Intervención sí o sí

LBNL

Entiéndaseme bien. En modo alguno estoy a favor de la intervención de España por parte de la UE y el FMI. De hecho creo que sería desastrosa, para nosotros y para toda Europa. Lo único que digo, y lo siento porque no me gusta nada ser agorero, es que España va a ser intervenida, quizás tan pronto como dentro de un par de semanas aunque más probablemente dentro de unos cuantos meses, pero lo será, como intuye el 62% de los españoles. Lo peor es que la intervención es perfectamente evitable. Y nos dará todavía más rabia cuando veamos a los líderes europeos hacer mal y tarde lo que habría hecho falta para evitarla. Lo cual podría llevar a sospechar si no responderá todo a una voluntad política pre-determinada.

Si quisieran evitar la intervención de España, podrían empezar esta misma noche, en la cena informal del Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas. Después de que Obama les haya leído la cartilla en la Cumbre del G8 del pasado fin de semana en Camp David, la Canciller Merkel podría dar su brazo a torcer y sumarse a un llamamiento claro y nítido de los representantes democráticos de la ciudadanía europea al Banco Central Europeo para que garantice la estabilidad financiera en los próximos meses y años, cueste lo que cueste.

Que el BCE compre deuda de los Estados Miembros en los mercados secundarios (los Tratados prohíben que la compre directamente), baja inmediatamente la prima de riesgo de España, Italia y los países ya intervenidos. De hecho, no tiene ni que comprarla; bastaría con que anunciara que lo hará, sin límite, cada vez que haga falta. El efecto disuasivo del anuncio pondría a los dichosos mercados en su sitio. Hasta ahora, en cambio, el BCE viene interviniendo de tapadillo, renqueante, y desde que Mario Draghi asumió el mando, ha optado por regar de liquidez a los bancos privados aceptando “activos tóxicos” de valor dudoso como garantía de préstamos ilimitados al 1% que, a su vez, los bancos usan para comprar deuda a sus respectivos Estados a tipos mucho más altos.

Esta opción ha aligerado la situación de los bancos pero no ha servido para abaratar suficientemente el coste de refinanciación de la deuda de los Estados. Comprar deuda de los Estados miembros es menos oneroso y, como ha reclamado Rajoy, lo más apropiado para atajar el problema más urgente, que no es otro que el de la inestabilidad financiera que amenaza con llevársenos a todos por delante.

Pero no. Merkel –y también Cameron- acepta ahora que la disciplina presupuestaria y los recortes que conlleva no nos sacarán de la crisis por sí solos. Su todopoderoso Ministro de Economía Wolfgang Schauble se ha mostrado incluso dispuesto a aceptar una inflación de hasta el 3 o el 4% en Alemania en beneficio del resto de la Unión. Pero hasta ahí pueden leer. No es sólo que teman –con razón- que la ciudadanía alemana les castigaría severamente en las urnas en septiembre del año próximo si van más allá. Es que, además, están convencidos de que el BCE debe seguir siendo completamente autónomo de los representantes de la ciudadanía y de que no debe apartarse de su mandato original de velar exclusivamente por mantener la inflación a raya.

En la cena de esta noche, Hollande insistirá en la necesidad de que Europa adopte medidas de estímulo económico de carácter “keynesiano”, es decir, que supongan una inyección real a la economía productiva. Descartados de momento los “eurobonos” por la férrea oposición de Alemania (Merkel los condiciona a un grado mayor de integración económica europea), que no quiere empeorar su privilegiada tasa de interés mezclándola con las de sus socios, una de las propuestas estrella será ampliar la capitalización del Banco Europeo de Inversiones con 10.000 millones de € del presupuesto de la Unión para que pueda financiar grandes proyectos en Grecia y otros países en dificultades, lo que ahora mismo no puede hacer so pena de perder su preciada triple A. Otra será la propuesta de la Comisión de lanzar los llamados “project bonds”, que con el respaldo de deuda emitida por los 17 países de la eurozona financiarían proyectos de infraestructura por toda la Unión. El otro Mario, Monti, apoyará la moción y posiblemente muchos otros, incluido Rajoy que prefiere no significarse tratando de que Merkel consienta que el BCE compre deuda española. Además, el Consejo Europeo abogará seguramente también por realizar reformas estructurales en algunos mercados europeos para generar crecimiento, como por ejemplo el del sector servicios de Alemania.

Ahora bien, incluso si hay consenso, ninguna de estas medidas será de aplicación a corto plazo. El Consejo Europeo volverá a reunirse a finales de junio para su adopción formal y posteriormente habrá que ponerlas en práctica, lo que llevará meses, y todavía habrá de pasar más tiempo hasta que empiecen a dar resultados sobre el terreno, es decir, a generar crecimiento económico y empleo.

Entretanto, España tendrá que seguir afrontando la refinanciación de su deuda a tipos de interés bastante más altos que los de los préstamos originales que debemos ir reponiendo a medida que van venciendo. Rajoy seguirá haciéndole la pelota a Merkel y Dragui intervendrá de vez en cuanto evitando que nuestro tipo de interés rebase el 6 o el 7%, nivel considerado unánimemente como insostenible. Pero no actuará con la decisión necesaria para que baje al 3 o al 4%. Por tanto, con cada subasta de deuda pública española nuestra solvencia irá empeorando, es decir, nuestra capacidad real de devolver lo que debemos. Y ello pese a que los recortes salvajes del Gobierno Rajoy y la reducción de importaciones por la crisis, están propiciando que España esté ya muy cerca del equilibrio por cuenta corriente, algo que se conseguirá a poco que baje el petróleo. Es decir, el Gobierno recorta para que no gastemos más de lo que ingresamos pero no conseguiremos equilibrar las cuentas nunca porque los intereses de nuestra deuda lastrarán nuestro maltrecho presupuesto cada vez más.

