¿Golpe, jaque o farol al Estado?

LBNL

La investidura anoche de Puigdemont como President de la Generalita tras la cesión in extremis de la CUP plantea un escenario lleno de interrogantes. En principio la jugada catalana le da la puntilla al intento de Pedro Sánchez de formar un gobierno de izquierdas con ayuda de Podemos dado el apoyo de este último a un referendum de autodeterminación, y si no consigue ser Presidente del Gobierno, muy dificilmente conseguirá sobrevivir como Secretario General del PSOE. Pero el que lo tiene peor, sin duda, es Puigdemont, que se va a enfrentar a la ineludible necesidad de violar la ley e incurrir en responsibilidad penal o defraudar las cada vez mayores expectativas del independentismo catalán. Mas fue muy cuco en todo momento, como también en lo personal, guareciéndose siempre de quedar al descubierto. Puigdemont, en cambio, no tiene alternativa. Ha sido elegido para cumplir la resolución del Parlament que requería la presentación de leyes independentistas en el plazo de un mes, con vistas a una declaración de independencia en plazo de año y medio. Y sin embargo, su nombramiento será comunicado a Su Majestad El Rey al objeto de que tenga validez y efectos legales. Ese es su principal problema: en el momento en el que se declare insumiso con respecto a la legalidad constitucional, cualquier catalán podrá declararse insumiso respecto a la Generalitat.

Durante la votación se iban congregando “estelados” a las puertas para celebrar la previsible investidura de un President abiertamente independentista. Pero en el hemiciclo el ambiente era de normalidad institucional e incluso de jocosidad ante algún voto en tono alzado o el del propio investido. El Presidente del Gobierno en funciones compareció ante la prensa antes de que concluyera la sesión para asegurar que la maquinaria administrativa y jurídica del Estado actuará contra cualquier intento de rebasar la legalidad. Hasta el momento las actuaciones necesarias han sido menores y bastante inocuas, precisamente porque Mas se anduvo siempre con muchos miramientos antes de incurrir en responsabilidades penales ineludibles: amagando que es gerundio. Puigdemont no lo tendrá tan fácil.

Rajoy tampoco, porque si el nuevo Govern cumple con lo prometido, tendrá que actuar, recurriendo al Tribunal Constitucional y poniendo los medios para hacer cumplir sus resoluciones, incluida la suspensión de la autonomía catalana por vía del artículo 155 de la Constitución si llegara a ser neceario, que bien pudiera ser el caso. Ahora bien, el Govern probablemente tendrá el mayor cuidado para evitar la ruptura, por la cuenta que le trae. No sólo en el ámbito de la responsabilidad penal individual sino también en términos financieros, insitucionales y sociales.

Si Cataluña se declarara independiente mañana, nacería quebrada porque el Estado suspendería el apoyo financiero que le viene dando. En su momento quizás Cataluña podría ser autosuficiente económicamente pero para ello tendría primero que desarrollar una Hacienda catalana capaz de recaudar los impuestos generados en su territorio, sobre la base de leyes propias, y contar con un dispositivo de inspección, sanción y recaudación propios, de los que carece hoy día. De ahí el plazo de año y medio. En teoría durante los próximos dieciocho meses, Cataluña se dotará de las insituciones y capacidades para poder declararse independiente en condiciones, al estilo de Israel, que contaba con todo lo necesario, incluido un ejército para cuando el Reino Unido se retiró de la Palestina Británica.

El plan tiene sentido pero hace agua por todos  lados precisamente porque la legitimidad jurídica y la sostenibilidad económica vienen de la mano de la Constitución que se pretende conculcar. Si los potentados catalanes estuvieran dispuestos a financiar la creación de dichas insituciones independientes, los funcionarios en Cataluña a someterse a un nuevo poder independiente y la ciudadanía lo respaldara muy mayoritariamente, quizás podría funcionar. Pero nada de eso se da. Al contrario. La burguesía catalana echa chispas ante la deriva autonomista que ya está haciendo mella en sus cuentas de resultados. Los funcionarios, incluidos los Mossos, se lo pensarán muy mucho antes de arriesgar su puesto de trabajo y salario y la ciudadanía catalana está muy lejos de lanzarse abiertamente a una independencia unilateral que convierta a Cataluña en una especie de Kosovo balcánico.

