¿Impunidad a cambio de paz?

Erika Fontalvo Galofre

Kimi Pernía Domicó era uno de los dirigentes más representativos de la etnia indígena Embera Katío de Córdoba, en el norte de Colombia. Nieto de Yari, el gran Jaibaná y Cacique de la tribu, fundador de esta comunidad en la región del Alto Sinú, e hijo de Manuelito, otro reconocido e histórico Cacique de su pueblo, Kimi fue un incansable defensor de los suyos. En el 2000, lideró una movilización en la que participaron centenares de indígenas como él – hombres, mujeres y niños – que descalzos y sin abrigo viajaron desde sus cabildos hasta la fría Bogotá para hacer valer sus derechos contra un gigantesco proyecto hidroeléctrico que amenazaba su supervivencia, inundaría sus tierras y obligaría a su pueblo a abandonar casas, cosechas, animales hasta convertirse en una comunidad nómada sin rumbo ni norte. Al llegar a la capital del país, Kimi los ubicó en un improvisado campamento que instaló para su gente en los jardines del ministerio de Medio Ambiente. Allí comenzó su dura batalla para ser escuchado. Se sentaba en medio de los enormes fogones de leña y aún así, lucía imponente con su rostro pintado y sus collares multicolores que le daban un aire casi mágico, mítico e incluso, aparentaba mucho más que el escaso metro y 60 centímetros que en realidad tenía.

A su lado, las mujeres cocinaban los alimentos – muchos de los cuales eran donados por espontáneos que compartían su lucha o por anónimos solidarios que también les regalaban ropa porque se les partía el alma al comprobar cómo los niños, casi desnudos, debían soportar en las madrugadas temperaturas de hasta dos grados centígrados.

Semanas y hasta meses permaneció Kimi con su gente bajo esas condiciones extremas esperando una respuesta del gobierno colombiano al que le exigía garantías para su pueblo, una modificación del proyecto, una salida justa. En su campamento nacieron niños, se construyeron esperanzas y se forjaron amistades, como la nuestra.

Era un buen hombre, demasiado noble para estos duros tiempos que corren, una otrora característica de grandeza que, a juicio de muchos impresentables modernos, es una forma de debilidad para un líder. Su bondad se confundía con ingenuidad pero lo que nadie podía negar era su convicción y resistencia, confianza en su lucha, que resultaban admirables. Casi seis meses después del inicio de su batalla pacífica, Kimi firmó un acuerdo con el estado colombiano que se comprometía a pagar una compensación a los Emberas por los impactos que pudiera generar la construcción y desarrollo del proyecto.

Con el documento bajo el brazo, él y los suyos regresaron a casa. Sin embargo, no se quedó quieto, siguió defendiendo en Colombia o fuera de ella, la lucha de su pueblo por detener los siniestros avances del hombre blanco, que a toda costa, quería despojarlos de su único valor material: la tierra de sus antepasados, de sus hermanos y de sus hijos.

El 2 de junio de 2001, tres sujetos armados llegaron hasta las oficinas de los cabildos en el municipio de Tierralta, a pocos kilómetros de su casa, y ante la mirada atónita de los que allí estaban, se lo llevaron.

“Me cogieron, me cogieron� gritaba Kimi mientras sus captores huían con él. Voceros del cabildo denunciaron que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia estaban detrás de este hecho pero sus jefes ni se inmutaron.

De nada sirvieron las marchas de todas las comunidades indígenas del país que clamaban por su liberación, las investigaciones de las autoridades colombianas o los llamados de la ONG internacionales para que las AUC revelaran su paradero.

El líder, el defensor de los Emberas, el amigo, se había esfumado por completo y aunque muchos pensábamos que estaba muerto, aún guardábamos la esperanza de verlo otra vez. Pero hoy sabemos que eso jamás sucederá.

Hace unos días, Kimi Pernía Domicó dejó de ser uno de los centenares de secuestrados desaparecidos registrados en Colombia. El principal jefe paramilitar del país, Salvatore Mancuso, confirmó que su secuestro y posterior asesinato habían sido ordenados por Carlos Castaño, su predecesor al mando de las AUC. Sólo unas horas permaneció Kimi cautivo, se lo llevaron para matarlo y sin el consentimiento de Mancuso, según su versión.

