Ibarretxe o López: del juzgado al gobierno

Barañain

Este próximo jueves se inicia, en el Palacio de Justicia de Bilbao, el juicio contra el lehendakari Juan José Ibarretxe, el secretario  de los socialistas vascos, Patxi López,  el también dirigente de esta formación   Rodolfo Ares y varios líderes de Batasuna, con Arnaldo Otegi a la cabeza. Su desarrollo va a ser el pórtico de la campaña de las elecciones al Parlamento Vasco, cuya celebración Ibarretxe ha fijado para el 1 de marzo.

Ibarretxe y López, protagonistas indudables en esta reñida campaña electoral que se avecina, son llevados ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pese al desistimiento de la fiscalía, que consideró que no hubo delito alguno en sus reuniones con la extinta Batasuna. Recuérdese que se les imputa “colaboración necesaria” con Batasuna, por esas reuniones,  para la comisión por parte de esa organización del “delito de desobediencia” a la suspensión judicial de sus actividades.  Por lo mismo, se podría imputar colaboración necesaria a los periodistas que acuden a las numerosas ruedas de prensa que los batasunos protagonizan: un disparate. Y, lo que es más grave, una intromisión desde la esfera judicial en la esfera política que es propia al trabajo tanto del lehendakari como de otros representantes. Así lo entendió el Tribunal Supremo cuando rechazó  una pretensión similar contra el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, por su autorización de contactos y reuniones con ETA durante el frustrado proceso de paz. 

El sensato pronunciamiento del Supremo no ha disuadido a los jueces del TSJPV que por mayoría insistieron en seguir adelante con esta mascarada aun sabiendo que el resultado final de la ocurrencia no va a ser otro que la absolución de los imputados. Algunos magistrados deben creer, tal vez, que vivirán así su momento de gloria con lo que imaginan como un paseíllo humillante de políticos ante su estrado. A falta de la fiscalía, se han apoyado, para ello, en la persistencia de la acusación popular protagonizada por una entidad fantasma como es la denominada “Dignidad y justicia” –de la que se conoce su vinculación con la extrema derecha aunque no sus fuentes de financiación-,  y, cómo no,  el inefable “Foro de Ermua”. Es decir, meras pantallas necesarias para llevar a cabo el trabajo sucio que no  se atreve a ejecutar el sector más crispador de la derecha española.

Se prevé que la vista concluya para el día 22 y que la sentencia se haga pública o bien coincidiendo  con la campaña electoral o bien cuando sea ya conocido el veredicto de las urnas. Veredicto bastante más trascendental, claro está, que el que pronuncie el Tribunal, tanto para los imputados como para el conjunto de los ciudadanos. Este episodio chusco no mejorará, desde luego, la negativa  valoración que la justicia merece a los ciudadanos pero añade un ingrediente de extravagancia a la ya tortuosa y atípica evolución de la vida política vasca.  La situación es tan absurda –y sin precedentes conocidos- que, para cualquiera de los dos principales imputados, Ibarretxe y López, el trámite judicial va a ser el preámbulo de su acceso a la presidencia del Gobierno Vasco. Uno de los dos, sin duda, será proclamado lehendakari tras las elecciones del 1 de marzo. Del Juzgado a Ajuria Enea. Ahora bien, ¿el paso por el Juzgado será solo un engorroso trámite para ambos o incidirá en la estrategia electoral?

Han sido varias las hipótesis que en estos días han circulado, entre políticos y medios de comunicación, para explicar la sorprendente decisión  de Ibarretxe de convocar a los ciudadanos vascos el mismo día en que ya estaba fijada la fecha de los comicios gallegos. Sorprendente por lo que tiene de novedad, por el desaire a los gallegos que habían enfatizado su deseo de evitar la coincidencia con otros procesos electorales (este aspecto de la cuestión  lo explicaba muy bien  el artículo de ayer de Millán)  y porque una vez que se descartó el adelanto electoral tras el verano pasado se suponía que cuanto más se demorasen las elecciones más difícil le resultaría afrontarlas a los socialistas, con la crisis económica en pleno apogeo.

Precisamente, la explicación oficial del PNV de que, al fijar para el 1 de marzo las elecciones, lo que  pretenden es disponer cuanto antes del nuevo gobierno que salga de las mismas para afrontar mejor la lucha contra la crisis es la que suena más falsa. Si por algo no se ha caracterizado el ejecutivo de Ibarretxe es por su preocupación por la gestión de esta crisis, ensimismado como ha estado, y de manera obsesiva, en su iniciativa política soberanista. Con la que está cayendo, ni siquiera ha sido capaz Ibarretxe de sentar en una mesa a empresarios y sindicatos para discutir las perspectivas económicas y sus repercusiones sociales y la forma de arrimar el hombro ante las dificultades existentes. Por eso, nadie ha tomado mínimamente en serio esa explicación. 

