Garoña: ahora toca cumplir el programa

Barañain

Hace una semana, en  su excelente viñeta diaria en El País “El Roto” se preguntaba: “¿Cómo es posible que un yogur caducado haga daño y una nuclear caducada no?”.  No han sido pocos los lectores que se habrán visto reconocidos en ese interrogante. Uno de ellos escribía (“Cartas al Director” 14/06/09): “A mi modo de ver, El Roto da en la diana. Yo preguntaría también: ¿por qué la gran mayoría de los Gobiernos occidentales decidieron tras el desastre de Chernóbil hacer una moratoria nuclear? La respuesta es clara: por la seguridad y por los costes económicos que supone este tipo de energía”.

 

Ese lector se extendía  en consideraciones sobre las medidas de seguridad, los costes y secuelas de un accidente nuclear para la zona afectada, el problema de los residuos, la vida útil de las centrales, etc… para concluir animando al gobierno de Zapatero al desmantelamiento de la central de Garoña  – “que sea valiente”-, y a que, paralelamente,  garantice a los trabajadores de la misma y de su zona de influencia económica una alternativa compatible con la apuesta del gobierno por las energías renovables.

 

Es ese, sin duda, un pronunciamiento  legítimo y representativo de una de las posturas que se confrontan en el ya viejo debate en torno a la energía nuclear: recoge, de modo muy sintético, las dudas, temores y convicciones  que laten en las posiciones, digamos, antinucleares. Tan legítimo  como puede serlo el planteamiento contrario, que ve inconveniente  descartar la energía nuclear bien por convicción sobre su seguridad y los beneficios que aporta  o bien  por razones coyunturales en relación con la situación actual económica o por desconfianza sobre la capacidad de las fuentes  alternativas para satisfacer nuestras necesidades energéticas.

 

En el reciente pleno del Parlamento Vasco que aprobó –por amplísima mayoría- exigir al Gobierno central el cierre de Garoña, el representante del PP se opuso a tal acuerdo denunciando que en esta cuestión “el marketing político electoral se ha puesto por encima del criterio técnico”. El único parlamentario de UPyD, que también se opuso al acuerdo finalmente aprobado, se justificaba diciendo que ello “no debe entenderse como un apoyo expreso a la energía nuclear, sino a favor de que se abra un debate transparente dejando al margen populismos y demagogias”.

 

¿Pero es ese el debate que toca ahora? ¿Se trata de reabrir la discusión « técnica » o « ideológica » al respecto –si es que alguna vez se cerró tal debate-, o se trata de que el gobierno cumpla también en ese punto el programa electoral con el que ganó las elecciones? A mí me parece que esa es ahora la cuestión relevante. Creo que se equivocaría gravemente el Gobierno si cediendo ante la presión –fortísima- que está soportando, incumpliera  su programa. Todo parece indicar que no va a  hacerlo pero algunos titubeos en los últimos días o cierta forma –por desgracia no infrecuente- de presentar la cuestión a la defensiva o a remolque de la iniciativa de la oposición, han dado la impresión de que había dudas sobre la decisión que finalmente ha de adoptar el Presidente del Gobierno y han espoleado a su vez la ofensiva del llamado lobby nuclear, que no da la batalla por perdida.   

 

El programa electoral del PSOE para las últimas elecciones generales incluía el compromiso de cerrar las plantas nucleares “al final de su vida útil dando prioridad a la garantía de suministro”. Es en 2011 cuando se cumple el ciclo de vida útil de la central de Garoña. La interpretación de este compromiso no debería admitir  dudas por más que desde el lobby nuclear se hayan empeñado incluso  en convencer a Zapatero -¡qué ternura!- de que si no cierra Garoña, ello no le supondrá coste político pues en realidad no incumpliría su programa, argumentando que con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear  la vida útil de la Central habría aumentado y sería mayor de esos cuarenta años para los que fue diseñada y que cumplirá en 2011. 

