La casta política como excusa

 Jon Salaberría

Cuando nos encontramos en la recta final de la campaña electoral para las Europeas 2014, y habiéndose agotado ya el plazo legal para la publicación de encuestas de intención de voto, de todas las publicadas se desprende un dato casi unánime, y no es precisamente el de la previsión de un claro ganador de entre los dos (hasta ahora) grandes partidos ni el de la mayor o menor eclosión de nuevas formaciones como determinante de la derrota del bipartidismo. El dato unánime es el de la elevada abstención que se prevé este próximo domingo 25 de mayo. Usando los datos de una de ellas, la última, Celeste-TEL para eldiario.es, una previsión del 60,3% de abstención supondría una caída cercana a los 6 puntos porcentuales respecto a las Europeas 2009, y nos situaría en la participación más baja en toda la historia de la moderna España democrática.

 Esta circunstancia, esta certeza que algunas formaciones políticas tratan de revertir con pocos visos de éxito en las últimas jornadas de campaña, es la que seguramente determinará el resultado final: fundamentalmente el Partido Popular, que a pesar del hundimiento en intención de voto previsto mantiene una buena capacidad para movilizar y/o fidelizar a un porcentaje importante de su suelo electoral, podría encontrarse con una victoria más o menos pírrica que, en cualquier caso, servirá para justificar a efectos de consumo interno su ejecutoria en la gobernación nacional desde fines de 2011 y dará legitimidad para sacar del cajón las últimas y más polémicas iniciativas que mantiene escondidas hasta que pase la tormenta electoral: en materia social, la reforma sobre interrupción voluntaria del embarazo; en materia de derechos fundamentales, la reforma sobre seguridad ciudadana; en el horizonte general, la posibilidad de nuevos recortes presupuestarios que supongan sacrificios adicionales a los que ya se han asumido por la ciudadanía.

 Por supuesto, el hecho que la abstención determine, module o influya en mayor o menor grado en el resultado que arrojen las urnas, otorgando mayor premio que sanción a la gestión política digna de crítica, es uno de los signos más evidentes de lo que es una auténtica patología democrática, pero quizá sólo uno de los menos lesivos. Muchas más consecuencias se podrían derivar de la misma, a mucho más largo plazo, y con consecuencias determinantes de la continuidad del mismo proceso democrático. La búsqueda de razones para la explicar un desinterés tal que lleve a más del 60% de los potenciales intervinientes en un proceso electoral a desvincularse del mismo dan para una auténtica tesis doctoral, y de hecho, tanto nuestros sociólogos de guardia como la opinión publicada generan ríos de tinta en estas horas finales de la carrera a las urnas, con valoraciones y razonamientos que superan con creces el horizonte, cortísimo, del domingo europeo. Sin duda, la abstención es una manifestación de un fenómeno más profundo, coincidente con el descrédito que lo político sugiere a un ciudadanía que no ve en ese ámbito la solución de los problemas gravísimos a los que tiene que enfrentarse en el día a día. Más bien, encuentra en el ámbito de la política un problema añadido a sus preocupaciones, cuando no la convierte en una de las más graves. El inmovilismo de las organizaciones políticas tradicionales (sálvese quien pueda), que siguen sin ser conscientes de la realidad de la calle y que no han hecho el esfuerzo suficiente para ponerse a la altura de las demandas ciudadanas para dar cauce renovado a la participación política, es otro factor a sumar en este cuadro de situación. Se sigue sin ser consciente de la gravedad y de que se pierde un tiempo precioso. Demasiada y equivocada fe en las concepciones pendulares de la percepción ciudadana. Demasiado dejar pasar el tiempo para que escampe.

 A la responsabilidad obvia de las organizaciones políticas en la búsqueda de soluciones, podemos unir el esfuerzo de otros posicionamientos que tienen poco que ver con la ineficaz re-situación de los actores del proceso democrático. Posicionamientos que, directamente, alimentan la deslegitimación de la política y del proceso democrático que, a pesar del momento de descrédito justificado que vive, es el ámbito natural en el que se encontrarán soluciones a los problemas sociales que nos atenazan en esta crisis inacabable. Deslegitimación que no viene acompañada de alternativas democráticas y realistas, pero que sin embargo sí que conlleva todo un arsenal de acusaciones generales, de caza de brujas, de puesta en marcha del ventilador, y que afecta a todos los ámbitos del universo de la política, arrojando la sombra de la corrupción sobre el mismo. No cabe duda de que son, igualmente, los equipos dirigentes de los partidos los primeros responsables de no haber sabido atajar dos asuntos que han preocupado e indignado a la ciudadanía: el de la corrupción política (incapacidad de aislar y combatir los comportamientos ilegales/irregulares), y el de la existencia de determinadas dotaciones económicas (por llamarles de alguna manera) inherentes a algunos cargos electos o institucionales, que son de difícil comprensión en unos casos y directamente injustificables en otros. Pero ello ha alimentado el concepto, el término, el latiguillo… y las tóxicas consecuencias de su irrupción en el debate político: la casta.

