Guardias civiles, derechos civiles

Jelloun

La reciente aprobación por el Gobierno de dos proyectos de ley orgánica para regular los derechos y deberes de los guardias civiles y el régimen disciplinario de ese cuerpo que, entre otras cosas, suprimen la pena de arresto y delimitan la aplicación del Código Penal Militar, ha supuesto el cumplimiento de un compromiso electoral y ha sido bien recibida por la mayoría de colectivos de este cuerpo. La ley excluye el derecho de sindicación, pero reconoce  el derecho de asociación profesional, muy similar al de jueces y fiscales. Son cosas distintas pero el asociacionismo recoge una demanda muy antigua y da un margen para canalizar demandas e impulsar mejoras profesionales.

El PP ha rechazado apoyar estas reformas por considerar que constituyen una “desmilitarización encubierta” del instituto armado. Los populares anunciaron su “oposición rotunda” a toda iniciativa que mitigue su carácter castrense, incluida la atenuación de su régimen disciplinario. Fieles a su pulsión catastrofista, vaticinaron  que un cambio de naturaleza en el instituto armado afectará a su eficacia y a la disciplina de sus miembros. Y anunció que El PP defenderá “con toda rotundidad” la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, incluso cuando cumplan tareas de seguridad ciudadana o tráfico.El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso un dictamen contrario al proyecto del Gobierno en el que aseguraba que la no aplicación del Código Penal Militar a los agentes era “incongruente” con su naturaleza militar. Según Rubalcaba, “la reforma no quita un ápice de eficacia a la Guardia Civil; si además da satisfacción a algunas reivindicaciones, miel sobre hojuelas”.

Esas reivindicaciones son las que llenaron la Plaza mayor de Madrid el pasado 20 de enero de tres mil uniformados que  reclamaban así sus derechos. Y las que se plasmaron en esa imagen impactante del guardia civil puño en alto. Para el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Joan Miquel Perpinyà aquel espectacular acto reivindicativo constituyó un “empujón” para que el Gobierno decidiera aprobar los proyectos de ley.La Guardia Civil se creó en 1844 con el objetivo de sustituir al Ejército en las tareas de seguridad ciudadana. Parece ser que la propia reina Isabel II dio su nombre a esta nueva policía, con el argumento de que tratándose de unos guardias armados al servicio de los poderes civiles deberían llamarse guardias civiles. Proyectada como un cuerpo militar pero de naturaleza civil la Guardia Civil en sus 163 años de existencia nunca formo parte estrictamente del Ejército, aunque la dictadura franquista militarizó los cuerpos policiales para la represión política.Ya en la transición democrática, la manipulación de los guardias civiles durante la intentona golpista del 23-F de 1981 fue quizás la máxima expresión de la militarización y la utilización de ese Cuerpo realizada durante años contra los propios guardias civiles (bajos salarios, ningún derecho, mandos tiránicos, etc.).

La llegada al poder en 1982 de los socialistas significo la desmilitarización de los cuerpos de policía, con la excepción de la Guardia Civil, cuyas funciones policiales permanecieron bajo la disciplina militar. ¿Fue el precio que hubo que pagar para tranquilizar al ejército?

Lejos ya de los tópicos de antaño, hoy en día el servicio prestado por este cuerpo policial, en áreas muy diversas, es positivamente valorado por la sociedad española.  Sin embargo este reconocimiento no se ha visto reflejado en la necesaria dignificación de las condiciones laborales y sociales de los guardias civiles. La historia del asociacionismo democrático en la Guardia Civil no ha sido fácil.

Fue treinta años atrás, cuando se inició la lucha por los derechos de los guardias civiles. El 17 de diciembre de1976 cuatrocientos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre guardias civiles y policías, vestidos de paisano, se concentraron en la plaza de Oriente de Madrid y tras celebrar una asamblea se dirigieron en manifestación hasta las puertas del Ministerio de la Gobernación (hoy Ministerio del Interior). Los ochenta fueron años de activismo clandestino de diversos  sindicatos de Guardias Civiles. De ruedas de prensa con guardias encapuchados. Y de intentos de descabezamiento de ese sindicalismo.

