Internet se rebela

Aitor Riveiro

Zapatero defendió el pasado miércoles en el Congreso la futura Ley de Economía Sostenible (LES) cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros en su última reunión. Un proyecto de ley que incluye un caballo de troya en forma de disposición final (documento en PDF) que ha podido suponer, tal y como declaró un diputado socialista, su finiquito.

Dicha disposición final primera sirve para modificar otras dos leyes, la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI, de 2002), y la de Propiedad Intelectual, (LPI, refundida en 1996). La modificación de la primera supone que “la salvaguarda de los derechos de autor” se convierten en el quinto supuesto por el que una página ‘web’ puede ser bloqueada y clausurada; la de la segunda, que, en lo que respecta a ese apartado, será una “comisión” administrativa creada por el Ministerio de Cultura quien decidirá qué web se bloquea y cuál no.

Estas modificaciones suponen, de facto, eliminar la tutela judicial prevista en la Constitución Española, la cual recoge en su artículo 20.5 que “solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

El problema surge porque, hasta hoy, no existe en España ni una sola sentencia judicial que condene a ninguna página web o usuario por atentar contra los derechos de autor. Y no será porque los gestores de dichos derechos no lo han intentado en multitud de ocasiones: la SGAE, Promusicae, CEDRO y demás llevan años demandando a ‘webmaster’ sin conseguir que juez alguno les de la razón.

Las alarmas saltaron cuando diversos medios publicaron dichas modificaciones. Internet, al menos la española y parte de la extranjera, prendió y fueron decenas de miles los mensajes, foros, blogs y periódicos digitales que mostraron su indignación ante una medida que, en su opinión, torpedea uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la Red: la neutralidad.

El Ministerio de Cultura, ante el revuelo, convocó de un día para otro a una serie de “representantes” de Internet con el fin de mantener una reunión informativa. Entre los 13 elegidos, no se sabe muy bien en virtud de qué criterios, estaban periodistas, profesores, bloggers, editores y empresarios. Personalmente, no me sentí representado en ningún momento por los participantes en el encuentro, pero es digno de elogio el intento de diálogo de González Sinde.

Porque en eso se quedó, en intento. La ministra apenas estuvo 30 minutos en una reunión en la que, según relataron en directo los propios asistentes vía Twitter, Cultura vino a decir que la modificación no es negociable.

Sin embargo, horas después, el Gobierno comenzaba a recular. Primero fue el ministro de Justicia quien declaró que “el cierre de páginas” deberá contar con autorización judicial, aunque no llegó a precisar si la “interrupción del servicio” (término que recoge la LSSI en su artículo 8 y que ahora se aplicaría también en los casos de protección de derechos de autor) sí está contemplada.

Y ese es el problema: queda en manos de una comisión administrativa que no sabemos quién compondrá (la LES dice que será el desarrollo reglamentario quien lo determine) la capacidad de “interrumpir” el servicio a cualquier página que ellos consideren (tampoco se especifica siguiendo qué criterios) que atenta contra los derecho de autor. ¿Y quién decide si lo están siendo o no? Los detentatarios de dichos derechos, que con su simple denuncia iniciarán el proceso administrativo.

Para realizar dicha interrupción, la famosa comisión podrá exigir a los proveedores de acceso a Internet (Telefónica, Vodafone, Ono, etc): a) que proporcionen toda la información que posean del denunciado (sin requerimiento judicial una vez más) y b) que bloqueen el acceso a una determinada web, una vez más porque ellos lo dicen. Suma y sigue.

Al final, volvemos al principio. El propio Zapatero, en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Parlamento Europeo, aseguró a los medios que “solo una autorización judicial permitirá ejercer las medidas antipiratería”, lo que incluye, se supone, esa “interrupción”. Otro gran éxito de la factoría PSOE.

Ahora, las pregunta que nos debemos hacer. ¿Están los derechos de autor en peligro? ¿Los creadores peligran como ha dicho Zapatero? ¿Quién pierde dinero con las descargas si es que lo pierde alguien?

El pasado mes de noviembre, el diario británico ‘Times’ publicaba en su web un estudio realizado por ellos mismos en el que analizaba la evolución de la industria musical en los últimos cinco años. El resultado es demoledor para la industria y sus intermediarios, pero redundaba en algo que muchos ya hemos dicho: el intercambio libre de música aumenta la cuenta de ingresos de los músicos.

Según este estudio, desde 2004 las discográficas han visto reducir sus beneficios en un porcentaje muy importante desde los más de mil millones de libras recaudadas ese año hasta los 700.000 de 2008. Sin embargo, los ingresos de los artistas en concepto de conciertos se incrementaron en un 50%, a lo que habría que sumar la ganancias por ‘royalties’ que también crecen, sobre todo gracias a servicios como iTunes o Spotify que en algunos casos se saltan esa la intermediación de las compañías y pagan directamente al creador gracias a lo que abonan los usuarios y/o los anunciantes.

Los ingresos que reciben los autores de las propias discográficas apena varían a la baja.

En resumen: en 2004 el grueso de los ingresos iba a parar a la Industria. Hoy, a los autores.

¿Qué es entonces lo que está en peligro? No es la cultura, la creación o los autores. Es la Industria la que ve cómo sus ingentes beneficios se reducen. ¿Por qué las discográficas no aprovechan el nuevo modelo de negocio y se adaptan a él como todo el mundo ha tenido que hacer, con más o menos fortuna? Los editores de medios de comunicación se encuentran en una situación similar y han sido mucho más sinceros: piden subvenciones para mantenerse y lograr adaptarse.

Sin embargo, la industria del ocio ha decidido enrocarse y utilizar a los creadores como arma arrojadiza y escudo, algunos de los cuales se prestan. Pocos, en realidad.

En 1906, un compositor pidió al Congreso de EE UU que prohibiera la venta del fonógrafo, ya que, en su opinión, iba a terminar con la música. Por suerte, más de 100 años después, la música no sólo no está muerta, sino que se escucha cada día más y las nuevas redes de la comunicación permiten al autor desligarse de los mandatos y contratos de las grandes multinacionales y autopublicarse y promoverse ‘all around the world’ por muy poco dinero.

El primer golpe se ha parado. Por primera vez, la movilización real de los internautas españoles ha obtenido un resultado y, en apenas unas horas, han logrado que el presidente del Gobierno rectifie una decisión de su Ejecutivo.

O por lo menos que se comprometa a ello. Y es que desde Moncloa y desde Ferraz ya se habla de que a Sinde se la han “colado”. Y eso sólo significa que, quien lo ha hecho, lo volverá a hacer. Mientras la industria no comprenda que su negocio hoy es otro y que si los amanuenses desaparecieron ellos quizá estén cerca de hacerlo su futuro es muy negro.

A principios de siglo, Nokia era una empresa maderera. Hoy es el mayor fabricantes de móviles del mundo. Los árboles, los finlandeses y sus trabajadores seguro que se lo agradecen.

P.D.: ¿Y el PP?, se preguntarán algunos. La indecencia del principal partido de la oposición les ha llevado a criticar una medida que apoyaron, más dura y restrictiva, en el Parlamento Europeo hace apenas dos semanas.  Ya cansan.