestar�, no forma parte del debate político. Ni siquiera en los períodos electorales, más allá de determinadas escaramuzas dialécticas en torno a ciertos problemas puntuales (listas de espera, por ejemplo) susceptibles de ser utilizados como arma arrojadiza  de corto alcance.

No pocos  estudiosos del tema consideran que esto tiene mucho que ver con el hecho de que determinados sectores sociales –funcionarios, jueces, periodistas, ejecutivos, etc.-, que son los que tiene mayor capacidad de generar “opinión� no son usuarios del sistema sanitario público, por diferentes razones que tienen  que ver con la evolución histórica y configuración de nuestro sistema de salud  y por tanto no tienen las carencias de este sistema entre sus preocupaciones. Lo que se reflejaría tanto en el escaso y superficial tratamiento mediático de los problemas del sistema sanitario –o de los problemas de salud de los ciudadanos y su insuficiente o deficiente atención por parte de dicho sistema-, como en la ausencia de interés político sobre los mismos. Ciertamente, es inimaginable un debate serio en cualquier parlamento de nuestro país sobre la problemática de la atención sanitaria o del estado de salud de la población que fuera más allá de dos o tres ideas genéricas.

Esta situación no contribuye a la legitimación social de la sanidad pública. De la que está muy necesitada, porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) vive una situación de crisis casi desde que se definieron sus principios en la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986. El modelo que diseñó la LGS ley tenía su referencia en el servicio nacional de salud británico y el de los países nórdicos, paradigmas de la cobertura pública de calidad y del derecho universal a la salud. La LGS fue la última Ley de un país desarrollado que puede inscribirse en este ámbito y la crisis surgió enseguida pues la Ley se aprobaba en un entorno desfavorable en el que las corrientes neoliberales promovían los recortes del sector público y la introducción del mercado –la “provisión privada de servicios�-, en el ámbito sanitario así como el adelgazamiento del Estado. De hecho, apenas cinco años después de la promulgación de la LGS salía a la luz el llamado Informe Abril –promovido por la propia Administración-, que reflejaba en sus propuestas esas tendencias liberalizadoras, cuya aplicación práctica fue paralizada por la contestación social que provocó pero que no ha dejado de inspirar la mayoría de las modificaciones que se han ido estableciendo en el SNS tanto a nivel central como autonómico. Con diferente acento y alcance, ciertamente, en función del color político de las respectivas administraciones.

El déficit de legitimación del sistema sanitario público tiene que ver, también, con la no participación de los ciudadanos en su gobierno. Lo que es a la vez causa y efecto de esa invisibilidad de lo sanitario en el espacio político. La falta de participación social es un claro ejemplo de la distancia entre las declaraciones de principios y las realidades prácticas. Siendo un principio inspirador del sistema de salud diseñado en la LGS, tras la transferencia de los dispositivos sanitarios públicos a las Comunidades Autónomas todas ellas han ido promulgando otras tantas legislaciones de “ordenación sanitaria� en sus respectivos ámbitos que, invariablemente, han señalado la bondad de dicha participación pero cuyo contenido concreto, sin embargo,  han dejado pendiente de desarrollo posterior, que sigue sin verse en la mayoría de los casos.

El asunto tiene su complejidad, como es fácil de suponer y no pretendo ahora sino constatar tan sólo el hecho, que me parece evidente, de que los gestores del sistema -y los políticos responsables del mismo, a los diferentes niveles-, más allá de sus particulares adscripciones ideológicas e intereses profesionales tienden a coincidir en la práctica en ver la participación del ciudadano en el gobierno del sistema sanitario como un serio incordio, demostrando un muy escaso interés en propiciarla.

Así, servicios de salud teóricamente “orientados al paciente� en los que se enfatiza el rol del ciudadano como “eje� del sistema,  viven de hecho de espaldas a la ciudadanía aun incluso cuando el fruto de su gestión revierte en la mejor calidad del servicio que prestan.

No será fácil sustituir ese concepto tradicional del ciudadano como mero destinatario de unos servicios sanitarios públicos, diseñados con la mejor voluntad (en el mejor de los casos) de satisfacer sus necesidades y demandas, tal y cómo son concebidas por los gestores del Sistema de Salud, por la idea de ciudadano-protagonista del sistema. De entrada, propiciar un papel más activo dentro del sistema sanitario, requiere proporcionar a los ciudadanos mayor acceso a la información sanitaria y definir de modo concreto un marco de participación. Una tarea difícil pero insoslayable si se quiere dotar de legitimación social el sistema sanitario público. Y eso requiere, también, que la asistencia sanitaria –al igual, por cierto, que los problemas de la educación, o del acceso a la vivienda, o de los servicios sociales, etc…-, se entienda como prioridad política, que forme parte de la agenda que recoge imaginariamente las preocupaciones y quehaceres de nuestros representantes.