El escándalo Roldan permite la legalización de las primeras asociaciones de guardias civiles, que se fusionan en una “Coordinadora pro perjudicados por Luis Roldan�. A partir de ahí se ha vivido una situación un tanto extraña, porque no habiendo un marco jurídico que avalara el asociacionismo reivindicativo los Tribunales dieron carta de naturaleza a las actividades de este tipo de entidades que pugnaban por su reconocimiento como asociación “sindical�. En 1998 una sentencia de la Audiencia Nacional resolvía un recurso presentado por el Gobierno estimando  legales los fines estatutarios de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) considerándolos “altamente saludables� para la sociedad española.

Ese mismo año,  la AUGC recogía  el respaldo a la lucha por los derechos de los guardias civiles de los grandes sindicatos, CCOO y UGT, de las organizaciones sindicales policiales y de los partidos democráticos de izquierda. Aun así, transcurriría  casi otra década hasta que  en julio del año 2005, la AUGC ganara en los Tribunales su  reconocimiento legal, tras rechazarse un recurso interpuesto por el Ministerio de Interior contra su denominación.

El 22 de enero de 2004, en el Palacio de Congresos de Madrid, más de 1.500 guardias civiles arropaban con su presencia la aprobación del “Manifiesto por los derechos de los guardias civiles�. El cambio, impulsado por AUGC, era ya imparable. La AUGC ha luchado estos años contra los arrestos disciplinarios y la aplicación del Código Militar por faltas en el servicio policial, reclamando reglamentos más acordes con los códigos deontológicos y éticos vigentes en las policías europeas. Ha demandado la dependencia exclusiva del Ministerio de Interior y la desmilitarización. Y ha difundido su aspiración a un modelo policial con reglamentación de jornada, permisos y vacaciones como el resto de funcionarios, con una homologación salarial adecuada y el fin de los abusos y arbitrariedades  en el Cuerpo. Su modernización, en suma.

¿Era necesaria la escenificación de la protesta de la Plaza mayor? ¿No supuso, de algún modo, subirse al carro de la agitación callejera puesta en marcha por la oposición conservadora, aprovechándose de la aparente vulnerabilidad del Gobierno? ¿No se daba apoyo así a esa oposición de la que nada podrían esperar si volviera  al gobierno? El debate ha atravesado incluso las filas de los guardias asociados. Los promotores de la iniciativa aunque se reconocen aquejados tal vez del síndrome de “ahora o nunca� defienden que en cualquier caso la presión social es legítima en democracia y más cuando los ciudadanos que reclaman derechos cuentan con la complicidad del partido gobernante, impulsor de una intensa actividad legislativa en ese sentido.
 
“Sin presión no conseguiríamos nada, porque al otro lado de la balanza, la resistencia de los generales pesa mucho� ha declarado Joan Miquel Perpinyá, Secretario General de la  AUGC.

Para muchos, la reivindicación de derechos constitucionales para la Guardia Civil y la exigencia de la desmilitarización del cuerpo ponen de manifiesto los últimos resortes heredados de la dictadura. El programa electoral del PSOE aun manteniendo la naturaleza militar de la Guardia Civil garantizaba esos derechos. Pero para los sectores inmovilistas son cosas inseparables. ¿Es posible reconocer derechos tan legítimos sin desmilitarizar el cuerpo? He ahí el dilema. En esta legislatura al menos, la respuesta positiva del Gobierno a ese dilema, en cumplimiento de su programa electoral, ha permitido ya dar un paso trascendental.

¿Y de cara al futuro? ¿No habrá llegado el momento de desmilitarizar la Guardia Civil? Si efectivamente es esa una de las cuentas pendientes de la transición quizás vaya siendo hora de saldarla. El sindicalista Perpinyá lo tiene claro: “Este problema no se resolverá hasta que el gobierno no siente en la mesa a los 300 generales con una cuartilla y un lápiz y les haga escribir mil veces:�Soy un funcionario más�.