La cortina de humo

 Jon Salaberría

Mañana de miércoles 27 de octubre que se aventuraba tranquila y sólo con dos citas de relevancia política, por lo demás totalmente previstas de antemano. De un lado, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. La antesala, la cita con la prensa de ayer en Moncloa que, lejos de ser una rueda de prensa al uso, se constituyó en acto electoral del Partido Popular en sede oficial, como no hace tantas jornadas ocurrió en la sede de representación de la soberanía nacional, sin complejo alguno. De otro, la anunciada renuncia de Pablo Manuel Iglesias Turrión, máximo líder de Podemos, a su escaño europeo, para dedicarse de forma casi exclusiva a la campaña electoral. El cuarto de cinco eurodiputados que, electos en 2014, renuncia al escaño obtenido entonces, y el tercero que lo hace tras usarlo como trampolín hacia otras metas políticas (cosas de la casta, decían). Práctica decisión, dado que los esporádicos viajes a Estrasburgo dificultaban su actividad en los platós televisivos, su hábitat natural.

Pero el día amaneció con sorpresa y la media mañana la completó. Desde primeras horas del día, un contingente de más de 200 agentes de la Policía Nacional participaban en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra el clan de los Pujol, encabezado por el patriarca, Jordi Pujol Soley (Barcelona,1930), y que ha tenido como objetivo el registro de más de 15 inmuebles en Barcelona y en Madrid, incluyendo el domicilio familiar del matrimonio Pujol Ferrusola, en el que se encontraba su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, presunto cerebro gris del entramado empresarial de la familia. Un complejo que la misma UDEF y la misma Fiscalía define como grupo organizado. Una Operación Hades extendida a media mañana con registros en inmuebles de otras personas del entorno de los Pujol, incluyendo a dos directivos del Fútbol Club Barcelona (como su vicepresidente, Carles Vilarrubí), o a la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès. Y era a esa hora cuando estallaba la segunda bomba informativa del día.

No creo en las casualidades. Si bien en la hoja de ruta soberanista era previsible, como exigencia de las CUP, dar aldabonazo de salida al proyecto de independencia con una declaración solemne, estoy convencido de que los sucesos policiales de la mañana han determinado el adelanto del registro de la iniciativa de Junts pel Sí y de las CUP para el inicio del proceso de constitución de un Estado catalán con la forma de república. Hay quien opina, no obstante, que es la prevista convocatoria electoral la que determina el momento de la introducción de la iniciativa. Exigencia de unas CUP, por cierto, de opinión muy variable. Sólo un par de jornadas después de las elecciones del 27-N, Antonio Baños determinaba que la Declaración Universal de Independencia iba ligada al plebiscito: no hemos ganado el plebiscito, luego no hay DUI. Como variable y sorprendente es la actitud de ERC, formación que está en el origen de algunas de las más destacadas denuncias por corrupción y que estableció taxativamente en su día la máxima de que el proceso soberanista, en ningún caso, serviría para garantizar la impunidad de los presuntos corruptos.

La reacción del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha sido en esta ocasión más rápida de lo que acostumbra  por su dontancredismo político pero, una vez más, a palos. Ha sido el líder de la oposición, Pedro Sánchez, el encargado de contactar con Presidencia del Gobierno para recabar un intercambio de impresiones ante la gravedad de la iniciativa. Se desprende de ello un carácter pretendidamente consensuado de la intervención presidencial de las 14:00 horas. Consta el contacto también con Albert Rivera en calidad de líder del principal partido constitucionalista de Catalunya tras los comicios de septiembre. La reacción no difiere de lo esperado en Rajoy, esto es, una declaración llena de lugares comunes, si bien la rapidez de la convocatoria creó expectativas sobre una actuación contundente. Suenan de fondo los acordes del artículo 155 de la Constitución, aplicable incluso con las Cortes Generales ya disueltas, a través de la Diputación Permanente. El presidente advierte que el Estado no renunciará al uso de ninguno de los mecanismos políticos y jurídicos de los que dispone en defensa del país y del cumplimiento de la ley y la Constitución … El gobierno garantiza y garantizará que no van a lograr sus objetivos y que de ser aprobada (la DUI) no surtirá ni uno de sus efectos. Moderación y sentido de Estado en las reacciones de Ciudadanos y de Partido Socialista. El principal partido de la oposición compromete una línea directa de comunicación con el Gobierno de España, mientras que Sánchez reitera la vía a seguir en un tema en el que hasta la hora presente no ha existido sintonía: ley, diálogo y política como metodología.