El pacto in extremis tiene muchas explicaciones, incluida la esquizofrenia de la CUP, a partes iguales independentista y anticapitalista al máximo. Se nos vende como la anteposición de un postulado político supremo – la independencia – en virtud del cual Mas acepta inmolarse – pese a declarar solemnemente 24 horas antes que su reemplazo implicaría el fin del procés – y la CUP acepta entronizar un nuevo President de la Convergencia de los recortes. Pero también cabe interpretarlo como la necesidad de evitar pasar de nuevo por las urnas ante el temor de un castigo electoral considerable tanto para Convergencia – que en las generales siguió perdiendo votos – como para la CUP, que no sería compensado globalmente por la previsible subida de Esquerra.

Tal y como sucedió en el País Vasco, la aventura soberanista de Ibarretxe provocó una sangría gradual del voto nacionalista sólo contenida cuando una nueva dirección del PNV puso fin al delirio y bajó del monte, a tiempo de evitar ser fagocitada por la izquierda abertzale. Las diferencias entre ese mundo y Esquerra son enorme pero la investidura de un nuevo President convergente ayer no evitará que el nuevo partido que pretende refundar Mas pierda su clásico papel hegemónico en la política catalana basado en el control de su economía, ahora en manos de Oriol Junqueras.

Afortunadamente Rajoy es de los que prefieren actuar sólo cuando es inevitable y hasta la fecha ha optado por la mayor contención posible, jugando a dejar que los soberanistas catalanes estrellen su propia retórica contra la realidad. Con un poco de suerte seguirá en la misma tónica, incrementando la presión sobre el PSOE para que acepte de una u otra forma su investidura pero manteniendo la pugna con la nueva Generalitat el plano estríctamente legal, en el que tiene todas las de ganar.

Pedro Sánchez podría no tenerlo tan mal como anticipan muchos. Es improbable que la mayoría del partido opte ahora por aceptar investir a Rajoy como Presidente y a los que se atrevan a pedirlo les podría echar en cara sus negativas de las últimas semanas. Por otro lado, Podemos lo tiene todavía más crudo. Una cosa es estar a favor de un referendum catalán de autodeterminación y otra bien distinta apoyar actos ilegales hacia la secesión unilateral. De acuerdo, Rajoy y el inmvovilismo del PP tienen mucho que ver con el ascenso del independentismo en Cataluña. Lo sabemos todos. Pero si el nuevo Govern actúa ilegalmente, ¿Podemos apoyará la actuación estatal en contra o se opondrá? En el Parlament han votado en contra así que…

De hecho, si jugara bien sus cartas, Pedro Sánchez podría cuadrar el círculo gracias a Cataluña. Es muy complicado porque necesitaría llegar a un acuerdo con Podemos que permitiera que Ciudadanos se abstuviese en una eventual investidura socialista pero quizás podría conseguir esto último a partir de su apoyo al Gobierno en funciones a las actuaciones – consensuadas, eso si – contra las posibles ilegalidades del nuevo Govern. Además, podría ofrecerles a ambos una investidura para un Gobierno limitado en el tiempo, que se limitara a la defensa estricta de la legalidad constitucional en Cataluña mientras articula una reforma constitucional que permita “arreglar España” para que los catalanes quieran quedarse – como pide Ciudadadnos – que inlucya un referendum – como pide Podemos – pero a escala nacional, todo ello aderezado por una reforma electoral en la que coinciden Ciudadanos y Podemos, y en menor medida el PSOE – listas desbloqueadas o abiertas, primarias por imperativo legal, etc.

Es muy improbable que nada de esto suceda, tanto por las posiciones de Ciudadanos y Podemos como por las propias limitaciones de Sánchez al mando del PSOE, con demasiados próceres interesados principalmente en desalojarle de la Secretaría General.

Así las cosas, probablemente nos encaminamos a un escenario de inestabilidad política máxima, con un desafío al Estado desde Cataluña con un Gobierno central en funciones durante los próximos meses, con el agravante de la incertidumbre respecto al principal partido de la oposición.

¿Queríamos catarsis, no? Pues ya la tenemos, a todos los niveles. Lo bueno es que nuestro país, tanto España como Catalunya, son socialmente maduros por lo que la inestabilidad política tendrá efectos muy limitados sobre la convivencia y la paz social, que son lo más importante.

Convergencia seguirá amagando, quizás con mayor vigor en vista de la presión desde la retaguardia, pero perfectamente consciente de la necesidad de evitar el suicidio, tanto propio como el colectivo de Cataluña, y el PP seguirá agitando la bandera de la unidad de España para conseguir renovar el mandato gubernamental pero – que suerte que Aznar no cuente – tratando en todo momento de seguir dejándole el peso de la ruptura de la legalidad al Govern, mientras Sánchez, Iglesias y Rivera hacen equilibrios con un ojo puesto en Cataluña y el otro en las probables nuevas elecciones generales de mayo.