¿Hasta dónde podemos llegar?

Ignacio Sánchez-Cuenca

Por el momento, apenas se ha hablado de cuál podría ser el final político del proceso de paz. Suponiendo que todo vaya bien, que con el tiempo el diálogo entre ETA y el Estado fructifique, ¿en qué podría acabar la cosa? Las razones de que no se hable del asunto son varias. Por un lado, autocensura. Si por hablar simplemente de “proceso de paz” ya le caen a uno toda clase de acusaciones e improperios, qué no se dirá si se discute sin cortapisa sobre un posible acuerdo final que culmine el proceso. Por otro lado, muchos creen, probablemente con razón, que resulta peligroso y contraproducente hablar de algo que puede reforzar la posición de los terroristas: cuando ETA esté más madura, ya habrá tiempo de discutir sobre esta cuestión; ahora estamos en una fase anterior y no conviene adelantar acontecimientos.

Por el momento, apenas se ha hablado de cuál podría ser el final político del proceso de paz. Suponiendo que todo vaya bien, que con el tiempo el diálogo entre ETA y el Estado fructifique, ¿en qué podría acabar la cosa? Las razones de que no se hable del asunto son varias. Por un lado, autocensura. Si por hablar simplemente de “proceso de paz” ya le caen a uno toda clase de acusaciones e improperios, qué no se dirá si se discute sin cortapisa sobre un posible acuerdo final que culmine el proceso. Por otro lado, muchos creen, probablemente con razón, que resulta peligroso y contraproducente hablar de algo que puede reforzar la posición de los terroristas: cuando ETA esté más madura, ya habrá tiempo de discutir sobre esta cuestión; ahora estamos en una fase anterior y no conviene adelantar acontecimientos.

Con todo, creo que es necesario abordar la cuestión. No creo que ETA vaya a crearse expectativas más optimistas porque cuatro locos discutamos en Internet sobre estas cosas. Además, la discusión sobre el futuro es una manera de prepararse ante posibles eventualidades.

¿Cómo interpretar aquellas palabras de Zapatero sobre el derecho a decidir de los vascos en el marco de la Constitución? Fue una declaración calculadamente ambigua, destinada a satisfacer tanto a los constitucionalistas como a los nacionalistas. ¿Qué quiere decir que los vascos decidan su futuro? ¿Acaso no lo hacen cada vez que se celebran elecciones municipales, autonómicas, generales o europeas?

Por supuesto que los vascos llevan mucho tiempo discutiendo sobre sus asuntos en condiciones (imperfectamente) democráticas. Pero el asunto de la secesión nunca se ha planteado abiertamente. Por razones que se han expuesto muchas veces en el pasado, los vascos, como pueblo, no tienen derecho alguno a la auto-determinación. Ya se auto-determinan en la democracia española. No obstante, siendo verdad que el llamado derecho de auto-determinación en el plano internacional no se aplica en absoluto al caso vasco, no podemos por ello negarnos a hablar de auto-determinación o secesión (no como derecho, sino como proyecto o aspiración política).

A mi juicio, en ausencia de violencia, el asunto, aun siendo de enorme gravedad, no puede eliminarse del debate político. En concreto, me parece que puede aprenderse mucho de la famosa sentencia que elaboró el Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso de Québec. En esa sentencia el Tribunal dejaba claro que aun no habiendo derecho de auto-determinación, el Estado canadiense no podía ser insensible a una demanda de independencia ampliamente mayoritaria y estable en el tiempo. La existencia de una mayoría así no es suficiente para que se produzca una secesión unilateral por parte de Québec, pues, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Canadá, la secesión no puede realizarse unilateralmente, sino que requiere complejas negociaciones entre todas las partes afectadas por una decisión así. Un proceso de secesión ha de realizarse mediante acuerdos multilaterales que satisfagan al mayor número posible de personas en el conjunto de la sociedad.

Si ETA abandonara definitivamente la violencia, no sería absurdo abordar el desafío nacionalista vasco en los términos en los que lo hizo el Tribunal Supremo de Canadá. Cabe imaginar un nuevo Estatuto vasco que contemple, con todas las salvedades y peculiaridades necesarias, alguna cláusula que recoja el espíritu de la sentencia sobre Québec. Si en algún momento hubiera en la Comunidad Autónoma Vascas una mayoría amplia y estable favorable a la independencia, el Estado no hará oídos sordos a esa demanda, iniciándose un proceso de diálogo y negociación en el que se calibren los apoyos y compensaciones que requeriría una salida independentista.

Supongamos que tras la desaparición de ETA se impone una solución como la que se acaba de apuntar. ¿Se estaría pagando un precio político por ello? Según lo veo, la respuesta es negativa. Por una parte, la doctrina de Québec sólo entraría en funcionamiento a condición de que no quedara resto alguno de terrorismo nacionalista vasco. Por otra, creo que la solución ensayada por el Tribunal Supremo canadiense sería adecuada para el País Vasco incluso si no hubiera habido nunca ETA. Según esa solución, ni el territorio tiene derecho de auto-determinación, ni el Estado puede hacer oídos sordos a una demanda clara y fuerte favorable a la secesión, cuando ésta llegue.

Una solución en el estilo de la de Québec, tras la desaparición de ETA, me parece factible y deseable. Si además esa solución sirviera para adelantar y consolidar el fin de ETA, pues tanto mejor.

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