La justicia

Lobisón

Puede que me deje llevar por los prejuicios, pero me preocupa que el juez Elpidio Silva se haya convertido en el héroe del sindicato Manos Limpias, esa extraña agrupación en la estela de Blas Piñar que parece haber descubierto una mina de demagogia en la corrupción ambiente. En todo caso parece haber consenso en que hoy por hoy no existe un ‘caso Blesa’, y que sin embargo hay quienes están tratando de crearlo, aprovechando el clima de irritación disparado por la crisis y la aparente invulnerabilidad de quienes han gestionado los grandes centros de poder financiero en los años de la burbuja.

El problema es que las cosas ya están bastante mal sin que nadie aproveche la exasperación social para crear un clima de histeria. Entre otras razones porque la histeria se retroalimenta. Si, como es probable, el juez Elpidio acaba empapelado por la excesiva desenvoltura de sus procedimientos —más algunos pecadillos anteriores—, se va levantar un clamor en su defensa diciendo que se le persigue por querer acabar con la impunidad de los poderosos, y la evidente diferencia entre su caso y la condena contra Garzón no servirá para mostrar que hay que distinguir y matizar —siguiendo  el viejo principio detectivesco: qui prodest?— sino que todo se sumará en un inmenso barullo que desacreditará a la justicia en su conjunto.

Y es que todo es bastante complicado. Ya hay una batalla en marcha sobre la continuidad del juez Ruz, y quienes temen que se le quiera apartar para apagar las llamas de los casos Gürtel y Bárcenas tienen buenas razones para estar nerviosos. Al mismo tiempo, sin embargo, la notable prudencia del juez ofrece sus propios motivos de nerviosismo. ¿Por qué este hombre no procedió en su momento a incautarse de la documentación de Bárcenas, y sólo se ha tomado en serio la cuestión cuando Pedro J. la ha hecho explotar? ¿No han sido demasiado prudentes las fiscales y el juez en este caso?

El problema no es sólo de alarmante lentitud judicial, sino en otros casos de over-reaching. ¿No es un poco insensato incluir en el mismo procedimiento el saqueo de fondos públicos en el caso de los ERE y la responsabilidad de los políticos y gestores que diseñaron el procedimiento administrativo? ¿Se va a acusar a éstos de cooperación necesaria por haber ignorado las advertencias de la intervención? ¿Da lo mismo que no haya habido aprovechamiento personal o partidario de los fondos defraudados? ¿No cabe sospechar de intencionalidad política en tanta ambición procesal?

Y para colmo tenemos el problema de que en este contexto cualquier archivo de un procedimiento o revocación de sentencia puede verse como un apaño cómplice entre los partidos para ocultar sus vergüenzas, aunque los argumentos jurídicos puedan ser, más que sólidos, evidentes. Sumemos a esto un presidente del Constitucional al que se le olvidó darse de baja de su partido en el momento procesal oportuno y ya están dados todos los elementos de una imagen desastrosa de la justicia.