La puesta en escena de la desconexión catalana

Senyor_J

A lo largo de los últimos meses hemos aprovechado esta tribuna para lanzar varios interrogantes sobre el prusés, ese ensayo de ejercicio de la soberanía que acapara la atención política catalana desde hace varios años. Hemos considerado que en 2017 no quedaba otro remedio a los actores principales del mismo que pasar de las palabras a la acción. Hemos puesto en duda que, aunque el prusés resulte my light y funcione como un resorte para seguir acaparando el poder político autonómico, eso no implica que no acabe obligando a sus impulsores a poner en práctica aquello que predican. También, a la luz de algunas exhibiciones recientes, hemos advertido de que el sector más vehemente e incontinente del prusés podría acabar liderando su viaje a ese país desconocido que quieren crear. Despejar esos interrogantes resulta clave para descifrar si todo va a quedar en una escenificación o si el prusés va a tener consecuencias reales, pero por el momento solo podemos ir hallando alguna respuesta observando con atención todo aquello que acontece .

Porque el reloj del 2017 sigue corriendo, ya estamos en marzo y los acontecimientos se van sucediendo. Son semanas en que grandes exponentes del prusés emiten sus discursos tanto desde tribunas diseñadas a tal efecto (así sucedió en el norte de España, en el acto que compartieron Mas e Ibarretxe) como desde el banquillo de los acusados, por el que han desfilados varias cabezas visibles del prusés con motivo de las consultas del 9N. Pero además del ámbito judicial, el foco de atención hay que ponerlo estos días en las novedades que llegan desde la zona parlamentaria, concretamente en dos de ellas, siendo más relevante la primera que la segunda, aunque ambas son fruto de la interacción mutua y ambas arrojan luz sobre cómo puede evolucionar esto.

La mas importantes es la pretensión de Junts pel Sí y la CUP de aprobar la ley de transitoriedad jurídica, o ley de desconexión para los amigos, por el procedimiento parlamentario de lectura única. Poco sabemos del contenido de dicha ley, pero sí algunos detalles claves como que consta de un preámbulo y nueve epígrafes, que identificará a Cataluña como una república en su primer artículo o que el séptimo epígrafe aborda la convocatoria del referéndum autodeterminante. También sabemos de buena tinta que, una vez que se apruebe, el Tribunal Constitucional no tardará ni medio minuto en declararla inconstitucional, pero hoy no toca analizar sus consecuencias políticas y jurídicas (o ausencia de ellas), sino el proceso de aprobación mencionado.

La lectura única es un trámite que hasta ahora podía tener lugar cuando todos los grupos se ponían de acuerdan en firmar, y por lo tanto apoyar, una proposición no de ley. Ahora lo que la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP se propone es reformar el reglamento de la Cámara para que un único grupo pueda impulsar una ley por dicho procedimiento. La intención que hay detrás de ello es conseguir evitar la tramitación parlamentaria habitual, que implica tanto debate inicial en la comisión correspondiente como debate posterior en el pleno, y presentación de enmiendas parciales por parte de la oposición. Así las cosas, la ley solo se debatiría en su totalidad y la mayoría actual podría imponer su aprobación sin modificación alguna. Pero con eso también se persigue evitar algo más, quizás más importante o quizás no: que el Consejo de Garantías Estatutarias emita de oficio un dictamen (no vinculante, como siempre) sobre si la norma es constitucional y si se adecua al Estatut.

