La huelga

LBNL

¿Hacer huelga general el jueves contra la reforma laboral o no hacerla? Imagino que serán muchos los que hayan decidido ya lo que van a hacer pero también que no serán pocos los que tendrán dudas, políticas, económicas e incluso morales.

Entre los que no harán huelga de ningún modo están los que apoyan al Gobierno por razones ideológicas y también los que entienden la reforma laboral como imprescindible para flexibilizar el mercado y crear empleo, aunque sea a medio y largo plazo, puesto que todo el mundo coincide en que inicialmente tendrá un efecto destructivo. Entre los que harán huelga sí o sí están los que interpretan la reforma como un nuevo ataque a los trabajadores al que no cabe sino responder con la forma de protesta masiva que la ley democrática ampara.

Entre los primeros hay muchos a los que la reforma laboral no afecta o afecta positivamente: profesionales libres, pequeños y medianos empresarios que podrán soltar lastre con un menor coste, ejecutivos cuyos contratos prevén modalidades blindadas de indemnización… Y entre los “huelguistas” hay también muchos cuya principal motivación es desgastar políticamente al Gobierno por razones ideológicas.

En medio, la inmensa mayoría de los asalariados, que comprenden la necesidad de acometer reformas en todos los ámbitos, incluido el laboral, que no ven con buenos ojos que las reformas siempre se limiten sólo a los intereses de los menos pudientes, que no son excesivamente partidarios de la huelga como forma de protesta y que, además, no sólo no quieren perder el jornal del jueves sino que, especialmente, tienen miedo a las posibles represalias dado lo mal que están las cosas. Por añadidura, tienen bastante claro que al amparo de su mayoría absoluta, pero rehén de las exigencias de austeridad que soplan desde Berlín, el Gobierno no va a dar marcha atrás, como tampoco la dio Zapatero tras la última huelga general convocada por los sindicatos.

Sumando todos los factores asumo que esta huelga también fracasará, entendiendo por fracaso una paralización sólo parcial de nuestra economía el próximo jueves.

Más allá de los pronósticos, me interesa particularmente el dilema de los que estamos convencidos de que las reformas que está imponiendo el Gobierno son incompletas, sesgadas y por tanto injustas, pero también sentimos que la huelga es una forma bastante caduca e ineficaz (dado su coste) de protestar.

En primer lugar, cuando la situación económica es tan difícil, paralizar el país es como pegarse un tiro en el pie. Además, por más que podamos estar en desacuerdo, el Gobierno tiene la legitimidad democrática para adoptar las medidas que considera apropiadas para el interés general. Ni siquiera es del todo válido aducir que su programa electoral no fuera claro, o esté siendo incumplido (por ejemplo respecto a la no subida de impuestos), porque era obvia la política que iba a seguir el Gobierno de Rajoy, pese a lo cual recibió un mandato popular nítido. Por último, un mínimo de coherencia obligaría, a mi entender, a no hacer huelga este jueves si no se siguió el llamamiento anterior contra la reforma laboral adoptada por Zapatero, muy similar en sustancia a la adoptada por Rajoy si bien menos intensa. Claro que, según ese mismo rasero, Rajoy debería haber votado a favor de dicha reforma en el Parlamento, lo que no hizo. Cien años de perdón para quién hace trampa a un tramposo…

Y sin embargo, es cada vez más evidente que la política del Gobierno no sólo va a desmantelar gran parte del Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución establece, sino que va a conducir al país entero a la ruina. No hay más que ver el resultado de las políticas que viene aplicando Cameron en el Reino Unido desde hace un par de años: nulo. O el de las políticas de austeridad extrema que están siguiendo Grecia y Portugal: cada vez más déficit pese a un creciente sufrimiento social de consecuencias todavía impredecibles.

En otras palabras, la reforma laboral es sólo una parte del problema. Baste recordar que el Gobierno presentará finalmente los nuevos presupuestos (¡para este año!) al día siguiente, habiendo ya avanzado que supondrán recortes adicionales por valor de varias decenas de miles de millones y de un 15% de media en los presupuestos de cada Ministerio.

El mismo viernes, el Ecofin que se reúne en Copenague examinará críticamente los presupuestos, con varios de nuestros socios europeos ya exasperados por el 0.5% de ampliación del techo de déficit (del 5,3 al 5,8) negociado por Rajoy en Bruselas hace un par de semanas. Cabría entonces pensar que en realidad el Gobierno no tiene margen.

Pero no es del todo cierto. Ayer mismo, el Ministro Montoro anunció la subida del IVA para algunas partidas y limitaciones aparte de las amplias y complejas deducciones consentidas actualmente por el Impuesto de Sociedades, que en la práctica permiten a las grandes corporaciones empresariales tributar por debajo del 10% de sus ganancias mil millonarias. Pero ya había anunciado previamente que serán reformas limitadas, a la espera de una reforma más amplia de dicho impuesto cuando haya pasado la crisis.

Es obvio que el déficit se puede reducir reduciendo el gasto público o, alternativamente, incrementando los ingresos del Estado. Esto último se puede conseguir por la vía de subir los impuestos y también estimulando la actividad económica de manera que la recaudación aumente pese a mantenerse inalterados los tipos de tributación. Y finalmente, dado que a los efectos de Bruselas el déficit que importa es el porcentaje con respecto al PIB, hacer crecer el PIB, es decir, estimular el crecimiento de la economía es otra forma de acercarse al objetivo. En cambio, la reducción del gasto público contrae la economía, es decir, reduce el PIB, por lo que para que se reduzca el porcentaje de déficit respecto al PIB hay que reducir el gasto público por encima de su efecto negativo sobre el PIB.

