La horizontalidad “obligatoria”

Jon Saalberría

Dentro de la actualidad política, una de las noticias más reseñables de los últimos días, en mi modesta opinión, aunque con una relevancia desigual en los medios, ha sido la aparición de un manifiesto público a favor de la promulgación de una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos. Con la promoción previa de su máximos impulsores, Elisa de la Nuez (directora de la consultora Iclaves), César Molinas (socio fundador de Muta Paucis y ex Director de Gestión de Merryl Linch en Londres), el diplomático y escritor Carles Casajuana y el catedrático de economía Luis Garicano, el manifiesto Por una nueva Ley de Partidos se lanza a la opinión pública como una aportación más al debate tras un diagnóstico de situación previo en el que podrían coincidir con muchas y más amplias instancias de opinión, y establece como conclusión del mismo toda una batería de medidas correctoras del estado de cosas previo que se analiza. El Manifiesto Molinas (como se le ha dado a llamar en algún medio) parte de la constatación de algo que es lugar común: tras más de tres décadas de vida democrática, los partidos políticos, concebidos como el instrumento fundamental de participación política y de articulación de la representación ciudadana, no funcionan correctamente. Al menos, no de acuerdo con el espíritu que emana del Texto Constitucional: su estructura y funcionamiento, que deben ser democráticas, se encuentran realmente en estado esclerótico, y como consecuencia de ello, se derivan buena parte de los problemas que alejan, de manera que se antoja a veces irreversible, a la ciudadanía de la política con mayúsculas (que dice el tópico).

La corrupción, fundamentalmente, es el peor de los síntomas de la enfermedad (carencia democrática) que afecta a grandes y pequeñas formaciones. Los impulsores del manifiesto constatan lo evidente: ni los pactos, ni los grandes acuerdos articulados en sede parlamentaria, ni las reformas legales con vocación de parcialidad, han conseguido poner coto a la que es causa fundamental del desapego ciudadano respecto de la res publica. Como constatan algo en lo que muchos de los que tenemos experiencia en la vida orgánica de las organizaciones políticas conocemos de primera mano, y no es otra cosa que la cooptación modo de designación, elección, proclamación y promoción interna de cargos políticos e institucionales por parte de los partidos. Este filtro, que obedece en las organizaciones políticas a los intereses concretos de personas y de grupos que se llegan a eternizar en cada proceso interno, es uno de los que alejan a la propia militancia de base de la vida orgánica activa, y ejerce como repelente para que la ciudadanía se acerque a las mismas. La designación política de los miembros de los organismos oficiales de fiscalización, cuales son los Tribunales de Cuentas, la inexistencia de mecanismos independientes y adicionales de auditoría y los cambiantes criterios en cuanto a financiación, son circunstancias adicionales para el agravamiento de problema, especialmente en esta coyuntura de grave crisis económica.

Tras la constatación de este estado de cosas, que concita bastante consenso, los promotores del Manifiesto concluyen claramente en la necesidad de un amplio trabajo jurídico-político interdisciplinar en ámbitos para abordar las diferentes situaciones que han alejado a nuestros partidos de su prístina función constitucional; que les han situado en consideración popular como problema. Trabajo que debería (siempre según los proponentes) fraguar en una doble dimensión. La política, con una exigencia de horizontalidad. La jurídico-constitucional, con la promulgación ex novo de una nueva Ley de Partidos. Ley que debería contener, como mínimos, el establecimiento de un sistema congresual a fecha fija de, como máximo, dos años de plazo; elección de delegaciones y de cargos individuales y colegiados por medio del sufragio universal; la limitación de mandatos; el establecimiento obligatorio de las elecciones primarias como medio inapelable de designación de candidatos; el mandato limitado de los tesoreros y gerentes y, finalmente, la auditoría externa de cuentas de los partidos por instancias independientes y el control por comisiones e inspecciones de igual carácter de los gastos electorales.