En cambio, si el Banco Central Europeo aceptara actuar como prestamista de último recurso, aunque fuera indirectamente, nos podríamos refinanciar al 3 o al 4%, con lo que ganaríamos tiempo para estabilizar nuestro sistema financiero y la causa principal de sus problemas: el mercado inmobiliario. Los proveedores de las administraciones públicas tendrían tiempo de cobrar sus miles de millones en facturas pendientes y dicha inyección de liquidez quizás estimularía nuestra economía lo suficiente como para al menos dejar de destruir empleo y salir, aunque sea nominalmente, de la recesión, quizás con la ayuda, para entonces, de los primeros efectos de las medidas de estímulo europeas.

Pero mucho me temo que Merkel no dará su brazo a torcer, con lo que este escenario se quedará en cuento de la lechera y seremos intervenidos. Que viene a ser lo mismo: nos prestan lo que necesitamos para refinanciar la deuda a un tipo de interés más asequible que el que nos ofrecen los malditos mercados. Pero no es igual porque a diferencia de la solución vía BCE, la intervención implica que el prestamista, en este caso la UE y el FMI, pasen a fiscalizar directamente nuestra gestión, asumiendo la soberanía de nuestra política económica.

En el caso de España, ello implica que los técnicos extranjeros decidan por nosotros cómo afrontar la devolución de la deuda externa española, esto es, de todo lo que debemos al exterior, que en estos momentos es alrededor del 160% del PIB, es decir, más de una vez y media de lo que producimos todos los españoles durante un año entero. Básicamente, de 2003 a 2008, las familias españolas, las empresas españolas y las entidades públicas españolas (la administración central sólo a partir de 2008 y por culpa de la crisis), se endeudaron hasta las cejas, duplicando lo que debían hasta entonces, bastante más allá de lo razonable. Lo malo es que los gestores extranjeros, lógicamente, anteponen la devolución a cualquier otra cosa, incluidos los servicios básicos de nuestro Estado del bienestar, lo que conlleva seguir recortando gastos en salarios, sanidad, educación, pensiones… Se les pone al mando precisamente porque no atienden a otros criterios que los puramente técnicos y ni por asomo estarán dispuestos a, por ejemplo, retrasar el calendario de reducción del déficit, como propone Rubalcaba.

Ahora bien, siendo nuestro nivel de deuda conocida muy preocupante, el problema fundamental que nos aqueja es la incertidumbre sobre la deuda del sector financiero por su exposición, absolutamente irresponsable, a la burbuja inmobiliaria. Según las estimaciones publicadas ayer por el Instituto Internacional de Finanzas las pérdidas de la banca española por el ladrillo podrían llegar hasta los 260.000 millones de euros, lo que implicaría la necesidad de una inyección de capital extra de alrededor de hasta 60.000 millones de euros si se asumen unas provisiones de 190.000 millones de euros. En realidad, esto supone sólo un 5% del PIB, lo que es bastante pero no desesperado. El problema es que las estimaciones no pasan de ser precisamente eso, estimaciones, como también lo serán las de las firmas independientes escogidas por el Ministro de Economía para tratar de insuflar certeza al análisis.

Las pérdidas reales de nuestros bancos y cajas dependerán de cómo evolucione la tasa de morosidad de los créditos concedidos a promotores y particulares para la edificación y compra de inmuebles. Dada la perspectiva de nulo o muy bajo crecimiento económico para los próximos años y el efecto contractivo sobre la economía de las medidas de ajuste, todavía más drásticas en caso de intervención, es lógico suponer que la morosidad seguirá aumentando más allá de lo previsto por los auditores. Por ello, los analistas financieros internacionales prevén que nuestras entidades financieras no podrán hacer frente por sí solas a los impagos y requerirán de más ayudas públicas, lo que a su vez repercutirá negativamente sobre el déficit y la deuda pública de España. De ahí que nuestra prima de riesgo país esté tan alta, muy por encima de lo que debería estar según la foto de hoy.

Y de ahí la imperiosa urgencia de que los líderes democráticos europeos ordenen al BCE poner remedio a la situación de la única forma que podría convenir a los intereses de todos, ciudadanía española y deudores internacionales al alimón. Pero no lo harán, al menos esta noche y tampoco pinta bien para su próxima reunión de finales de junio. Claro que, para entonces, habrá tenido lugar la repetición de las elecciones griegas (17 de junio) y quién sabe cómo evolucionará la situación si los griegos aúpan al frente del Gobierno a la izquierda encabezada por Siriza, que exige la renegociación del segundo paquete de intervención a Grecia, sin cuyos pagos no habrá dinero para pagar las nóminas públicas de junio.

Qué desastre, ¿no? Y mira que se lo está diciendo cada vez más gente: ¡ordénenle al BCE que evite el caos! Pero nada, erre que erre. Igual, como apuntaba al principio, es que precisamente se pretende la intervención de todas las economías “problemáticas”, es decir, forzar una integración económica europea real a las bravas. No tengo problema con la integración, es más, estoy muy a favor, especialmente teniendo en cuenta la inutilidad demostrada por los organismos supervisores españoles para evitar que llegáramos a donde nos encontramos. Pero claro, integración sí, al máximo, pero siempre que decidamos entre todos las políticas a seguir, no para aplicar sólo las que dicten Merkel y sus acólitos fundamentalistas de la ortodoxia liberal. Principalmente porque son gravemente erradas.