La guerra de las descargas: primera parte

Lobisón 

El 24 de noviembre el Parlamento Europeo aprobó un directiva sobre acceso a Internet que deja abierta la puerta a la suspensión del acceso a los usuarios que realicen descargas, pero introduce una serie de cautelas que limitan la posibilidad de que el corte se realice por simple decisión administrativa y sin posibilidad de defensa del afectado. Dicho de otra forma, no se desautorizan la ley Hadopi de Sarkozy ni la ley adoptada en el mismo sentido por el Reino Unido, pero se reduce el poder disuasorio que daba a ambas leyes la arbitrariedad del sancionador.

En España el gobierno ha introducido en la Ley de Economía Sostenible la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá decidir el bloqueo de los sitios de Internet que permitan descargar contenidos protegidos por derechos de autor. La propuesta ha sido ya considerada insuficiente por la coalición pro derechos de autor (productores y autores, invidualmente o agrupados), que consideran que debería perseguirse también el intercambio P2P (el eMule, para entendernos).

Como he intentado argumentar anteriormente en este blog —y pido perdón por repetirme al tratar esta cuestión—, esta batalla parte de un equívoco fundamental. La coalición pro derechos de autor sostiene que la caída en las ventas de CDs y DVDs, o en la asistencia a salas de cine, es consecuencia de las descargas, y no admite que estamos ante un cambio de hábitos culturales que obligaría a cambiar el modelo de negocio y de cobro de derechos de autor.

O bien sí lo admite, pero dado que el cambio de modelo de negocio va muy despacio (sobre todo en España), pide al gobierno que combata las descargas para frenar las caídas en la facturación. Esto es muy comprensible, pero plantea numerosos problemas. El primero es el de las libertades individuales, ya que si se opta por castigar a los usuarios que descargan se opta también por vigilar lo que hacen las personas en Internet.

No es nada evidente que sea lo mismo bajarse una película que organizar un atentado terrorista o producir y vender pornografía infantil, y por otro lado la vigilancia y persecución de estas últimas actividades en Internet deben estar sometidas a control judicial. Por ello los modelos británico o francés de vigilancia y sanción administrativa a los usuarios son contrarios a las libertades individuales y pueden resultar inaplicables.

Pero si se opta por el ‘modelo español’ de bloquear las páginas de descargas se plantean nuevos problemas. ¿Qué se hace con Rapidshare, un servicio de almacenamiento de ficheros que acepta borrar cualquier archivo que tenga derechos de autor? Se le puede hostigar para obligarle a realizar un borrado incesante de ficheros, pero eso exige una vigilancia continua que es cara, ya que el almacenamiento es usado por miles de usuarios que suben sus ficheros continuamente. ¿Se debe prohibir el almacenamiento de archivos en red? ¿Obligar a las empresas a vigilar los contenidos que almacenan?

El último problema es el del P2P (‘peer to peer’, intercambio entre iguales), los programas que permiten al usuario conectarse a los ordenadores en los que están los archivos que buscan, y descargarlos desde ellos, sin que ningún sitio de Internet cumpla el papel de concentrador. Eso es algo que no impediría el modelo español, pero que preocupa, lógicamente, a quienes creen que ésa es la clave de la caída de los ingresos del cine y las discográficas. Ahora bien, si se decidiera prohibir el P2P sería necesaria la colaboración de los proveedores de Internet y se invadirían de nuevo las libertades individuales. Eso sí, se estimularía el desarrollo de nuevos programas de intercambio cada vez más difíciles de detectar.

La persecución de las descargas puede merecer la simpatía de personas con cierto poder adquisitivo y que no han descubierto la ampliación de consumos culturales que permiten. Pero una generación que conoce desde siempre esa posibilidad, y que tiene un poder adquisitivo muy limitado, no sólo vería su desaparición como un grave retroceso, sino que se opondrá a las medidas prohibitivas con más virulencia aún que al canon digital. La llegada al Parlamento Europeo del Partido Pirata puede parecer una broma, como lo pareció en su momento el ascenso de Los Verdes en Alemania, pero éste podría ser igualmente un grave error de apreciación.

Sospecho que la solución del problema va por la vía de legalizar los depósitos de ficheros con derechos de autor buscando fórmulas para el pago de éstos, pero eso exige a las productoras pensar en menores márgenes de ganancia a corto plazo (es decir, en amortizar costes a más largo plazo) y sobre todo negociar acuerdos de distribución (de almacenado y acceso en Internet) conjuntos, por encima de la defensa numantina del propio catálogo, y basados en la suscripción, no en la venta unitaria.

Pero a corto plazo, que es lo que cuenta, parece evidente que el gobierno está atrapado en una guerra en la que ninguna de las dos partes se presta a negociar, y que el PP va a seguir dando muestras de oportunismo para lograr el voto de los enemigos del canon y de una autoridad no judicial (la Comisión de Propiedad Intelectual) con capacidad para sancionar y en su caso cerrar sitios de Internet.

González Pons lo ha dicho con bastante claridad: está en marcha una nueva rebelión cívica y ellos se apuntan. Como para un partido de orden estaría mal enfrentarse a los derechos de autor, que al fin y al cabo son derechos de propiedad, la bandera del oportunismo será la de las libertades individuales, como frente al SITEL. El objetivo es claro: presentar al gobierno socialista como una versión castiza del Gran Hermano (el de Orwell, no me malentiendan).