El lanzamiento de este manifiesto a través de la prensa y de la pagina web www.porunanuevaleydepartidos.es ha supuesto la contestación casi inmediata de un elenco considerable de firmantes, entre los que existe una destacada pluralidad. Desde personalidades del ámbito progresista, como Muñoz Molina, Ramón Vargas-Machuca o Fernando Vallespín, pasando por otras del ámbito conservador, como los periodistas Casimiro García-Abadillo o Santiago González, y llegando hasta destacados exponentes del tercer espacio equidistaní, como Félix de Azúa o Fernando Savater, apoyo (cuando no, impulsores reconocidos) de fuerzas como Ciutadans o Unión, Progreso y Democracia, precisamente destacadas por llevar como enseña identitaria la idea (abstracta y muchas veces inconcreta) de regeneración democrática, puesta en práctica internamente con discutible fortuna, como han venido poniendo de manifiesto las crisis internas que han jalonado la corta existencia de UPyD. Como complemento de esta iniciativa, se ofrece al público general la posibilidad de acogerse al derecho de petición del art. 29 de la Constitución para solicitar ese nuevo texto legal que solicitan.

En mi opinión, este Manifiesto Molinas ofrece un pretexto más para la reflexión política. En este sentido, bienvenido sea. Por supuesto, reitero, coincidencia en buena parte del diagnóstico y en algunas de las interesantes propuestas que, dicho sea de paso, ya habían sido trabajadas desde algunas instancias de la política. Como muestra, y perdonen la inmodestia, las que un grupo de compañeros y de compañeras socialistas de Málaga, pertenecientes a los colectivos Socialistas Hoy o Socialistas de Base, propusimos de cara al proceso congresual que el Partido Socialista enfrentó en 2012 y que, de cara a la próxima Conferencia Política, volvemos a mantener: cuestiones como participación activa, trasparencia, primarias, incompatibilidades, limitación de mandatos, renovación generacional, etc. en la esfera partidaria interna, como pueden comprobar, abordadas también por las reflexiones del grupo de César Molinas con pretensión general.

Pero también es mi opinión que la pretensión de este grupo de opinión, materializada en el Manifiesto, de regular por Ley Orgánica una nueva vida interna de los partidos para adaptarlos mejor tanto a su finalidad constitucional como a las exigencias de 2013, habría que distinguir dos dimensiones totalmente separables, y ambas con posibilidades de éxito divergentes. Por una parte, la cuestión de la transparencia. Por otra, la cuestión de una vida política interna más democrática. En la primera, las exigencias, bajo criterios de objetividad, de un  mayor control de la financiación y del gasto electoral de los partidos, tienen posibilidades reales de prosperar y de fraguar en resultados aceptables si se consta del instrumento legal adecuado y de los medios materiales/personales al efecto. Pero el logro de una mayor calidad democrática de la vida interna de los partidos es, totalmente, una cuestión de voluntad política que excede a los mínimos que se puedan establecer en un texto como el que se propone. La tradición política de las organizaciones de la izquierda política, de matriz más asamblearia, no tiene nada que ver con el verticalismo ancestral de nuestro centro-derecha; en el término medio, el mandato representativo (victima de la citada cooptación) que se debate ahora en el ámbito del Partido Socialista con propuestas de una mayor horizontalidad de cara a la también mencionada Conferencia 2013. Creo profundamente que no existe la posibilidad de establecer la obligatoriedad legal de esa horizontalidad y de esa imbricación estructura-sociedad más allá de los mínimos democráticos que establece la actual legislación al respecto, en base al artículo 6.

Voluntad política que, más allá de la letra de la ley, tiene su campo de actuación propio: está en la experiencia, en el día a día. En saber tomar distancia respecto de los perniciosos efectos del ejercicio del poder y de la pérdida de perspectiva respecto de la realidad que el mismo suele ocasionar. Concluyendo con palabras de Fabio Gándara, uno de los impulsores iniciales de Democracia Real Ya: “Las primarias son esenciales para la pervivencia de un modelo democrático basado en partidos a largo plazo. Sin una organización transparente, democrática y abierta a la ciudadanía, en la sociedad de hoy día los partidos tradicionales caminan lenta pero inexorablemente hacia la deslegitimación y la irrelevancia. Existen líderes que se aferran a la configuración institucional nacida en los años 70, en la Transición, identificándola con una especie de democracia última y perfecta, mientras la sociedad se transforma a su alrededor con cambios incluso están llegando a las empresas, que cada vez son más descentralizadas, flexibles, transparentes y con una mayor conciencia de responsabilidad corporativa. La mayoría de los partidos, no obstante, continúan anclados en el pasado. Si los grandes partidos no son capaces de evolucionar lo más pronto posible, aparecerán otras opciones electorales adaptadas a los tiempos actuales que acaben ocupando su espacio”. 

Es cuestión de voluntad política porque lo es de sentido de la realidad.