Humiliatione

Jon Salaberría

El miércoles día 17 de abril no debería pasar a los anales de la brillantez dialéctica dentro de la historia, dilatada, de la formación política que en esto momentos desempeña las responsabilidades de gobierno en nuestro país, el Partido Popular. La mañana bien podría calificarse de “horribilis”, y empezaba bien fuerte. El rotativo barcelonés “La Vanguardia” se hacía eco de las presuntas palabras de María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ante el Grupo Parlamentario Popular, en vísperas de la decisiva votación (resuelta de antemano) sobre la Ley de Defensa del Deudor Hipotecario, texto que saldrá adelante con los votos del propio PP y el voto contrario casi unánime (a expensas de la postura final de UPyD) de toda la oposición parlamentaria. Texto que “resuelve” una de las cuestiones que mayor crispación ha aportado al debate político desde los comienzos de esta aciaga legislatura, y que lo hace tumbando tanto las aportaciones de la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sobre el particular, como también las enmiendas de las demás formaciones políticas, incluyendo la polémica “vía andaluza” (PSOE-IU) de expropiación del derecho de uso de la vivienda, añadido por estas formaciones al texto de la ILP a título de enmienda. Cospedal, siempre según el rotativo catalán, habría afirmado ante sus compañeros de filas que sus votantes (del PP) “dejan de comer antes de no pagar la hipoteca”, en contraposición a quienes “no la pagan haciendo uso de excusas vagas”. A media mañana, “La Vanguardia” rectificaba titular en su edición digital: Cospedal habría declarado que los votantes del PP “son los que pagan la hipoteca”, sin más adiciones. Las redes sociales eran en esos instantes un auténtico hervidero de indignación, en la mayor parte de los casos, y de rechifla en los menos, aunque más benévolos. La rectificación fue doble, y a media mañana Cospedal negaba (sin más detalles) las palabras publicadas como propias. Pero la desafortunada intervención oficial de la web del Partido (con comunicado taxativo al respecto) empeoraba las cosas. Según Génova 13, el tenor literal de las palabras de Cospedal fue: “Defendemos que hay que cuidar del que no tiene nada y del que vive en una situación de exclusión social, pero hay que animar a aquel que quiere ganarse la vida dignamente” (sic). La segunda parte de la argumentación implica una inevitable pregunta: ¿Es que quien no tiene nada o el que vive en situación de exclusión social no quiere ganarse dignamente la vida?

La mañana de miércoles nos traía, además, una nueva intervención de un dirigente popular en relación a la reforma hipotecaria a punto de aprobarse por el PP; reforma que excluye la posibilidad de dación en pago como general medio de saldar la relación crediticia-hipotecaria con las entidades financieras. Preguntado Vicente Martínez Pujalte en “Espejo Público” sobre ésta y otras cuestiones, el polémico diputado popular cargaba el peso de la responsabilidad de este drama sobre los deudores (“… sabían perfectamente lo que firmaban…”) y acusaba a “muchos de los deudores” de “… asumir un riesgo en la valoración de un piso que hoy vale menos y les vendría mejor dar ese piso en dación en pago para comprarse otro” (sic). 

El carrusel de la poca fortuna se completaba justo en esos momentos en el Congreso de los Diputados, cuando la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, aportaba un nuevo eufemismo en “neolengua popular”, al calificar como “movilidad exterior”  la fuga al extranjero de nuestros jóvenes mejor formados ante la ausencia de perspectivas en el país. Lo que con carga de intención el PSOE llama “exilio económico”. Lo que, “de toda la vida”, se ha llamado, tristemente, emigración.

Tan aciaga mañana tiene precedentes numerosos desde que empezó la legislatura, mas no simplemente en lo desafortunado del tenor de unas palabras o de su incardinación en un contexto determinado. No se trata sólo de la desvergüenza o el surrealismo de las palabras de la diputada Andrea Fabra y su legendario “que se jodan”. Se trata de un discurso político cargado de intencionalidad. De modo magistral, Pepa Bueno (Cadena SER) señala hoy este matiz; esa clave de arco que explica lo que a priori puede parecer un episodio de escandalera que rodea este mundo desacreditado de la política: “Es para irritarse mucho si son torpezas o intentos de disfrazar la realidad, pero es para preocuparse mucho más, si revelan el pensamiento profundo del Gobierno de España”. Efectivamente, creo que no es casual. Estamos en el momento de la intención política, que se revela justo con dos hitos que clarifican el sesgo doctrinal de este Gobierno, profundamente conservador: por un lado, la salida legal a uno de los problemas que más han sensibilizado a la opinión pública ante las dramáticas consecuencias sociales del mismo (los desahucios), a favor de los intereses concretos de la patronal bancaria y siguiendo sus designios; por otro la anunciada reforma en materia de interrupción voluntaria del embarazo, en la que el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, pone en el asador una solución confesional ajena a lo que debería ser normal en un Estado aconfesional como el que señala nuestro marco constitucional. También en este caso el discurso “torpe” o desafortunado, hablando del supuesto legal (hasta ahora) de peligro para la vida de la gestante como “excusa para abortar”, creo que enmascara la intención dogmática sobre la que nos alerta Pepa Bueno.

