La reactivación imposible

Jon Salaberría

Faltaba sólo la aparición estelar del Líder Cósmico, el ex Presidente del Gobierno de España, José María Aznar, para constatar que incluso dentro del sólido y homogéneo Partido Popular existe la certeza total de que la gestión del Ejecutivo, con Mariano Rajoy a la cabeza, insistente en las medidas austericidas y la obsesión patológica por el control del déficit público, no solamente no han conseguido frenar la cuesta abajo en el momento recesivo del ciclo, sino que han acentuado los efectos. Si a ello unimos la indolencia y el recurso a la resignación, cuando no la encarecida encomienda a un acto de fe (frecuente en el caso del Hada Madrina) sobre los frutos del sacrificio a un medio plazo que se antoja más largo aún de lo que se nos relata, constatamos el lugar en el que nos encontramos: un callejón sin salida, en el que damos por descontados mayores signos de agravamiento del enfermo cuando alcanzamos la mitad del ejercicio 2013 y nos acercamos al ecuador, también, de la legislatura más atípica de la historia política contemporánea de España.

El fracaso de las políticas de simple austeridad lo glosaba Vicenç Navarro a través de la Fundación Sistemas, hace pocas fechas: “Reducir los déficits a base de aumentar los impuestos, aunque ha sido predominantemente una subida de aquéllos que afectan principalmente a las rentas del trabajo y del consumo más que a las rentas del capital, acentuando todavía más las desigualdades sociales, siendo éstos países (los de Europa Sur y Mediterráneo) los que tienen mayores desigualdades en la Eurozona. A pesar de estas medidas, la famosa “confianza de los mercados” no se ha recuperado. En realidad, la deuda pública como porcentaje del PIB ha continuado aumentando desde el inicio de la crisis (2007), sin que los recortes hayan hecho mella en ella. España ha subido desde el 36% del PIB al 68%, Portugal del 68% al 102%, Grecia del 107% al 161%, Irlanda del 25% al 107%, e Italia del 103% al 120%”.

El Profesor Navarro defiende que la perseverancia en esta política, que castiga las rentas del trabajo y, por ello, irresponsablemente lastra el consumo (a la par que deja a amplias capas de la población fuera del paraguas de protección del Estado Social, dinamitado desde dentro), lleva irremisiblemente a una Gran Depresión. Una situación de la que sólo se puede salir, o al menos hacer el intento, mediante política de estímulo de la demanda, y ello con independencia de la necesidad de abordar toda una serie de problemas estructurales que afectan a nuestra economía desde hace décadas, agravados por la insistencia en un modelo artificial como fue el de la burbuja inmobiliaria. El modelo que la entrevistadora de cámara Gloria Lomana calificó como milagro económico de 1996 y del que tanto el ex Presidente como una gran mayoría de sus seguidores siguen siendo defensores orgullosos, pese a ser causa agravante de nuestra patología.

Desde las fuerzas de izquierda y centro-izquierda de la oposición parlamentaria se comparte este diagnóstico y se incide en la necesidad de políticas de reactivación. Actuaciones en base a un objetivo: estimular el crecimiento. En propuesta de acuerdo de Estado del Partido Socialista, mediante la consolidación fiscal en base a los resultados de productividad y de empleo, apertura del crédito a la economía real (en base a una dotación presupuestaria extraordinaria y una gran Agencia que en el caso de las PYMES les haría depender en menos medida de la banca, y también obligando a ésta, sobre todo las entidades beneficiarias de ayuda, a facilitar las líneas necesarias), recuperando la apuesta en I+D+I, la creación de empleo siempre complementada con las políticas de lucha contra la exclusión, políticas de renta eficaces … Una detallada batería de medidas que tienen como presupuesto la recuperación del papel protagonista de los poderes públicos como agentes activos (implicando, si es necesario, una osada política de control de precios) y el interés por combatir otro déficit, el fiscal (referido a los contribuyentes) un mal endémico de nuestra economía que castiga duramente a las rentas del trabajo y a las empresas dimensionadas como medianas y pequeñas. Por supuesto, implica la necesidad del acuerdo político y social amplio. Ya hemos hablado en este foro de la necesidad de este tipo de acuerdo en relación con el exponente más trágico de la crisis, cual es la exclusión social.

