La liberalización del aborto

Ricardo Parellada

Hace unos días intenté exponer algunos razonamientos que se aducen para rechazar frontalmente el aborto y propuse un argumento en contra. En las líneas que siguen voy a intentar exponer y criticar algunos razonamientos a favor del aborto libre, esto es, de la libertad de la mujer para abortar sin condiciones ni supuestos durante un plazo determinado. Mi propósito no es defender la letra de la actual ley española, pero sí argumentar a favor de la necesidad de un compromiso, por insatisfactorio que sea, entre la prohibición y la liberalización incondicionales del aborto. Para ilustrar la idea del compromiso aludiré también, sin ninguna pretensión de exhaustividad, a otras formas de compromiso jurídico no contempladas en la ley española.

La libertad de abortar se defiende muchas veces con argumentos como los siguientes. El aborto debe ser libre porque la mujer tiene derecho a la intimidad y a disponer de su cuerpo como lo estime oportuno, y durante las primeras fases de su desarrollo el embrión no es un ser humano, sino un grupo de células en evolución mecánica sin sistema nervioso ni sensibilidad. No obstante, la libertad de abortar debe tener un plazo, pues es evidente que en los últimos meses del embarazo el feto pasa a ser viable fuera del seno materno y es difícil de distinguir de un bebé. Desde esta perspectiva no es necesario que haya un punto de inflexión en el desarrollo biológico para sostener la legitimidad del aborto en los primeros estadios del embarazo y su ilegitimidad en los últimos.

 

El desarrollo embrionario es continuo. Como interrumpirlo cerca del principio es legítimo y cerca del final no lo es, se introduce una convención jurídica, un límite arbitrario que responde, en alguna medida, pero sin pretensión de exactitud, a hechos biológicos como el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso y la viabilidad extrauterina. De ahí que las propuestas de liberalizar el aborto aduzcan muchas veces un plazo de doce o catorce semanas. Y de ahí que, si no se introducen otras consideraciones, el aborto deba ser libre durante el primer trimestre y no deba serlo durante el tercero (ésta es la restricción, por ejemplo, impuesta por el Tribunal Supremo estadounidense a las leyes de los Estados de ese país en la famosa sentencia Roe vs. Wade de 1973).

Para examinar esta posición, puede ser útil tener en cuenta los análisis del filósofo del derecho Ronald Dworkin en su excelente libro El dominio de la vida (1993). Dworkin señala que el debate sobre el aborto gira muchas veces en torno a la cuestión de si el feto es o no una persona con derecho a la vida y sostiene que se trata de un planteamiento equivocado. A decir de Dworkin, en realidad nadie sostiene que el feto es una persona con derecho a la vida, pues incluso quienes defienden las posiciones más contrarias al aborto mantienen también, como argumenta por menudo, otras opiniones incompatibles con esa idea. Dworkin muestra también, con razonamientos detallados y gran plausibilidad, que casi todos los participantes en el debate, incluyendo a los más firmes partidarios del aborto libre en los primeros meses de gestación, reconocen el valor intrínseco de toda vida humana, incluyendo la vida humana en formación. A decir de Dworkin, el antagonismo en torno al aborto no se refiere al carácter personal o a los derechos del feto, sino a la manera de respetar y proteger las vidas humanas involucradas.

Aunque es intrínsecamente valiosa desde sus primeros estadios biológicos, la vida humana es desigualmente relevante en cuanto a su poder de sensibilidad, viabilidad e incluso la inversión y la implicación humanas que conlleva. La muerte de un niño pequeño nos resulta menos trágica que la de un adolescente, dice Dworkin, porque este último reúne una inversión humana y afectiva mayor, y posee planes y proyectos de vida y una conciencia de sí que no tiene el infante. La pérdida de vida humana, afirma, es desigualmente trágica incluso entre adultos, en función, por ejemplo, de su edad, sus expectativas de vida o las personas que el adulto tiene a su cargo. Naturalmente, a pesar de ello todas las personas constitucionales tienen igualdad de derechos, entre ellos el derecho a la vida. Estas consideraciones graduales, expuestas con cuidado y resumidas aquí abruptamente, permiten a Dworkin abonar el terreno para la ponderación y ofrecer una solución al conflicto de valores, vidas e intereses que tiene lugar en el caso del aborto.

Pues bien, a pesar de insistir en que casi todos los implicados en la discusión conceden valor intrínseco a la vida humana en formación, Dworkin apela al derecho a la intimidad de la mujer para concluir que el Estado no debe coartar su libertad de abortar durante el primer trimestre de embarazo. Para ello establece una analogía entre el papel del derecho a la intimidad en el rechazo de la intervención del Estado en la contracepción y el aborto temprano. Así, Dworkin defiende la sentencia Roe vs. Wade, que tuvo un protagonismo desorbitado en las campañas presidenciales de su país durante los años ochenta y noventa.

Aunque mi objetivo no es analizar la propuesta de Dworkin, he expuesto rápidamente algunas de sus ideas porque me parecen matizadas y útiles para la discusión. Sin embargo, yo admitiría su planteamiento, pero defendería la conclusión contraria. Por lo pronto, la comparación con la contracepción me parece desafortunada. Como señala el Tribunal Constitucional español en la sentencia 53/1985 sobre la ley de despenalización del aborto propuesta por el Parlamento español, en el embarazo se produce un tertium nuevo. Como reconoce el Tribunal, la relación de la mujer embarazada con el nasciturus (término que utiliza) es absolutamente íntima y singular y, sobre todo, no se puede calibrar con ninguna otra situación vital, personal o social, que permita establecer comparaciones o analogías ilustrativas. Y, sin embargo, la protección de la vida humana que informa la Constitución española alcanza al nasciturus, afirma el Tribunal, y obliga al Estado a interesarse por su suerte.