¿No es obvio que sería mucho mejor para todos que los nuevos presupuestos contuvieran un componente amplio de estímulo de la economía además de las inevitables reducciones de gasto? Por tanto, el Gobierno sí tiene margen para presentar unos presupuestos muy distintos a los que va a presentar, centrados casi en exclusiva en reducir gasto público. Otra cosa es que no sepa cómo estimular la economía o que siga creyendo a pies juntillas en la panacea de la desregulación, incluida la del mercado laboral que, sin embargo, ya vemos que no está dando los resultados perseguidos por otros lares.

Además, se aduce que es imprescindible reducir el déficit al ritmo comprometido porque si no, los “mercados” apostarán contra España haciendo inevitable un rescate financiero. Pero también cabría mitigar tal presión creando un cortafuegos verdaderamente creíble contra la especulación , por ejemplo de un billón de euros como demanda la OCDE en vez del medio billón que consiente Merkel, quizás con un añadido de 200 mil millones más sin usar del fondo temporal ya existente.

En todo caso, conviene recordar algunos datos sobre nuestra economía que desmienten muchos lugares comunes utilizados generalmente por los adalides de la austeridad estricta y, por ende, defensores de la reforma laboral.

En España los salarios de los trabajadores suponen un porcentaje de los costes totales de producción menor que en otros países: la relación entre costes laborales e ingresos netos de explotación es de un 14% en España frente a un 20% en la mayoría de la UE. Por tanto, no es verdad que el problema principal de nuestra economía sea que los trabajadores salen demasiado caros. Es mentira por más que se repita: durante la década 1999-2009, el salario por hora en nuestro sector manufacturero (clave en nuestra competitividad y exportaciones) creció en la misma proporción que en Alemania. Nuestra rígida e imperfecta legislación laboral acentúa y dificulta la salida de la crisis, pero no es la responsable principal de la alta tasa de desempleo que padecemos: con esa misma legislación España fue uno de los países de la UE que más creció y más empleo generó en la década anterior a la crisis, manteniendo un nivel salarial similar al actual: descontando la inflación el salario medio en España era en 2008 prácticamente igual al de 1995.

Tampoco es cierto en absoluto que el déficit público lo haya generado la mala gestión pública (incluyendo infraestructuras de utilidad dudosa y la corrupción) o la inviabilidad del Estado de Bienestar: los ingentes déficit públicos actuales del mundo occidental son consecuencia directa de haber tenido que destinar miles de millones a salvar el sector financiero y reactivar la economía, del incremento espectacular de los costes indirectos de la crisis, como los subsidios a los desempleados, y de la reducción de ingresos fiscales provocada por el parón de la actividad económica. Es decir, el problema es que el Estado ha dejado de ingresar, no que el gasto público haya aumentado o sea demasiado alto.

En realidad el gasto público es en España el más bajo de Europa occidental: 5 puntos por debajo de la media de la UE (45,6% del PIB frente al 50,6%). Y ello pese al enorme aumento del gasto en prestación de desempleo (entre 2001 y 2007 el gasto público rondaba el 38% del PIB). Lo mismo sucede con el gasto social (pensiones, educación, sanidad, etc.), al que España dedicó en 2008 un 13,9% del PIB frente a una media en la UE del 18, 2%, el 17,5% de Portugal o el 21,8% de Francia.

Ahora bien, nuestro gasto es bajo porque nuestra recaudación fiscal es también baja. En 2010, supuso un 32,9% del PIB, 6,7 puntos por debajo de la media de la UE (39,6%), 9,7 puntos menos que en Italia y 10,8 puntos por debajo de Francia. Solo en Irlanda y algunos países de Europa del Este –Polonia, Rumanía, Letonia, Bulgaria y Lituania– se pagan menos impuestos que en España. Aun así y pese a que nuestros sueldos son inferiores a la media europea, España es uno de los países europeos en el que más pagan los asalariados: tras la reciente subida, el tipo marginal del IRPF para rentas de más de 53.000 euros anuales llega al 47%.

La paradójica baja recaudación total pese a la alta fiscalidad sobre los asalariados se explica en gran medida por la fiscalidad empresarial. En principio, el impuesto sobre sociedades grava a las pymes al 25% y a las grandes empresas al 30%. Sin embargo, la legislación permite a los grandes grupos empresariales consolidados beneficiarse de numerosas y complejas deducciones que reducen su fiscalidad drásticamente. Lo cual nos devuelve a la reforma del Impuesto de Sociedades que, sin embargo, Montoro deja para después de la crisis; sin que esté en absoluto claro por qué, en cambio, la reforma laboral es urgente e imperativa.

Así que los asalariados lo tenemos crudo. Pagamos más que nadie y cada vez es y será menos costoso para las empresas, que tributan menos que nosotros, despedirnos. Al mismo tiempo, la flexibilización de la negociación colectiva seguirá limitando el crecimiento de nuestros salarios, cuando no presionándolos a la baja.

Sigo sin saber si debería hacer huelga el jueves, pero lo que tengo claro es que me están engañando los que me repiten que la reforma laboral, que esta reforma laboral es imprescindible. Hay muchas otras medidas mucho más urgentes, mucho más justas y mucho más eficaces para reducir el déficit.