Rajoy, ni que decir tiene, ha perdido una vez más la ocasión de responder con altura de miras. Ha renunciado al contacto con los demás partidos de ámbito nacional con representación parlamentaria, como son Izquierda Unida (que se ha declarado en contra de la DUI por medio de su candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón) ni con UPyD. Por supuesto, ausencia de contactos con Podemos, la otra fuerza política emergente. El presidente debiera haber convocado, conocido el registro de entrada de la propuesta de Junts pel Sí y CUP, a todas estas fuerzas de ámbito nacional para consensuar una respuesta institucional o, al menos, establecer ese canal de comunicación que exigen las circunstancias. Como en otras ocasiones, la tentación electoralista prima sobre otras consideraciones de interés general.

Estamos ante una cortina de humo en la que existe una retroalimentación entre el corpus soberanista y los posicionamientos del Partido Popular. Los independentistas juegan a la provocación conscientes de que la gran mayoría de los movimientos de Madrid les vestirán con la túnica del victimismo, mientras que a una parte del independentismo, la convergente, le sirve para justificar como persecución política la investigación de sus responsabilidades penales por corrupción y sus responsabilidades políticas por su nefasta gestión en la Comunidad Autónoma de Catalunya. Rajoy y los populares encuentran un soplo electoral de aire fresco que les permite visibilidad como defensores de la unidad de la nación en peligro y deja en un segundo plano su no menos nefasto balance de legislatura. Un papel en el que el Partido Popular se mueve como pez en el agua. Nadie hablará en los días sucesivos sobre sus incongruencias, sus mentiras y en el mejor caso medias verdades, ni del intento de asear una legislatura para olvidar. Se hablará del punto de no retorno en el conflicto catalán.

Somos muchos los que hemos defendido y defendemos una vía política y de diálogo posibilista que huya tanto del inmovilismo como de la vulneración de los mecanismos del Estado de Derecho. Que huya de la irresponsabilidad de quienes han hecho bandera de la crispación, el enfrentamiento y la catalanofobia (ahí está el impagable precedente del Estatut), pero también de la vía hacia ninguna parte de los que prometen paraísos artificiales para que los árboles no dejen ver los paraísos fiscales. Desgraciadamente, como bien señala el maestro Iñaki Gabilondo, el soberanismo ha superado ya cualquier punto de encuentro y tiene claro el punto hacia el que se camina y al que se pretende llegar, en una situación de muy difícil marcha atrás. Vamos a la confrontación definitiva, y las Elecciones Generales (aunque su resultado puede ser modulado por este órdago a la grande) no van a cambiar, como también afirma Gabilondo, en gran medida el paisaje. No es fácil una salida pactada una vez llegados a la vía del maximalismo de las posturas. Hemos llegado al momento en el que unos no pueden dar ya marcha atrás por las expectativas creadas, mientras que en la acera de enfrente no se puede renunciar al ejercicio de los instrumentos que legítimamente les dotan para la defensa de la legalidad.

En un mañana más o menos lejano la historia pedirá responsabilidades, pero ello no servirá como lenitivo para los costes impresionantes que, a día de hoy, ya se están pagando. No serán menores, pero el humo no las deja ver. 

 (*) El disparate jurídico constitucional que supone una DUI es palmario. Creo que hasta los promotores lo saben. Las reflexiones jurídicas de José Martín y Pérez de Nanclares desde el Real Instituto Elcano, con fecha 24 de octubre, hace tres días solamente, son la mejor argumentación en este sentido que he leído en mucho tiempo. Un escenario político jurídicamente inviable.  

(*) Esta crisis reagudizada muestra de nuevo la poca entidad de la oferta política de Podemos. Empezando por el apoyo a la sectaria Carme Forcadell como presidenta del Parlament con la excusa de que hay que dejar funcionar a las instituciones y gobiernos (argumento que no valió en Andalucía ni en Asturias), perdiendo la oportunidad de introducir un elemento de conciliación en un puesto que lo requiere, y acabando por su postura difusa sobre el derecho a decidir, mezclado en un totum revolutum con su discurso sobre un nuevo proceso constituyente hacia un lugar que ni ellos conocen.