Esto último nos lleva precisamente a la segunda gran novedad acontecida la semana pasada, que no por previsible resulta menos importante: el Consell de Garanties Estatutàries, de acuerdo con el marco legal existente, dictaminó la inconstitucionalidad de reservar en los presupuestos de 2017 una partida al referéndum. Ello nos permite deducir que, como en general viene sucediendo hasta ahora, el Consell va hacer gala en todo esto de una exquisita neutralidad, ya sea por el rigor de sus miembros o, más probablemente, por la voluntad compartida por los actores del prusés de que mientras dure la implementación de los planes de desconexión no se perturbe esa importante misión que corresponde al Consell de seguir examinando la cabida en el Estatut de las novedades legislativas que se vayan produciendo (quizás porque aun puede venir bien para otras cosas o quizás porque si, tras todo el tinglado, al final no pasa nada, el Consell debe seguir siendo fiable y respetable en la misión que tiene encomendada). No es para menos: la ley de transitoriedad jurídica es la base sobre la que se pretende fracturar la legalidad existente (la española), generar una nueva (la catalana) y realizar un ejercicio de soberanía (el referéndum y todo lo demás). No es precisamente moco de pavo ni es un proceso en el que quepa otro dictamen distinto al de inconstitucionalidad. Mediante el proceso de lectura única se intentan ahorrar, pues, dos cosas importantes en este sentido: un dictamen del Consejo y un titular de prensa como el de la semana pasada con los presupuestos, pero en este caso con algo mucho más delicado como el proceso de aprobación de la ley de desconexión, que tiene que ser tan rápido e indoloro como sea posible.

Así las cosas, el inicio de reforma del reglamento de la Cámara se tramitó la semana pasada, lo que viene a ser como poner la primera piedra jurídica para la aprobación de la ley que situará las instituciones catalanas al margen o más allá (elijan la ubicación que más les guste) de la legalidad que emana del Estado. Aunque con alguna sorpresa inesperada, concretamente dos: que la reforma para conseguir la aprobación exprés de la desconexión no puede ser a su vez exprés, sino que es preceptivo que hacerlo mediante ponencia de todos los grupos, y que aun mediante lectura única, la oposición puede requerir un dictamen del Consejo de Garantías Estatutaria que ha de emitirse en una semana. A pesar de ello, ayer mismo la Mesa del Parlament admitió a trámite la petición de una ponencia conjunta para abordar la reforma del reglamento. Ahora toca constituir la ponencia, debate en el pleno, aprobación y, en un par de meses, ya se dispondrá del escenario para dar a luz, si se tercia, la ley de desconexión.

Para este otro paso se abriría una nueva fase, que se desea que sea exprés o superexprés. Consistiría en una exhibición de filibusterismo parlamentario que no tiene desperdicio. Aprovechando el nuevo marco reglamentario, se sometería a votación la ley de desconexión por el procedimiento de lectura única, en un pleno en el que habría que modificar el orden del día sobre la marcha. En ese momento y solo en ese momento, salvo filtración previa (por lo demás, esperable), conocerían sus señorías el contenido de dicha ley, puesto que esto evitaría incluso su publicación en el Butlletí del Parlament. Tras la lectura vendría debate por la vía rápida, rodillo parlamentario y superación del marco legal existente, al que le seguiría con la máxima brevedad posible la convocatoria de referéndum. Ante ello, el Estado no tendría otra opción que desatar toda su artillería jurídica, pero le resultaría más complicado hacerlo dados los plazos y la no publicación previa de la ley de desconexión.

Este es el escenario que hay sobre la mesa, ahora veamos las interpretaciones al uso. Frente al mismo, los desmitificadores hacen sus cábalas. Según este sector, todo va a quedar en una simulación de soberanía, si es que se llega tan lejos, puesto que lo realmente importante que está sucediendo estos días no sería todo esto, sino la ausencia de épica indepe con la que se expresa Artur Mas, los contactos continuos entre la vicepresidenta española y el vicepresidente económico del Govern, el aparente reflotamiento de la negociación de la financiación autonómica que empiezan a mover los titulares de los medios y la espada de Damocles que están colgando los tribunales sobre CDC estas semanas, no por el 9N sino por los casos de corrupción, con el Cas Palau de nuevo en primera línea.

