Barañain

Desconfío de las movilizaciones sociales que tratan de integrar a todos los sectores políticos y sociales, en torno a la bandera patria, para defenderse frente a una supuesta agresión exterior e invocando agravios comparativos.  Más aún, si la pretendida agresión consiste en la aplicación de una norma que a sabiendas se estaba infringiendo y si procede de un árbitro que no hace más que cumplir su deber. En este caso, es el sector naval el que llama a cerrar filas contra esa Unión Europea que nos maltrata y el árbitro es su Comisario de la Competencia, que da la casualidad que es español: Joaquín Almunia. Un tipo serio.

El detonante  esta vez ha sido la decisión de Bruselas de abrir un expediente a España al considerar ilegales –porque vulneran la igualdad competitiva-, las subvenciones que se han venido concediendo en nuestro país a la construcción naval. El espectáculo es único: empresarios, sindicatos, gobierno central y autonómicos afectados, medios de comunicación, todos a una, alertando del desastre que se cierne sobre el sector naval español si Bruselas sigue adelante con su exigencia de hacer cumplir la normativa comunitaria que todos ellos sabían que se estaba incumpliendo. No es frecuente ver compartiendo mesa y plataforma reivindicativa al lehendakari vasco con los presidentes gallego y asturiano y el gobierno central, ni a los sindicatos de la mano de armadores e inversores. Todos unidos en el papel de víctimas inocentes.

Al resto de los ciudadanos, esta movida nos ha permitido conocer que ese ya pequeño sector industrial recibe unos 500 millones de euros anuales en forma de desgravaciones fiscales. Estas subvenciones suponen el 30% del valor del buque, cuando la normativa europea solo permite subvencionar hasta un máximo del 20%. Desde 2005 se sabía que el sistema español de ayudas era ilegal, porque en esa fecha Bruselas ordenó eliminar el sistema francés que era muy similar al español. Entonces, en Francia, se redujeron las subvenciones a un 20% del valor del buque, pero aquí se prefirió seguir “ordeñando la vaca”. Si no hay arreglo, el resultado del expediente será la devolución de 2.800 millones de euros -importe de las ayudas concedidas a partir de 2005-,  lo que podría suponer la defunción de un sector ya agónico.

Al margen del desenlace que tenga el asunto y deseando, por supuesto, lo mejor para nuestros astilleros el episodio sugiere algunas reflexiones. Las primeras tienen que ver con la poca claridad a la hora de plantear el problema. Como siempre que ocurre una cosa de estas, para dramatizar más la repercusión que tendría la devolución de esas ayudas y bonificaciones presuntamente ilegales, desde el sector se inflan las cifras recordando que de los salarios de la construcción naval viven también los comerciantes, la hostelería y los servicios. Y así, es fácil leer que “se ponen en peligro 87.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, cifra a la que se llega por cálculos tan desconocidos como inverosímiles, pero que, una vez lanzada con desparpajo, circula como si de una evidencia se tratara. En el mismo periódico en el que leo el domingo esa cifra, en la misma edición y justo en la siguiente página, leo que, según otra fuente, este sector – ya en notable declive desde hace años, incapaz de soportar la competencia asiática-, sólo da empleo a unas 25.000 personas en toda España, contando astilleros y empresas auxiliares, aunque su peso se nota aún en Galicia (Vigo y Ferrol) y alguna zona concreta de Asturias y País Vasco.  O sea que, de entrada, desconocemos cual es la entidad real del problema (en cuanto al empleo, al menos).

La intuición o una cierta desconfianza hacia los cálculos tremendistas con que se nos llama a cerrar filas, hacen que me fíe algo más de esa segunda cifra. Si es así, el cálculo es sencillo: lo que se cuestiona es una subvención (al margen de otras ayudas que existen) de unos 20.000 euros por empleo al año. Pero esto lo hemos sabido ahora gracias a la denuncia tramitada por el comisario europeo de la competencia, porque de estas cosas, en este país nuestro tan poco proclive a la transparencia, no se discute en público y el dato no es fácil localizarlo, ni escudriñando en los presupuestos.

No es el primer caso en que un entramado de ayudas ocultas u opacas, se viene abajo por la denuncia ante Bruselas de empresas que se consideran perjudicadas. En este caso, los denunciantes han sido astilleros holandeses, noruegos, portugueses, etc. Tampoco es la primera vez que el lío se zanja sin que se depuren responsabilidades a quienes han creado o consentido esa situación, pese a que  la  Comisión Europea ha repetido en numerosas ocasiones que no aceptará componendas que disfracen ayudas públicas. Lo que sí es llamativo en esta ocasión es el frente patriótico y su rápido consenso a la hora de descargarse responsabilidades: ellos –nos cuentan-,  creían que las subvenciones públicas eran legales, aunque, eso sí, reconocen que no fueron comunicadas a las autoridades europeas (¿por qué sería? ¿por despiste?).  

Finamente, una editorial de El País explicaba que lo sucedido  “es un ejemplo perfecto de la distancia que media entre los principios teóricos y las decisiones políticas que adoptan los Gobiernos europeos para sostener subrepticiamente el empleo, en particular en los mercados más afectados por la recesión”. Porque, y ese es el argumento principal del frente patriótico naval, esto ocurre en todos los países de la eurozona: “la diferencia está en que en Francia, Alemania o Italia las aplicaciones públicas se protegen detrás de normas sofisticadas; y si hay denuncia contra decisiones francesas o alemanas, la burocracia comunitaria suele apañárselas para embarrar el campo y dilatar las sentencias”. No sé si es peor hacernos pasar por tramposos o por pardillos. El caso es que el del agravio comparativo es un argumento que nunca falla.

La otra gran cuestión que queda en el aire es si el mejor destino posible de esos 3.000 millones de euros era la subvención de la construcción de barcos –alargando la agonía de un sector sin futuro-, o si, en esta situación crítica que vivimos, sería mejor invertir esa cantidad  en nuevas actividades productivas con futuro. ¿Sería  mucho pedir que fuera eso, en un futuro, lo que centrara el debate nacional?  Ahora mismo, lo entiendo, lo que toca es ver cómo salen del atolladero los tramposos. Lo urgente prevalece sobre lo importante. 

Mañana, 11 de julio, está prevista una reunión entre Almunia, el Comisario de la Competencia, y una delegación española que encabezará el ministro Soria. La solución final, el 17 de julio.