A decir del Tribunal Constitucional español, el valor de la vida del nasciturus no es incondicional, como tampoco lo es el derecho a la vida de las personas, que cede en los casos de legítima defensa. En el caso de la mujer embarazada, se puede dar un verdadero conflicto de valores y bienes jurídicos, porque el desarrollo adecuado del nasciturus antes y después de su nacimiento sólo es posible gracias al bienestar y la dedicación de la madre (y tras el nacimiento también del padre). La mujer embarazada tiene una vida plena y compleja (a diferencia del nasciturus) y el desarrollo de éste puede interferir con derechos básicos de la mujer, como su integridad física y psíquica, su autonomía y el libre y pleno desarrollo de su personalidad. Estas son las consideraciones que ofrece el Tribunal para dirimir la constitucionalidad de los supuestos de despenalización del aborto que llegaron a su mesa. A juicio del Tribunal, los supuestos contemplados en la ley (peligro para la salud física y psíquica de la madre, violación y malformaciones) serán constitucionales, siempre y cuando la ley amplíe una serie de garantías.

Pues bien, mi propuesta es utilizar argumentos y matizaciones como las de Dworkin y el Tribunal Constitucional español para rechazar la liberalización del aborto. A mi juicio, la libertad de abortar sin aducir ninguna causa jurídica supone ignorar el valor intrínseco de toda vida humana (incluyendo la vida del embrión o feto) y la necesidad de un conflicto con otros valores o intereses (en particular los de la madre) para que el aborto sea legítimo. La actual ley española contempla unas condiciones o supuestos en los cuales el aborto es legítimo y las leyes de muchos países recogen supuestos semejantes y otras disposiciones diferentes. Yo no puedo defender con conocimiento ni competencia la mejor manera de establecer estas regulaciones. Mi propuesta es simplemente que la ley debe recoger tanto la gravedad del aborto como las causas que lo justifican. De ahí la crítica al aborto libre durante un plazo determinado.

Quisiera aludir a algunas formas de articular el compromiso vigentes en otros países. Todas ellas pretenden responder, por un lado, a la gravedad del aborto y, por otro, a su legitimidad en determinadas condiciones. Sin entrar en ningún tipo de valoración, enumero simplemente algunas condiciones o supuestos utilizados en otros países para regular el aborto, además del peligro para la vida, la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones, con diferentes requisitos de tiempo y forma. En mi opinión, la referencia a estos supuestos debería formar parte del debate en España. En primer lugar, hay un supuesto socio-económico, según el cual sería legítimo el aborto en casos de grave necesidad económica o desarraigo social. En segundo lugar, en muchos lugares se aplica un protocolo de información ante la solicitud de aborto sobre servicios sociales, sistemas de adopción, etc. En tercer lugar, existe en otros lugares un plazo de carencia de unos días desde la solicitud de aborto hasta la intervención. Finalmente, un caso realmente curioso es una disposición francesa (ignoro si sigue vigente) que obligaba a la mujer a declarar un estado de angustia que nadie más tenía que certificar. Aunque en la práctica es completamente liberalizadora, esta disposición pretende recoger la gravedad del aborto.

En este artículo no entro en asuntos cruciales para la política del aborto: las dificultades de la aplicación de la ley, la enorme dificultad de abortar en la sanidad pública española y la educación y la planificación familiar. Naturalmente, una consideración recurrente en los debates sobre el aborto es que la ley es una cosa y la práctica otra. Aunque la ley diga una cosa, en la práctica, por ejemplo, el aborto es casi libre actualmente en España por la facilidad de aducir el peligro para la salud psíquica de la madre. A mi juicio, una ley del aborto no es adecuada o inadecuada por sus dificultades de aplicación. Quizá haya pocas leyes que respondan de forma tan directa a opciones morales como las leyes para regular el aborto. Unas veces las leyes se pliegan a la realidad social y otras pretenden encauzarla. En el caso del aborto, la ley debe responder claramente al razonamiento moral aceptado por quienes la redactan. La ley debe cumplirse y la sanidad pública debe atender las demandas de abortos legales, cosa que hace de manera muy insuficiente actualmente en España. Y el otro pilar, quizá el más importante, de la política sobre el aborto es la educación sexual y la planificación familiar, que debe reducir la necesidad de abortos injustificados.

A poco más de un mes de las elecciones generales españolas, parece claro que los dos grandes partidos no van a ofrecer ninguna propuesta clara sobre el aborto. El PSOE ha retirado su incumplida promesa de 2004 de sacar adelante una ley de plazos. Muchas voces han abogado en el seno del partido por retomar esta promesa en el actual programa electoral, pero la dirección ha optado por la prudencia. La consigna, a la que se han adherido muchos miembros del gobierno, es que no hay un consenso social suficientemente claro sobre la manera como se debe reformular la regulación jurídica del aborto. La promesa es reabrir y seguir de cerca el debate social y, por supuesto, proteger la intimidad de las mujeres que abortan dentro de los supuestos reconocidos por la ley actual. En cuanto al PP, es claro que no desea contradecir abiertamente la postura oficial de la Iglesia católica, pero también es claro para la dirección del partido que la mayoría de sus votantes no secundan esa opinión. El particular compromiso del PP, partido de principios, fue expresado recientemente por su líder, hombre de principios, con una razón muy curiosa: por qué reformar una ley que lleva unos cuantos años en vigor.