¿Genocidio?

Lobisón

El 10 de mayo un tribunal guatemalteco condenó a 80 años de cárcel al general y exdictador Efraín Ríos Montt, por genocidio y crímenes de guerra en 1982-83 contra los indígenas ixiles, dentro de la guerra civil que sólo terminó con los acuerdos de paz de 1996. Los partidarios de Ríos Montt, que los tiene y muchos, han acusado a la Iglesia, a la comunidad internacional —incluyendo al embajador norteamericano—, y a los intelectuales de izquierda de haber montado una farsa que divide al país.

Para quienes no son partidarios de Ríos Montt, sin embargo, hay algo que llama la atención: la condena por genocidio. El general, que para evitar ser sometido a interrogatorio en el juicio no habló hasta que el fiscal hubo presentado sus conclusiones, dijo entonces que nunca había tenido intención de destruir a ninguna raza, y que durante su gobierno se dio voz por vez primera a los pueblos indígenas en el Consejo de Estado. Ahora bien, no tiene sentido hablar de genocidio si no existe el propósito de exterminar o centrar el daño en un grupo étnico determinado.

El punto es que, por muy terrible y cruel que fuera la represión que sufrieron los ixiles, no hay mucha razón para creer que fuera parte de un propósito de exterminarlos o que fueran un blanco especial. Más bien se diría que fueron víctimas de un terror atroz para privar de apoyo a la guerrilla, dentro de lo que los ‘maestros’ en contrainsurgencia denominan quitarle el agua al pez. Es improbable que los ixiles fueran las únicas víctimas de esa estrategia, y es sabido que entre los soldados que la perpetraron la inmensa mayoría era también indígena.

Esto abre dos líneas de reflexión. La primera es que para muchos indígenas —que son más de la mitad de de la población de Guatemala— la guerra dejó el sentimiento de haber sido utilizados como carne de cañón y abandonados a su suerte, pese a que la guerrilla se planteaba liberarlos de la oligarquía criolla. El deseo de invisibilidad que podría haber resultado de la experiencia de la guerra y el terror sería quizá una causa fundamental del fracaso del referéndum de 1999 para la reforma constitucional —que beneficiaba en gran medida a los indígenas—, y en el que no llegó a votar ni el 20% de la población.

Una segunda cuestión es la pertinencia jurídica de acudir a la figura de genocidio para encausar delitos atroces y masivos cuyas víctimas pertenecen a una etnia determinada sin exclusión de otras ni voluntad probada de exterminio. Una acusación de genocidio tiene la ventaja de evitar la prescripción de los crímenes y de ser sostenible ante tribunales internacionales, pero quizá haya llegado el momento de elaborar otras figuras jurídicas que tengan la misma fuerza sin necesidad de forzar su definición.

Los abogados de Ríos-Montt van a recurrir la sentencia, y en todo caso la edad del condenado (86 años) hace evidente que el principal valor del juicio es simbólico: sentar un precedente frente a la impunidad. Sería lamentable que la sentencia pudiera ser revisada por su interpretación discutible del delito de genocidio, precisamente porque erosionaría ese valor moral de la condena de delitos monstruosos.