Esto último, por cierto, no es precisamente un tema menor. Existe la expectativa de que este miércoles, Gemma Montull, tras haber realizado un pacto con la fiscalía que garantiza una rebaja sustancial de las peticiones de condena a cambio de facilitar una pieza mayor a la acusación pública, incrimine en su declaración a Felix Millet y el tesorero de CDC, Daniel Osácar. Y que la misma sea ratificada por su propio padre, Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau de la Musica, que dejaría blanco sobre negro que parte del dinero que recibía su institución iba realmente destinado a CDC y llegaba a cambio de adjudicaciones de obra pública. Con ello se abriría la veda para convertir el juicio del Cas Palau en una causa contra la financiación ilegal de CDC que dejaría muy tocados a sus anteriores dirigentes. Entretanto sus sucesores del PDECat, con la mente puesta en salvar sus muebles, no están nada dispuestos en dejarse arrastrar por los lastres de la extinta CDC y parecen muy decididos a dejarlos ir, lo que daría casi por zanjada así, al mismo tiempo, una de las grandes hipótesis de trabajo de estos meses: el retorno de Artur Mas como presidenciable en las próximas elecciones catalanas.

Todo ello ahonda, además, en una división existente con profundas consecuencias estratégicas, entre aquellos del PDECat que prefieren unas elecciones antes que un referéndum (particularmente sus máximos dirigentes) y los que parecen optar por la salida más épica (los Puigdemont, los Mas, los Homs y desde luego Turull, el cerebro de la operación de aprobación de la ley de desconexión descrita anteriormente). Es innegable que en este escenario, las opciones épicas se ven seriamente amenazadas y es por ello que las corrientes de pensamiento más optimistas creen que todo quedará en una salida pactada o en una patada hacia adelante, es decir, hacia un nuevo proceso electoral este otoño con la simulación de soberanía como bandera, una vez que la ley se suspenda y el referéndum no se consume -al menos de manera seria-, tras lo que finalizaría de una vez por todas las tentativas de saltarse el marco legal.

Pero hay una segunda corriente que asegura que hay que ver las cosas como lo que son. Que con estas cartas sobre la mesa, la partida va a diputarse en los términos en que está planteada, sobre todo porque la gestión del prusés no depende solo de los sectores más chanchulleros de la extinta convergencia sino que tiene tanta o más importancia la actitud del resto de actores: ERC, CUP y sociedad civil, esto es, ANC, así como toda la relación de individuos variopintos que giran a su alrededor, siendo todos ellos los que más probabilidades y necesidad tienen de mostrar de alguna manera que el prusés sigue su curso para seguir vivos más allá de 2017. También porque las acciones del president Puigdemont y la discreción con que ejecuta sus pasos hacen pensar que se está tomando en serio la operativa de la desconexión, le cueste lo que le cueste, al contrario de lo que sucede con Junqueras, al que no son pocos los que le atribuyen muy pocas ganas de acabar inhabilitado, o incluso con Mas, cuyos titubeos derivados de la presión judicial, de sus ganas de no quedar apartado y de su voluntad de retomar el poder confunden incluso a sus correligionarios. Lo de Junqueras, por cierto, también merece una nota a pie de página: siendo el mejor situado para ocupar la presidencia en la próxima legislatura, es natural que le cueste dar un paso al frente para asegurarse una inhabilitación que se lo impida.

Además, esta segunda corriente de pensamiento cuenta con gran predicamento en el ámbito hispano y sobre la misma cuelgan dos importantes postulados: la necesidad de que el bipartidismo cierre el paso a toda pretensión de saltarse la legalidad y, más recientemente, la consideración de que, dada la hoja de ruta del prusés, avanzar hacia la suspensión transitoria de la autonomía deje de ser considerado como una posibilidad remota, en el marco de lo previsto por el artículo 155 de la Constitución. Para ello bastaría, según el mencionado artículo, con que la mayoría absoluta del Senado permitiese al gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legislativas.

Así están las cosas de removidas y ahora que cada cual elija qué explicaciones le parecen más plausibles y créase solo aquello que considere oportuno.