La constante

Aitor Riveiro

Ayer el Parlamento dio su visto bueno al decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que supone un recorte de 65.000 millones de euros para la economía española en los próximos dos años. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha visto obligado, como ha reconocido el propio presidente, a tomar unas medidas que, todavía hoy, se van desgranando, dada la opacidad informativa con la que se ha tramitado.

La imposición viene de Europa. Dijera lo que dijera Rajoy, el rescate a la banca española tiene costes macroeconómicos, como no podía ser de otra manera. Máxime cuando en la letra pequeña de dicho rescate se contempla que España podrá recurrir al fondo de 100.000 millones que la UE ha puesto a nuestra disposición para comprar deuda española tanto en el mercado primario como en el secundario, uno más de los cinco documentos que el Gobierno ha olvidado comunicar tanto a los representantes de los ciudadanos en las Cortes como a la propia ciudadanía.

En último término, de eso se trata: de una crisis de deuda. Está ya explicado que la tormenta financiera de 2008 devino en una crisis de deuda pública en la que aún están inmersos, junto a España, otros países del euro.

En el momento en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendía en la tribuna del Congreso los recortes, el Tesoro subastaba hasta 3.000 millones en obligaciones a cinco años: pagó el tipo de interés más alto en 17 años, no logró colocar el 100% de la deuda y la prima de riesgo sobrepasó los 580 puntos básicos, colocando el bono a 10 años en el mercado secundario por encima del 7%.

Esta situación es insostenible en el tiempo. Ningún país puede financiarse en estas condiciones; mucho menos un país con un 25% de paro y la perspectiva de que en 2013 la economía continuará en recesión.

Y los mercados no solo no reaccionan a los programas impulsados por el Gobierno y Europa, sino todo lo contrario, pese a que el Gobierno ha utilizado una de las últimas balas que tenía y buena parte de las medidas ayer aprobadas afectan muy seriamente a los empleados públicos: centenares de miles de personas se manifestaron anoche por toda España para mostrar su rechazo a las medidas, con los funcionarios como abanderados de las marchas.

Así, tenemos un recorte impuesto que nos empuja impepinablemente a una prolongada recesión, un país sin capacidad de financiarse en los mercados y una calle encendida a cuyo fuego se suma ahora la gasolina de los funcionarios, totalmente ajenos como colectivo a las protestas hasta ahora, excepción hecha de profesores o servicios sanitarios en alguna comunidad autónoma muy concreta.

En este contexto, ¿cuál es el futuro del Gobierno de Mariano Rajoy? Incierto, cuando menos. Las opciones son escasas. O los mercados sueltan la presa y permiten al Estado financiarse a unos tipos asumibles o España será intervenida por la Unión Europea. No hay más alternativas.

En el primero de los casos, el ‘positivo’, el Ejecutivo recibiría una bocanada de aire fresco para, a continuación, continuar con la lucha: 25% de paro, caída del PIB, un otoño caliente con huelgas varias (algunas ya convocadas, como en el País Vasco),… El escenario es tremendo para un Gobierno desgastado y conocedor de que no va a poder enarbolar una recuperación económica que no se va a producir bajo ningún concepto, si atendemos a las previsiones de los organismos nacionales e internacionales.

En el segundo escenario, todo es peor para el Gobierno y para España. La intervención no es solo un golpe a la soberanía nacional, sino una declaración solemne de la incapacidad de nuestros gobernantes y agentes sociales. No hay más que mirar qué ha ocurrido en los otros países rescatados.

Sea como fuere, y no queda mucho tiempo para que lo veamos, hay que tener en cuenta un elemento tangencial pero de vital importancia: la obcecación de los gobernantes por gobernar; la querencia de los políticos a mandar; la inercia del Gobierno, y de sus componenetes, a mantenerse. La naturaleza humana es así y es harto complicado apartarse voluntariamente de donde tanto ha costado llegar. Vale también para la oposición. Y para los gobiernos autónomos. Y municipales. En cualquier ecuación sobre el futuro del Gobierno (de los gobiernos) hay que tener en cuenta esta constante. El último ejemplo lo podemos encontrar en mayo de 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió aprobar un ajuste de 15.000 millones, enmendarse a la totalidad a sí mismo y no convocar elecciones, con el resultado de sobra conocido.