Intervencionismo económico

Miguel Sebastián

No resulta extraño escuchar voces que piden la intervención del gobierno para atajar problemas económicos como la escalada de los precios, la caída del poder adquisitivo de los salarios o la subida de las hipotecas. Hemos oído a políticos “liberales” exigir controles de precios ante la subida de algunos alimentos básicos y hemos visto a presidentes autonómicos “liberales” abrir más canales de televisión pública. También algunos empresarios exigen la intervención pública, las llamadas “ayudas”, cuando sus negocios flaquean o sus monopolios peligran. Pero, en general, ha calado en la opinión pública la idea de que el intervencionismo gubernamental en la economía no es bueno. Comparto plenamente esta idea y me alegro de vivir en un país donde la gente piensa así. Pero el intervencionismo, como casi todo en economía, es un concepto relativo, no absoluto, y la cuestión es si hay ahora más o menos intervencionismo del que había hace 4 años.

En un debate reciente de la televisión pública madrileña se afirmó, sin posibilidad de réplica, ni siquiera un teléfono de “aludidos”, que el gran problema de nuestra economía es el intervencionismo del gobierno Zapatero, canalizado a través de la maligna Oficina Económica del Presidente (OEP).

¿Podemos presentar indicadores desapasionados que midan el grado de intervencionismo y evaluar si éste ha ido a más con el gobierno socialista?

Lo primero es definir el “intervencionismo económico”. Desde luego, si se trata de ayudas ilegales, no hay color. Tómese el caso de Izar, los astilleros públicos, que en 2004 tenían 164 millones anuales de pérdidas y 4 expedientes abiertos por la CE a España por ayudas públicas no permitidas. Hoy es una empresa reestructurada, nueve astilleros en la empresa de construcción militar Navantia con una importante cartera de pedidos y el resto, astilleros civiles privatizados. No ha vuelto a haber procedimientos de sanción de la Comisión Europea a España por ayudas ilegales a empresas.

Si se trata de la transparencia, económica o estadística, tampoco hay comparación. Lejos quedan las indicaciones del malestar gubernamental dirigidas a los máximos directivos de las empresas donde se ubican los servicios de estudios. Como responsable de uno de esos departamentos, recibí varias quejas verbales y escritas, provenientes de Moncloa y del Ministerio de Economía cuando no gustaban nuestras predicciones. ¿Se imaginan Vds. si hoy un responsable del gobierno socialista enviara una misiva de esas características a una empresa por publicar una previsión económica discrepante de la del gobierno? También han aflorado muchas estadísticas que antes no existían y que permiten un mejor análisis económico, como las de ventas, empleo y salarios, las de aduanas, la muestra de vidas laborales o declarantes de IRPF, ahora disponibles en fecha determinada y con acceso a través de Internet. Y por primera vez se ha presentado un programa de reformas discutido con los interlocutores sociales, comunidades autónomas y el parlamento con objetivos explícitos, indicadores de seguimiento públicos, evaluación independiente y rendición de cuentas anual: el Programa Nacional de Reformas, máximo exponente de la transparencia en política económica.

Finalmente, el intervencionismo en las empresas. De nuevo, es difícil encontrar indicadores objetivos, pero presentaré tres. El primero, el número de cambios de presidentes de grandes empresas como consecuencia de cambios de gobierno. Desde abril de 1996 a noviembre de 1997, cambiaron 9 presidentes de grandes empresas: Argentaria, Repsol, Telefónica, Tabacalera, Iberia, Aldeasa, CajaMadrid, Endesa y Aceralia. Desde abril de 2004 a noviembre de 2005 sólo cambió uno, el de Repsol. En los nombramientos de consejeros, también es llamativa la diferencia. Al año de la llegada del PP al gobierno cambiaron 230 consejeros. La rotación en las empresas ha sido la mitad con el gobierno del PSOE. Recuerdo, siendo responsable de la OEP, recibir la visita del presidente de una gran empresa que pretendía comunicarme los cambios que iba a hacer en su Consejo de Administración. “Guárdate el papel, lo que hagas estará bien”, le repliqué. Había doble perplejidad. Por mi parte, porque no daba crédito de que se acostumbrara a comunicar al gobierno dichos cambios. Por la suya, porque veía que por primera vez algo empezaba a cambiar en este país.

En cuanto a “operaciones empresariales”, no creo que ningún gobierno las organice, instando a una empresa a gastar miles de millones de euros en una toma de posición u oferta de adquisición. Por ello, cuando se habla de “intervencionismo”, nos debemos referir necesariamente a la prohibición de operaciones. Durante el gobierno del PP se prohibieron 6 grandes operaciones empresariales: Endesa/Gas Natural (1999), Endesa/Iberdrola (2000), Salcai/Utinsa (2000), U.Fenosa/Hidrocantábrico (2000), Iberdrola/Berruela (2001) y Gas Natural/Iberdrola (2003). Con el gobierno socialista no se ha prohibido ni una sola operación empresarial.

Estos son datos objetivos, contrastables y cuantificables. Todo lo demás son chismes, calumnias y leyendas. Y, a veces, contradicciones. Cuando la operación de Enel/Acciona sobre Endesa yo ya no era responsable de la malvada OEP, por lo que hablo como observador externo. El ex presidente de la CNMV dijo que hubo trato de favor a Enel/Acciona por parte del Gobierno socialista. Y la Comisión Europea ha abierto esta semana un expediente al gobierno por unas condiciones “excesivamente duras” a Enel/Acciona en su intento de toma de control de Endesa. ¿En qué quedamos? ¿Trato de favor o condiciones duras? ¿Hay algún experto en paradojas dispuesto a explicar ésta? Igual es cosa de “brujería”…