No es éste el camino que sigue nuestro país: por aportar un trágico ejemplo, 1.342,58 millones de euros son la aportación anual en 2013 (vía Ministerio de Empleo) para políticas activas de empleo, el principal de los caballos de batalla de este empeño. Insuficientes si se tiene en cuenta su cuantía. Ineficaces si el reparto es desigual: son la mayoría de Comunidades Autónomas las responsables de las competencias en esta materia. Y son esas Administraciones las más perjudicadas por el reparto del sacrificio presupuestario para la disminución del déficit.  El Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, amén de criticar el reparto, incide sobre la insuficiencia: en 2011, señala Antonio Ávila, con 4,7 millones de parados, se dedicaron 3.061 millones de euros para estas políticas. Dos millones de parados después, se produce una reducción de más del 50%: resultado del austericidio, la mencionada obsesión por el déficit. Incidir más en los males antes que trabar soluciones. Podemos señalar muchos más supuestos, como la insistencia en aumentar gravámenes fiscales sobre el consumo, la pasividad en la lucha contra el fraude fiscal y la poca valentía a la hora de revisar la fiscalidad de las grandes fortunas, la negativa (en materia hipotecaria) a renegociar la deuda de las familias como medida de política general que aliviaría la economía de las familias y que a la vez, ayudaría a reactivar el consumo de las mismas y a alejarlas del abismo de la exclusión … En todos ellos queda clara que la hoja de ruta es inamovible.

La reactivación, pues, se torna imposible, con estos actores políticos en la responsabilidad de gobierno y con esta voluntad, reiteradamente expresada. La oferta de Pacto de Estado realizada por el PSOE y la paralela oferta por parte de IU, tienen ya la negativa por respuesta, como todas las anteriores. En algo coinciden, pues, el tantas veces citado estos días José María Aznar y su patrocinado en 2004, Mariano Rajoy, como expresó el primero en la sesión televisiva del martes: caben pactos parciales o puntuales, no caben pactos generales, aunque sean motivados por la situación de emergencia. Pactos que el ex Presidente concibe, con cortísimas miras y menos altura política, como “sustitutivos de la mayoría absoluta” de noviembre de 2011, cuando nadie ha propuesto tal alternativa. La receta política es el rodillo.  Rajoy va más allá, pues ni siquiera en materias sectoriales podemos congratularnos por acuerdos sociales y políticos con beneficio para la comunidad. También en esto (y no sólo en sus silencios, como relataba en Twitter Borja Sémper) supera a Rajoy su predecesor en calidad de hombre de Estado.

La reactivación se antoja imposible, pero no así la actitud política para reclamarla. La negativa al diálogo por parte del Gobierno central no es óbice para que la oposición parlamentaria de izquierda, de la mano de los agentes sociales proclives al diálogo, intente la vía inclusiva del acuerdo en las Administraciones en las que exista un resquicio, una posibilidad mínima de implementar medidas de estímulo de la economía y del empleo. Aprovechando incluso la que ofrecen las Comunidades del mismo Partido Popular que se encuentran descontentas por el esfuerzo desigual frente al déficit y preocupadas porque la pasividad y la actitud contemplativa de sus correligionarios en Madrid les perjudica frente a sus ciudadanos. Y no lo es para que, además de una oferta política innovadora en materia de democratización y modernización de las instituciones, de regeneración y prestigio de la política, basen su oferta política, en el horizonte electoral de 2015 y su previa en 2014, en un programa amplio y osado de estimulación de la economía. Un New Deal a la española prioritario a cualquier remedo parcial procedente de Bruselas. Esa es su responsabilidad.