 Son numerosos los protagonistas del mundo de la opinión que vienen desarrollando, recreando, enriqueciendo y usando el concepto de forma insistente desde los albores de la crisis, cuando tanto ellos/as como dirigentes de formaciones de nuevo surgidas al calor del problema territorial vasco-catalán y de los últimos estertores del terrorismo etarra (pongamos que hablo de C’s y de UPyD) señalan la existencia de una pretendida clase política ajena al corpus electoral, a la ciudadanía, que construye a su medida un mundo de privilegios (con el coste que presuntamente supone) y, en la dejación de principios, es responsable de la crisis en todas sus dimensiones; una crisis que, lejos de ser solamente económica, lo es sistémica. Lo es patriótica. Es la insistencia en la idea de crisis institucional que ha sustentado el discurso político de Rosa Díez desde que en los tiempos de la rebelión cívica comenzara a soltar lastre de décadas de militancia y ejecutoria política en las filas del PSOE para iniciar, ex novo, una aventura política diferenciada. Es la insistencia en el problema de la disgregación territorial y el enfrentamiento al nacionalismo que impulsa la creación, antes, de Ciudadanos. Por supuesto, es la idea que llena miles de páginas, monografías y horas de tertulia desde antes de 2007. Por poner un  ejemplo, el libro de Daniel Montero, “La casta” (La Esfera de los Libros, 2009) se convirtió en un ágil manual (con ejemplos contrastados y gráficos) para la identificación de esos individuos integrantes de una clase política (como eufemismo de casta) especializada en el disfrute, distribución y reparto de recursos públicos inherentes a cargos en las Administraciones (muchos de ellos presuntamente prescindibles o redundantes), cuando no en la recepción de beneficios a través del universo de las adjudicaciones: los lazos con la corrupción. Un análisis de lo que el autor llama “el precio de la democracia”. A partir de premisas así, se ha definido un estereotipo de político profesional que vale lo mismo para un roto que para un descosido. Y las afirmaciones, con jactancia que sustituye a la verificación de los datos, corren a la velocidad de la luz. Datos en torno a retribuciones, pensiones, indemnizaciones, comisiones e incluso en torno al mismo número de políticos profesionales… determinan una reacción de natural indignación.

 Lo realmente irresponsable está en el uso que los actores del mismo juego político hacen de esta estrategia. En esta campaña electoral, no sólo las formaciones equidistaníes  antes señaladas, como UPyD y C’s, hacen uso del que se ha convertido en recurrente tópico. También se dejan llevar del mismo algunas de las formaciones de nuevo cuño, como Podemos, y lo que es más grave, algunos dirigentes de formaciones como IU que, a sus años de tradición electoral (desde los ochenta del pasado siglo) unen su experiencia de gobierno y responsabilidades de gestión en numerosas Administraciones Públicas. No sé si conscientes o no sobre el discurso sobre la casta política que formaciones como España en Marcha (coalición de extrema derecha) o Vox (pretendida escisión del Partido Popular que centra su discurso en la unidad territorial y la desaparición de las autonomías) mantienen a lo largo de la misma campaña. La criminalización de la mal llamada clase política ocasiona mayor desinterés ciudadano sobre los asuntos (públicos) que le son propios; asuntos que a su vez determinan sus vidas. Coadyuvan a los intereses reales de grupos muy concretos y minoritarios a los que unos mayores niveles de participación política ciudadana (que conllevan mayor control sobre la esfera pública). Y, finalmente, abren un horizonte muy turbio en torno a la alternativa que podría sustituir a nuestro actual proceso democrático.

 Las verdades absolutamente catedralicias propaladas en torno a una casta política vinculada por privilegios no puede ser la excusa para la abstención. El ciudadano / la ciudadana debe ser consciente que el ejercicio del derecho de sufragio activo es una llave poderosa que abre puertas de solución a sus preocupaciones, desde las más inmediatas a las más sistémicas. Y es obligación de las fuerzas políticas democráticas hacer un ejercicio responsable de llamar a la participación, en primer lugar, y posteriormente al acto del voto, trabajar para ensanchar los espacios de participación, función que debería ser inherente a la propia noción de partido-organización que se presumen que deben tener. Superando, en cualquier caso, los cálculos cortoplacistas y el interés más inmediato. En ello está el futuro y la viabilidad de la democracia parlamentaria como el más práctico (si no el más perfecto) sistema de organización de la convivencia. Por supuesto, perseverando sobre valores, que son los que interactúan entre sociedad civil y organización política como partes de un mismo ente. Con Ramón Cotarelo, desmitificar la idea de casta porque “la corrupción de los políticos no es un problema de técnica ni estructura electoral, sino de educación, de cultura política y, sobre todo, de acción social u opinión pública”.