La renta garantizada, mi abuela y los bocadillos de atún

Albert Sales

El austericidio de los últimos años ha provocado la proliferación de parches sociales que tomando la forma de ayudas municipales de emergencia, o de asistencia vehiculada a través de organizaciones sociales, tratan de hacer más llevadero el empobrecimiento de una proporción cada vez mayor de la población española. Mientras se acaba de erosionar el ya maltrecho sistema de protección social, son los municipios y las entidades sociales los que crean ayudas finalistas para que a las familias les alcancen los ingresos para pagar el alquiler o la hipoteca, los suministros energéticos, el empaste de la última caries de la niña mayor, las colonias de verano del niño pequeño… o para pagar la comida en el supermercado.

La ausencia de un sistema de garantía de rentas que reconozca el derecho a la subsistencia en sociedad, convierte a las personas en situación de pobreza en peregrinas de las ayudas, haciéndolas víctimas de un constante maltrato institucional. Delante de cada profesional de servicios sociales o de cada responsable de entidad social hay que contar la misma historia demostrando voluntad y ganas de encontrar empleo para desmarcarse de los “pobres parásitos”, de aquellos que supuestamente se han profesionalizado en vivir de las ayudas. En cada entrevista hay que demostrar “lo pobre” que es uno o una, lo básicas que son sus necesidades, y lo mucho que se esfuerza en encontrar un empleo.

Esta deriva de la protección social hacia la asistencia social no es nueva. En toda europa, los mecanismos de “workfare” se imponen sobre el “wellfare” desde finales de los 70. Vincular las ayudas económicas a un plan individual de trabajo supervisado por los servicios sociales y al estrecho control de los gastos familiares, es una política pública en expansión durante la consolidación del proyecto político neoliberal. De ahí, que cualquier propuesta de crear una renta garantizada de ciudadanía choque con las reticencias de quienes creen que no se puede dar dinero a “los pobres” sin exigirles nada a cambio. En consecuencia, acabamos renunciando a los derechos para tratar de combatir la pobreza con una constelación de pequeñas transferencias condicionadas, sujetas a un caro control burocrático, que acaban creando circuitos basados en la desconfianza y el maltrato institucional.

La obsesión por establecer en qué deben gastarse el dinero las familias en situación de pobreza me recuerda a la actitud de mi abuela cuando se encontraba a alguien pidiendo caridad en la puerta del supermercado. “Nunca le des dinero, porque seguro que se lo gasta en alcohol”. Acto seguido compraba una barra de pan y una lata de atún para que “el pobre” pudiera alimentarse. Pensar que un profesional sabe mejor que nadie en qué debe gastarse el dinero una persona que vive una situación de pobreza es como confiar que los bocadillos de atún van a resolver las necesidades alimentarias de un mendigo. La mayor parte de los recursos económicos que obtienen las personas que piden caridad de su actividad se destina a pagar el techo bajo el que duermen – habitualmente habitaciones de realquiler. Así que ahí dejo el paralelismo y el turno abierto de comentarios para que cada cual encuentre el caso de “pobre aprovechado y parásito” que le sirva para justificar unas políticas que se han demostrado claramente ineficaces para combatir la pobreza.