Huelgas en servicios públicos: máximo beneficio, mínimo riesgo

Barañain

 En el País Vasco  -y supongo que será parecido en el resto de España-, las convocatorias de  huelga de empleadas de comercio textil en torno a las navidades y al comienzo  de la campaña de rebajas  nos recuerdan que, más allá del sector público, la huelga sigue existiendo como instrumento de defensa de intereses de los trabajadores frente a sus empresarios.

 El efecto de ese recordatorio es efímero. La rapidez con que, afortunadamente, las huelgas convocadas en esas empresas privadas se desconvocan  -sea porque se consiguen los objetivos razonables, o porque simplemente se retoman las negociaciones previamente rotas por alguna de las partes, o porque se desiste del paro para evitar males mayores, etc.-, nos devuelve a la realidad del ejercicio de huelga predominante en nuestro país, el que se lleva a cabo en el sector público, que tiene ya poco que ver con el origen histórico y la razón de ser de ese instrumento de lucha sindical.

 La referencia a la huelga es cada vez más  un atributo propio del sector público. En el ámbito privado de la economía, la evolución de las relaciones laborales y del conflicto industrial ha provocado una caída drástica de las huelgas. No ocurre lo mismo en el sector público, donde un sindicalismo corporativo enquistado en empresas  públicas o anteriormente públicas, dedicadas a la prestación de servicios públicos, ejerce su  capacidad de presión de carácter cada vez más gremial  (incluso si esa presión  es  protagonizada por sindicatos de los denominados “de clase”)  con todas las facilidades y sin arriesgar apenas nada. 

 Lo explicaba  muy bien Federico Durán* en un interesantísimo artículo publicado en la “Revista de Administración Sanitaria” (“Huelga y servicios esenciales”  Rev Adam Sanit. 2010;8(I): 127-140): “En las empresas privadas sometidas a la competencia y conocedoras -ellas y sus sindicatos- de la difícil supervivencia en una economía globalizada y abierta, el conflicto se ha replegado y ha cedido terreno a la colaboración”. Dicho de otra forma, hay más dosis de colaboración y menos de conflicto. Porque la colaboración es más interesante que el enfrentamiento para abordar el problema fundamental, que es el mantenimiento del empleo.

 Sin embargo, allí donde apenas hay riesgo, en los sectores que viven al abrigo de la competencia,      ajenos (al menos hasta ahora) a esas dificultades, o con una capacidad excesiva  de presión  a base de agredir a la ciudadanía, ahí el conflicto florece con facilidad, y en la defensa de intereses estrictamente gremiales o posiciones de privilegio se utiliza sin complejos la huelga, ese tradicional instrumento de lucha de la clase trabajadora, “sin límites, sin condiciones y sin contrapesos mínimamente significativos”.

 La huelga en el sector público es, muy a menudo, una práctica insolidaria cuya facilidad en su uso e  impunidad por su abuso sólo son posibles por lo que Durán califica de  inexplicable pasividad legislativa: más de treinta años después de su promulgación, sigue sin desarrollarse el mandato del artículo 28. 2 de la Constitución Española de regular el ejercicio del derecho de huelga “para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Regular ese ejercicio es imprescindible para garantizar de verdad  el equilibrio en la protección de los diferentes intereses en conflicto, garantía  ahora inexistente. Y es que  a diferencia de lo que ocurre (u ocurría)  en el  ámbito privado de las relaciones laborales, en el sector público “los límites de la huelga no se pueden seguir considerando como si los únicos intereses en conflicto fuesen los de la empresa y los trabajadores”.

 Uno puede pensar que el reconocido experto se está refiriendo a situaciones como las del reciente sabotaje (que no huelga) de los controladores aéreos, o a las huelgas periódicas de maquinistas de trenes o a las de pilotos de avión, etc.… No, en realidad su reflexión está especialmente centrada en el sector sanitario público y en la cuestión famosa de los “servicios mínimos” de  las frecuentes huelgas con las que, alegremente,  los numerosísimos sindicatos de ese sector (en el que las diferencias entre “corporativos” y “de clase” son, cada vez más, puramente retóricas)  dan fe de su existencia.