Algunos comentaristas han visto en la decisión el deseo de poner trabas a la participación de dirigentes nacionales del PSOE y el PP en la campaña vasca, obligados a repartir su tiempo entre Euskadi y Galicia. Aparte de que tal eventualidad no supondría problema alguno para los aparatos de ambas fuerzas políticas, es evidente que, al menos en el caso del PSE, no hay ningún especial interés es forzar la presencia del PSOE en la campaña vasca. Tampoco parece razonable la explicación de que, al adelantar la fecha respecto a las previsiones que había, el PNV torpedea a su ahora socio de gobierno, Eusko Alkartasuna (EA), que no dispondría ya de tiempo suficiente para que fragüe su proyecto de plataforma soberanista con el que ideaba concurrir a las elecciones una vez descartada una nueva coalición electoral con el PNV. Esta bobada bien podría haber sido difundida por la misma gente de EA, necesitados de ponerse ya la venda antes de la herida, esto es, del batacazo que, según todos los sondeos, les espera. Pero lo cierto es que el PNV no puede tener mucho interés en la debacle de sus socios parasitarios (IU y EA). De sus resultados, por discretos que sean, dependerá seguramente que pueda disponer de mayoría absoluta un nuevo  tripartito soberanista.

Por sus propias y exclusivas fuerzas parece difícil que el PNV sea capaz de remontar las expectativas desfavorables con las que llega a las elecciones. Pero no es imposible: el PNV puede volver a ganar si consigue convertir la campaña en un plebiscito victimista. Como en 2001. Ahora no le ayuda, a diferencia de lo que ocurrió entonces, la voluntad decidida de Patxi López y el PSE de rechazar cualquier veleidad frentista y de reforzar su perfil más autonomista. Voluntad que se ha plasmado en la orientación de la, hasta ahora, impecable precampaña caracterizada por la presentación de sus propuestas ante auditorios insospechados tiempo atrás, en lo que ha sido el mejor indicador del aire de “fin de ciclo” que se respira en la política vasca. Ese perfil autonomista es el que se verá igualmente refrendado, si los sondeos aciertan, en las elecciones gallegas. De ahí deriva el interés partidista de Ibarretxe en la coincidencia entre ambos procesos: no le convenía encarar la contienda  electoral con un PSE que pudiera esgrimir ya la reválida de su gobierno de progreso en aquella otra Comunidad.

Queda el victimismo, cuyo recorrido quizás no esté aun agotado. Con dos ingredientes obvios y un requisito previo. Los ingredientes serán, uno, la vindicación de su frustrado plan soberanista, frenado en las Cortes primero y por el Tribunal Constitucional después, y el otro,  el paso del lehendakari por el Juzgado. Con toda probabilidad, Ibarretxe intentará personificar a ese pueblo vasco al que no se le deja decidir por sí mismo ni buscar sus propios caminos para la paz. Como si fuera la propia sociedad vasca la que se sentara en el banquillo de los acusados. El juicio de marras no es sólo un disparate  en sí mismo sino la estúpida oportunidad que se brinda a Ibarretxe para exhibirse en su peor versión. Claro que al tener que compartir banquillo con los socialistas y los líderes de Batasuna, dispondrá de menos margen para la simulación del que hubiera deseado.

El requisito es la ausencia de representación parlamentaria de la izquierda abertzale que posibilite el agrupamiento de todo el voto nacionalista. No es casual que en las últimas semanas los nacionalistas lancen insidiosas acusaciones sugiriendo que el PSE y el Gobierno de Zapatero puedan estar barajando la posibilidad de permitir la concurrencia a las urnas de la izquierda abertzale por puro cálculo electoral. Para debilitar a Ibarretxe. Lo hacen a la vez que critican en paralelo, faltaría más, la aplicación de la Ley de Partidos y las limitaciones  impuestas a ese sector político. Pero, en el fondo, es esa imposible participación (imposible, sobre todo, porque no está en el ánimo de ETA jugar esa baza) lo que temen. Confían en que ante un llamamiento a la abstención del mundo abertzale radical, y con una Aralar de perfil tan plano que sólo aspira a subsistir, sean muchos los votantes radicales que opten, como mal menor,  por evitar el desalojo del PNV del poder. Como en 2001. 

Dado lo escaso del bagaje con el que tanto el propio  Ibarretxe como el PNV llegan a estas elecciones, no les queda más opción que jugárselo todo a la carta victimista. Con un gobierno tripartito empantanado, incapaz  de sacar adelante sus  iniciativas legislativas, acosado por escándalos muchos de ellos desvelados desde el interior de sus propias filas, con una división interna que aflora a la menor oportunidad,  con socios como EA que aspiran a volar con sus propios y raquíticos medios, sin un proyecto nuevo ilusionante (¿más de lo mismo?, ¿volver a presentar su plan?), etc. Que fuera el propio aparato del PNV el que frustrara el proyecto de Ibarretxe de llevar a la jurisdicción europea su denuncia contra el Estado Español,  por el rechazo de su plan soberanista, es bastante ilustrativo del desconcierto en el que está sumido el nacionalismo vasco.