La reforma fiscal

Antesala 

El pasado 23 de junio, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados presentaba una enmienda junto al grupo ERC-IU-ICV, por la que se instaba al gobierno a la reorientación de la política fiscal para hacer frente a la crisis, con el objetivo de que sus efectos no fueran soportados por los más débiles (sic). Unas horas más tarde, el grupo socialista decidía retirarla, justificando la decisión en la ausencia de apoyo del grupo ERC-IU-ICV a la fijación de un techo en el gasto público. 

 

Tanto la presentación de la enmienda, como su retirada, corroboran la ausencia de un plan fiscal global del partido socialista, que se ha venido evidenciando en los últimos años, en los que se han implementado reformas fiscales deslavazadas, tales como la devolución de 400 euros a los contribuyentes asalariados o el cheque-bebé de 2500 euros. Durante los años de bonanza económica, el partido socialista optó por rebajas fiscales de elevado coste y de dudoso impacto. Ahora, con la llegada de una de las crisis más profundas de los últimos tiempos, las necesidades financieras públicas aconsejan la eliminación de algunas de las medidas adoptadas en los tiempos del superávit presupuestario. 

 

Una política fiscal que pretenda alentar el crecimiento económico y proteger a los más vulnerables de los vaivenes de la economía debe ser contracíclica. Así, los presupuestos han de ser restrictivos en las fases expansivas, con el objetivo de no recalentar la economía y de reducir la deuda. Por su parte, durante las recesiones, el gasto público debe utilizarse como medio para mitigar las caídas de la producción, así como para proteger a los que padecen las consecuencias de las crisis con mayor violencia. Sin embargo, las bases fundamentales del sistema deben tener vocación de estabilidad en el largo plazo, de forma que los ciudadanos puedan tomar sus decisiones en un contexto de certidumbre, en el que las modificaciones del sistema respondan a una lógica coherente con el conjunto del sistema y no a ocurrencias con fines electorales. 

 

Durante los últimos doce años de prosperidad económica se impusieron las tesis que propugnaban la reducción del peso del sector público en la economía. En la más pura lógica Lafferiana, se argumentaba que la reducción de los tipos impositivos daría lugar a un incremento de los ingresos por la vía del estímulo de las actividades productivas. Fueron éstos años en los que se sanearon las cuentas públicas, lo que ha permitido contar con un colchón para afrontar la crisis. Sin embargo, se desaprovechó una oportunidad para mejorar el tejido productivo, cambiar el modelo de crecimiento, reducir la desigualdad y profundizar en la igualdad de oportunidades. Por su parte, con la llegada de la crisis se han hecho un hueco en la escena los partidarios de incrementar los tipos impositivos para financiar las políticas de revitalización de la actividad económica y de protección de los desempleados. En línea con las tesis de las izquierdas de los ochenta, los defensores de este tipo de reformas conciben el sistema impositivo como el motor fundamental de redistribución de la renta, ignorando las distorsiones que este esquema impone en el sector productivo. 

 

En primer lugar, la redistribución de la renta puede conseguirse tanto por vía impositiva, como mediante el gasto público. Existen dos elementos esenciales que hacen deseable que ésta tenga lugar fundamentalmente por la vía del gasto social. Por una parte, la redistribución por vía impositiva impone pérdidas de eficiencia, debidas a la reducción de incentivos que genera un marco de tipos crecientes. Por otra, la redistribución mediante gasto genera externalidades positivas, dado que permite que las familias de rentas bajas se incorporen a la actividad productiva a tasas marginales superiores a lo que lo harían las familias de rentas altas en ausencia de redistribución. Es conveniente, por tanto, que el grueso de la redistribución tenga lugar por la vía del gasto. En este sentido, si bien las prestaciones por desempleo y pensiones, así como el gasto en sanidad, se asignan de forma progresiva o proporcional, el gasto en educación -secundaria y superior- es altamente regresivo. Se impone una reforma en profundidad de la financiación del sistema educativo, en el que radica la base de la igualdad de oportunidades y que constituye una de las principales herramientas de distribución de la renta. Esta es la clave principal para hacer un sistema eficiente y equitativo. 

 

El sistema impositivo, por su parte, debe garantizar la suficiencia financiera del sistema, introduciendo las mínimas distorsiones posibles, pero asegurando la equidad. Para ello es preciso reducir los aspectos regresivos que no contribuyen a mejorar la eficiencia económica. La imposición al consumo es altamente regresiva, debido a la proporcionalidad de la imposición, unida a la mayor propensión al consumo de las familias de rentas bajas. Por tanto, es necesario expandir el conjunto de bienes de consumo gravados con el IVA reducido a todos los productos que componen la cesta básica de las familias de renta baja y moderada. Asimismo, es preciso eliminar las deducciones por la compra de vivienda, así como por las contribuciones a fondos de pensiones, dado que ambas disminuyen la progresividad de la imposición directa. No debe obviarse, por otra parte, que la mayor carga fiscal por la vía del IRPF recae en las clases medias, lo que introduce un elemento de regresividad añadido. Por ello, sería aconsejable reducir el tipo máximo, compensando la pérdida recaudatoria incrementando la carga de las figuras impositivas que gravan las actividades declaradas por los ciudadanos de rentas altas. Finalmente, la complejidad de la estructura de impuestos favorece el fraude fiscal, del que se benefician fundamentalmente los ciudadanos de rentas altas, lo que aconseja una simplificación del conjunto del sistema. 

 

Las consecuencias de la crisis las pagan los más vulnerables. La determinación del gobierno socialista en minimizar el padecimiento de las clases más desfavorecidas en los tiempos que corren es digna de aplauso. Pero debería aprovecharse este momento para llevar a cabo una reforma en profundidad que ponga al sistema fiscal al servicio de la eficiencia económica, de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Cualquier reforma coyuntural, motivada por aritméticas parlamentarias, no será más que otra oportunidad perdida.