La confirmación de la muerte de Kimi no es la única que por estos días enluta el corazón de los colombianos. Salvatore Mancuso es el “responsable� de tanto dolor, antes y ahora. El jefe paramilitar, desmovilizado dentro del proceso que su organización adelantó con el gobierno colombiano durante los últimos años y que terminó con el desarme de 31.000 combatientes, es el primero que se sienta en el banquillo de los acusados para declarar frente a la justicia por su presunta participación en múltiples crímenes.

Mancuso, con una frialdad propia de cualquiera de los grandes genocidas de la historia, documentó los asesinatos de hasta 234 personas , de las que habló con nombre propio y ubicó en alguno de los 10 departamentos del país a los que llegó su mano negra, su máquina de muerte que contó muchas veces con el macabro aporte del ejército colombiano que aportaba información, mapas y listas de posibles víctimas o simplemente hacía la “vista gorda� al paso de los sanguinarios escuadrones de los paracos.

Sin que le temblara la voz, Mancuso reconoció haber ordenado o ejecutado estos crímenes que se cometieron entre 1997 y 2003. Además de los asesinatos individuales, la mayoría de las víctimas murieron en masacres perpetradas por sus hombres, de la manera más atroz. Entre ellas, la del Salado en Bolívar, donde los paramilitares jugaron al fútbol con las cabezas de las personas a las que habían descuartizado previamente y a las que luego habían empalizado.

El jefe paramilitar habla de 234 muertos, pero su confesión, según los defensores de derechos humanos en Colombia, no llega ni al 5 por ciento de los crímenes que se le atribuyen. La Vicepresidencia de la República responsabiliza a las AUC de hasta 246 masacres cuando él sólo reconoce 26 mientras que desde Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas del país por la violencia de estos grupos de extrema derecha, las ONG humanitarias calculan que Mancuso tiene que responder por más de 16.000 crímenes.

De hecho, la Fiscalía colombiana, que ya ha empezado a exhumar cadáveres, cree que puede haber más de 10.000 en fosas comunes. El fiscal general Mario Iguarán aseguró que en el país se han descubierto más fosas comunes con víctimas de los paramilitares que las halladas en Chile con víctimas de la dictadura del recientemente fallecido ex dictador Augusto Pinochet.

La verdad es que escuchando a Mancuso – porque se le puede oír hablando de su lucha contra los guerrilleros a los que mataba mientras estaban “camuflados� como líderes comunales, dirigentes sindicales, profesores, rectores de universidades o simples campesinos – uno se da cuenta de que ni siquiera parece saber cuánta gente hizo matar y confirma la indiferencia, la altanería, la soberbia con la que detalla sus crímenes.

En las afueras de los juzgados de Medellín donde se realizan estas declaraciones, centenares de familiares de las víctimas se agolpan para entrar a uno de los salones dispuestos para que ellos puedan ver y escuchar a Mancuso por circuito cerrado de televisión. En el resto del país, en pequeños pueblos o grandes ciudades, otros familiares siguen con atención, a través de los medios de comunicación, las confesiones de aquel que les destrozó la vida asesinando a uno o varios de los suyos. Como Miguel, el hijo de un comerciante del Meta – el joven llamó un día a la tienda de su padre y le respondieron los paras y cuándo preguntó por él, le dijeron “está ocupado, lo están matando�.

Sin importar su raza, condición social o económica, a las víctimas sólo les interesa conocer la verdad. Quieren que se aclare que los muertos no eran guerrilleros o delincuentes como los hicieron aparecer los paramilitares. No quieren dinero ni indemnizaciones, solo piden la verdad y justicia.

Sin embargo, muchos creen que tendrán que esperar la divina porque tras la desmovilización voluntaria, los jefes paramilitares incluido el propio Mancuso, serán cobijados por una ley conocida como Justicia y Paz, que rebaja a entre cinco y ocho años las penas para los responsables de estos atroces delitos. Algunos que ya habían sido condenados a 40 años, de un solo golpe por la confesión y la entrega de los bienes que les quitaron a las víctimas, podrán ver reducida su pena a pocos años de prisión.

Con lágrimas en los ojos, los tres hijos del campesino antioqueño Aurelio Areiza abandonaron la sala de los juzgados de Medellín tras escuchar de los labios de Mancuso el nombre de su padre, asesinado en 1997 durante la masacre del Aro en la que 25 personas perdieron la vida.

Están dispuestos a perdonar, no quieren que sus hijos alimenten la espiral de violencia que tanto daño le ha hecho al país. Sólo sueñan que diez años después, Aurelio deje de ser considerado un guerrillero para convertirse en lo que realmente es, una victima de la barbarie que merece descansar en paz.