Por encima de la sospecha de que existe cierto regusto sádico en ciertos dirigentes políticos del espectro conservador cuando construyen algunas de sus comparativas, en la trivialización del drama personal y familiar por el que pasan muchos y muchas de nuestros compatriotas, y en la criminalización constante de quienes protestan legítimamente, de quienes discrepan o de quienes, desde el ámbito social o político, esgrimen alternativas, está la realidad de una estrategia deliberada. Un juego arriesgado en el que, sin término medio y en el peor de los casos, echan gasolina sobre la pira del estallido social, capaz de llevárseles por delante, aunque también a todo el sistema de convivencia que ha costado décadas construir. Pero en el que, yendo las cosas según el plan preconcebido y en el más favorable a sus intereses, conseguirían la más incontestable de las victorias políticas: la que incluye la fidelización definitiva de los “propios” y la desactivación de los “ajenos”. Una huida hacia delante que culminaría con la desactivación de los colectivos que, en las calles, sustituyen la ausencia de una alternativa política inmediata dentro de una oposición política fragmentada y sumida (principalmente el PSOE) en su particular “travesía del desierto”. Colectivos y plataformas que gozan de la máxima valoración y del máximo prestigio. No es casual que sobre ellos caigan las peores comparativas y los peores adjetivos posibles, desde la reaparición de una rediviva ETA hasta del nazismo de los años treinta y cuarenta.

En este nuevo reinado de la neolengua, la finalidad es realmente orwelliana: nos quieren derrotados, pero además conscientes y sumisos ante la derrota. Nos quieren en posición presta a la asunción de la culpabilidad y la responsabilidad de nuestra propia situación. Nos quieren en la resignación ante la propia suerte, ante la desgracia del paro, de la marginalidad, de la carestía y de la exclusión. Porque sólo de esa forma es como un/a ciudadano/a deja de ser consciente de su condición y de su patrimonio cívico: derechos. Sólo de esa manera se cede en la reivindicación. Sólo de esa manera se acepta por el común de los mortales lo que en una democracia real no debería aceptarse como normal: que los valores no civiles de una parte se impongan a la generalidad y que los intereses de una minoría bien definida se impongan a los de toda una comunidad.

Ante este panorama tenemos tres alternativas. Una es la de la citada resignación ante lo “inevitable”. La otra, la de la chanza y la rechifla ante la parte de risión (indudable) que tiene este discurso político de buenos y malos, de trabajadores responsables  y de vagos morosos, que se da mucho al sainete. La tercera opción es la del compromiso político y la del compromiso cívico, que son las dos caras de la misma moneda.  Denunciando como intolerable la maniquea distinción de responsabilidades que pretende dejar en la total impunidad a los responsables del dolor social. Reivindicando derechos, que no pueden ser sustituidos por sucedáneos en forma de dádiva. Reivindicando el poder de decisión. Y, finalmente, a cada desatino discursivo, una propuesta y la defensa democrática y motivada de la misma.

Posdata 1: El PSOE se ha agitado en las últimas horas ante el rumor (unas veces sólo ruido, otras antesala de la noticia) de la salida a la palestra de una de las “esperanzas blancas” de la organización desde 2010, Eduardo Madina. A la ilusión inicial “porque algo se mueve, y eso es positivo”, ya ha respondido Rubalcaba con el lema inapelable del Partido, también desde 2010. “No toca”.

Posdata 2: Como muestra de mi conclusión, la de que hay que hacer visibles iniciativas para impedir el inevitable “trágala” gubernamental, Andalucía hará posible en su ámbito de competencia su propio “Fondo de Emergencia” ante la pobreza y la exclusión social, dotado con aprox. 100 millones de euros. Como visible se ha hecho, en el debate parlamentario, su iniciativa sobre desahucios (al alimón con IU). Seguirá originando ríos de tinta periodística y jurídica, amén de un inevitable recurso del PP ante el Constitucional.

Posdata 3: La Plataforma de Afectados por la Hipoteca retira a ILP. Correcto. Es un esfuerzo colectivo que hay que sacar del ámbito de broma de la norma que aprobará la apisonadora. Cachondeos, los justos.