La borrachera de gasto público

David Rodgriguez 

El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante el debate para defender el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017, ha pronunciado una gloriosa frase que pasará a la historia del pensamiento económico español: “Venimos de una crisis por una borrachera de gasto público”. Por una vez, y sin que sirva de precedente, coincido con la afirmación del señor ministro, aunque mucho me temo que tal vez no estaremos muy de acuerdo en la argumentación que voy a proporcionar a este respecto.

Efectivamente, ha existido una borrachera de gasto público en lo que hace referencia a las ayudas a la banca privada española. Según datos ofrecidos por del Banco de España en 2016, en su actualización de las ayudas públicas que el Estado otorgó al sistema financiero, se afirma que las arcas públicas aportaron al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) la friolera de 53.553 millones de euros desde 2009. De esta cantidad, sólo se han recuperado 2.686 millones, menos del 5%. Sin lugar a dudas, los dirigentes de la banca española sí que se han podido ir de copas en numerosas ocasiones con semejante cantidad de aportaciones. De todos es sabido que desde el estallido de la crisis se ha producido una socialización progresiva de la deuda privada en nuestro país, y esto ha supuesto sin duda una grave limitación a la hora de implementar los presupuestos públicos.

En segundo lugar, hemos de hablar del gasto fiscal, es decir, de la cantidad de dinero que deja de recaudarse a causa de las deducciones tributarias. Según datos de los mismos Presupuestos del Estado de 2016 y de los presupuestos de las autonomías, España deja de ingresas más de 51.000 millones de euros por este concepto. De hecho, las desgravaciones y exenciones tributarias equivalen al 25% de la recaudación total. Según ha señalado el mismo Montoro este mes de enero en la Comisión de Hacienda del Congreso, las grandes empresas tributan por Impuesto de Sociedades al 7%, “menos que cualquiera de nosotros”. El asunto es grave si tenemos en cuenta que el tipo nominal de este impuesto está en el 25% (cinco puntos menos que hace unos años). Por lo que hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, el tipo efectivo alcanza el 18%, en un claro ejemplo de la enorme regresividad existente a la hora de su recaudación.

En tercer lugar, estaría bien hacer un apunte sobre el fraude fiscal, que por la vía de reducción de los ingresos también ocasiona una importante merma de nuestros recursos. Según datos del el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el impacto de dicho fraude asciende a los 59.500 millones de euros anuales, una cantidad equivalente al gasto sanitario anual en el país. Además, el mismo sindicato acaba de denunciar que más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015 por la Agencia Tributaria (AEAT), por lo que no parece que se dediquen demasiados esfuerzos al combate de esta lacra. No es extraño si recordamos, por ejemplo, la amnistía fiscal que hace unos años aprobó el gobierno del PP.

En conclusión, estoy de acuerdo con nuestro ministro en que el gasto público ha padecido de graves excesos alcohólicos. Pero no ha sido a causa del gasto social, que está claramente mermado en comparación a los países de nuestro entorno, sino por efecto de las indecorosas ayudas que, de manera directa o indirecta, recibe el sistema financiero, las grandes empresas y las clases más pudientes. La situación presupuestaria española es delicada, pero no por el calimocho o la cerveza que consume el pueblo llano, sino por las bebidas espirituosas de importación situadas en los despachos de los altos ejecutivos.