 Por eso, porque llama a las cosas por su nombre, sus consideraciones han  tenido un eco muy favorable entre gestores de  la sanidad  pública de diferentes administraciones, que saben por experiencia propia de lo que está hablando, por diversa que sea su ideología o el nivel de su responsabilidad o su adscripción política y por muy escépticos que se muestren sobre la posibilidad de que su llamamiento sea escuchado por los responsables políticos. Al fin y al cabo, en el encanallado clima político español, lo que se estila es  aprovechar a corto plazo las ventajas de la oposición al gobierno de turno y,  así, los socialistas no se cortarán en defender  frente al gobierno de la Comunidad de Madrid cosas que perfectamente saben que son falsas  cuando esa administración  afronta conflictos en el metro o en hospitales públicos, actitud que simétricamente es correspondida por los populares en cualquier otra comunidad en la que las tornas están cambiadas.

 Durán  nos recuerda cual es el concepto mismo del derecho de huelga y el significado de su reconocimiento como tal, ambas cosas muy desvirtuadas en el sector público. El derecho de huelga, explica,  no va más allá de permitir que al ejercerlo el trabajador deje de cumplir su prestación laboral (no trabaja) y la empresa no cumpla su contraprestación (no remunera la jornada o el tiempo no trabajado por la huelga). “El llamamiento a la huelga no conlleva un derecho a obtener, en todo caso, la paralización total o parcial de de las actividades productivas de la empresa, ni existe un derecho a provocar (al empleador) perjuicios que vayan más allá de los derivados de la pérdida del trabajo y de la producción, ni mucho menos a los terceros usuarios del servicio”.

 Proclamar  lo anterior  puede parecer una obviedad a quien sólo ha trabajado en el sector privado. Deja de ser obvio en un sector público en el que se ha instalado “la idea de que la simple convocatoria de huelga tiene que provocar una limitación de las actividades empresariales con independencia de su seguimiento por los trabajadores — (seguimiento que con frecuencia es muy escaso en relación con los efectos provocados y los beneficios conseguidos por sus promotores)…en el sentido de que, convocada huelga, la empresa se tendría que limitar a prestar los servicios que hayan sido considerados mínimos o esenciales”.  

 Y por si eso fuera poco, a menudo se da por hecho que el “servicio mínimo” se concreta en el desempeño de un  trabajo de contenido  menor o limitado respecto al que  correspondería ejecutar en condiciones normales. Es  todo un disparate, muy extendido en nuestro país,   por cuanto quien está designado para cumplir “servicios mínimos” está excluido por definición del ejercicio del derecho de huelga:  ese trabajador no es ni puede ser huelguista (aunque los sindicatos fantaseen computándolo, a efectos propagandísticos,  como tal)  y su prestación laboral debe ser la ordinaria, como normal o íntegro es, desde luego, el salario que recibe por ello (que no se aminora o se hace parcial porque ese día esté de “servicio mínimo”).

 Por eso, a juicio de Federico Durán, juicio que comparto absolutamente, la intervención legislativa es urgente. Poco puede esperarse de un “diálogo social”  y una reforma laboral que no se plantee abordar ya esa cuestión tan largamente pendiente en nuestro país.  Y debe ser una intervención legislativa que sirva también para reorientar una jurisprudencia que “ha alimentado con frecuencia una hiperprotección del derecho de huelga, hija del complejo de recién llegados a la democracia y de un afán compensador de las restricciones y prohibiciones del franquismo”. 

(*) Federico Durán López,  es Catedrático de Derecho del Trabajo por la Universidad de Córdoba, de la que ha sido Decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector. Ha sido Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (1986-1992) y presidente del Consejo Económico y Social (1992-2001) . En la actualidad es director del Departamento Laboral de Garrigues.