La razón de Estado

Jon Salaberría 

Señores y señoras, desde el mismo viernes por la noche vivimos instalados en la resaca del proceso de investidura de Don Mariano Rajoy Brey (obviedad). Sorprendente fue la decisión (en sentido de voluntad) con la que el prócer nacido en Santiago de Compostela acudió a la Cámara Baja a solicitar la confianza, vista su actitud en la anterior y fallida Legislatura, en la que se permitió rechazar la encomienda del Jefe del Estado y sestear leyendo el Marca mientras los demás quemaban las naves. El acuerdo con Ciudadanos parecía visualizar un cambio cualitativo, y hasta el último momento incluso servidor llegó a creer que la escasa media docena de escaños necesarios para la investidura serían conseguidos de entre las fuerzas políticas afines. Entre ellas no se encuentran los socialistas, los grandes interpelados por las fuerzas vivas del país, sino los nacionalistas conservadores que comparten modelo socioeconómico con los populares. No es una boutade: los seis escaños estaban entre, por ejemplo, los diputados de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, fuerza política con la que el Partido Popular, al margen de la humareda del debate territorial, se ha retroalimentado en el apoyo a las políticas de recorte de derechos y servicios públicos; o en el Partido Nacionalista Vasco, que pese al tono vehemente de sus negativas vislumbra en el Partido Popular un apoyo valioso para cerrar la puerta a la izquierda abertzale a finales de este mes.

Puro espejismo: en cuarenta años de proceso democrático no ha existido más lamentable espectáculo parlamentario que una sesión de investidura en la que un personaje indolente, pagado de sí mismo, irresponsable desde el punto de vista político y totalmente cercado por la corrupción y la insolvencia absoluta solicitaba la confianza al modo sui generis en que hace las cosas: sin solicitarla y exigiendo un cheque en blanco. Al porvenir gris de España en manos de este personaje amortizado se unen la chulería y el desprecio democrático escenificados en las intervenciones de Rafael Hernando Fraile, humillantes hasta para los leales socios de investidura (algo realmente inédito), así como las no menos insólitas presiones al Partido Socialista Obrero Español antes y después de la farsa. Una campaña virulenta y sin reparar en medios, intentando centrar las responsabilidades del triunfo o el fracaso del candidato popular en la fuerza política que en marzo intentó, con poca fortuna pero con no poca voluntad, el desbloqueo de la situación política. Y centrada en ataques inmisericordes a su secretario general, un Pedro Sánchez Pérez-Castejón que, no olvidemos, no era el candidato que se postulaba en este momento procesal. Una campaña sin precedentes en la que, bajo la premisa de la razón de Estado, se unen las líneas editoriales de la prensa tradicional (escrita) y la de todos los grandes grupos de comunicación privada del país, las declaraciones políticas de los líderes de los partidos del acuerdo de investidura y, lo que para algunos es más sorprendente y doloroso, la tremenda deslealtad de quienes dentro del Partido Socialista anteponen los intereses y las querencias de la contienda interna disfrazados de interés general.

La semana comienza con una críptica declaración de intenciones de Pedro Sánchez sobre conversaciones para, por enésima vez, desbloquear la situación política endiablada que vivimos, en la que la ruptura definitiva entre sociedad civil y sistema político no es una amenaza en ciernes, sino una realidad que se siente en la calle. El hastío general es un hecho. El secretario general socialista advierte que no se postula como candidato para liderar otra investidura fallida, pero compromete contactos con todos para conseguir un objetivo muy concreto: evitar las terceras elecciones generales en el plazo de un año. Una eventual cita con las urnas en la que el PP juega con una ventaja competitiva, la mayor movilización de un envidiable suelo de voto totalmente inmune a la corrupción y al dolor social frente a un voto de izquierda y centro-izquierda cada vez más fraccionado, desmovilizado y en franca retirada a sus cuarteles de invierno.

La solución no es sencilla. Cuando todos certificábamos la muerte del viejo bipartidismo imperfecto, lo hacíamos con la ilusión de que el nuevo escenario coral sirviese para iniciar una nueva era en términos de una relativamente nueva cultura política. Relativamente, porque la cultura del consenso estaba ya en los orígenes de nuestro edificio constitucional, tan imprescindible e irrenunciable como necesitado de una urgente remodelación. La evidencia demuestra que estábamos en un error. Pero si la solución no es sencilla, creo en mi opinión que existe un punto de partida que debería ser bastante pacífico tras la experiencia vivida desde 2011. Sin embargo, no parecen ir las intenciones por ahí. Y no es otro que la consciencia de que Mariano Rajoy Brey y el Partido Popular, anclados en el inmovilismo de sus formas y de sus intenciones, no están en esa solución. El espectáculo (el nombramiento nocturno y alevoso de José Manuel Soria para el Banco Mundial) con el que culminó la sesión de investidura y las justificaciones subsiguientes demuestran que la intención regeneradora de los populares es nula. Y por supuesto, indican que el listón ético de los populares convertiría la anhelada abstención técnica de los socialistas en un certificado de defunción del viejo partido de Pablo Iglesias Posse, poniendo en bandeja al otro Iglesias, Turrión, el oxígeno político necesario para convertirse en el Gran Capitán de la izquierda española.  

No, la razón de Estado no justifica en modo alguno una decisión que hipotecaría el futuro de los socialistas y, lo que es peor, consagraría en el poder un modelo que ya ha demostrado su fracaso y a una formación que no ha dado muestras de querer dar un cambio de 180º a la situación. La abstención por la que suspiran ciertos cuadros territoriales del Partido Socialista (*) consagraría en el poder al único partido imputado, como organización, por delitos relacionados con la corrupción en toda nuestra historia democrática, y lo haría sin que se hubiesen asumido responsabilidades políticas. Un desatino ante el que el planteamiento de soluciones alternativas fuera del monocorde discurso de la abstención responsable es un imperativo de moral pública. En un régimen parlamentario, las mayorías se consiguen, cuando las urnas no dan un veredicto definitivo, mediante la negociación de una mayoría alternativa. Sin complejos democráticos, ese es el camino que el Partido Socialista debe seguir. A las dificultades objetivas del pacto transversal, la solución del Gobierno de independientes con amplio respaldo en el Congreso y un mandato limitado a la gestión de las tareas urgentes y a las reformas institucionales más perentorias se abre como la más ventajosa. El Partido Socialista ya lo sugirió como solución a la oferta de Pacto del Prado en los momentos agónicos de la pasada legislatura, y hubo quien mostró tardíamente arrepentimiento por no haber abordado esta posibilidad. Los próximos días serán decisivos, aunque no tanto como las citas electorales del final de mes en Euskadi y Galicia. Ahí podría estar el punto de inflexión.  

(*) Sobre deslealtades internas en el PSOE con motivo de la toma de posiciones sobre el desbloqueo habla José María Izquierdo. La doble moral: 

http://cadenaser.com/m/programa/2016/09/06/hoy_por_hoy/1473114655_379381.html 

(**) Aún conscientes del divorcio entre el proceso político y la sociedad civil, del hastío ante una nueva convocatoria electoral, es grave que haya amplios sectores que consideren que una convocatoria a urnas es peor que la continuidad de un Gobierno impune políticamente por la corrupción y dispuesto a perseverar en las misma vía y en las mismas políticas.