 

Días atrás, el Ministro José Blanco se mostraba rotundo –y con ello enfriaba las expectativas que estaban generando entre las empresas eléctricas accionistas de la central-, al afirmar que “en política lo más importante es cumplir con la palabra dada”,  que el compromiso del gobierno es que  “sólo excepcionalmente, porque hubiera un déficit energético, continuaríamos con la central de Garona” y  que “parece que no es el caso”. Efectivamente, en  España  no se da “el déficit energético” que justificaría  mantener abierta Garoña. Las nucleares producen el 18% de la electricidad de España y dentro de ellas Garoña es la más pequeña: de esta central se obtiene el 1,4% de la electricidad.  La caída de la demanda y la construcción los últimos años de fuentes alternativas de generación de energía (plantas de gas, molinos)  la hacen aún más prescindible. Es un dato inobjetable que España exporta el triple de  lo que produce la central de Garoña.

 

Dijeron los medios que esa oportuna declaración de José Blanco sentó “más que ninguna otra, como un mazazo en el sector nuclear”. Se ha extendido desde entonces la sensación de que para Garoña la suerte está echada pues parece complicado que el Gobierno se eche atrás y mantenga abierta la nuclear más allá de 2011. Yo no sé si el cierre de Garoñaa tendrá el efecto de mensaje definitivo que algunos auguran (“Si cierra Garoña, Zapatero habrá cortado las alas del sector nuclear y lanzado un mensaje que llegaría a todos los rincones”), pero sí estoy convencido del decisivo efecto que tendría  la opción contraria, pues si Zapatero permite que Garoñaa funcione más allá de 2011, aunque no sea durante los 10 años de prórroga, habrá abierto una puerta muy difícil de cerrar al resto de las nucleares y habrá mostrado la debilidad o inconsistencia de sus mensajes respecto a la energía nuclear.

 

No hay que olvidar que ya en las elecciones que le llevaron por vez primera al gobierno, Zapatero se comprometió a sustituir progresivamente la energía nuclear por energías más seguras, limpias y baratas, procediendo al cierre de las centrales nucleares una vez agotada su vida útil. Se planteó entonces llevar esto a cabo en un plazo de veinte años. Tampoco es ocioso recordar que en España ya se ha ordenado con anterioridad una moratoria nuclear y se ha paralizado la construcción de varias centrales en marcha (con gobiernos de Felipe González) y que incluso se ha cerrado una (el Gobierno de Aznar clausuró la de Zorita cuando esa central tenía la misma edad que tiene ahora Garoña).

 

¿Por qué entonces ese empeño en presentar ahora la decisión que ha de tomar Zapatero como si se tratara poco menos que de una irresponsabilidad que el Presidente va a cometer simplemente  porque se siente «atrapado» u «obligado» por su programa electoral? Se ha llegado a decir que si Zapatero cumple el programa  lo hará influido por el resultado de las elecciones europeas, para granjearse nuevamente el apoyo de determinados sectores sociales. Y se ha planteado así como si eso fuera en sí mismo algo rechazable, como si el PSOE tuviera que justificarse por aplicar su propio programa electoral. Por supuesto que el Gobierno hace bien en reforzar aquellas políticas que respondiendo a sus compromisos programáticos contribuyan, además,  a su solidez política. Lo estúpido sería lo contrario.

 

Entiendo la estrategia de la oposición al presentar así las cosas. Entiendo menos los titubeos de algunos sectores socialistas y su facilidad para dejarse atrapar por esa estrategia  y, una vez más,  actuar a la defensiva en lugar de hacer valer el compromiso electoral como algo propio y positivo en sí mismo. 

 

La necesidad de que el Gobierno decida sobre Garoña en este momento concreto –su licencia de actividad expira el cinco de julio-, estimula lógicamente el debate sobre el modelo energético que deseamos. Bienvenida sea la discusión, sobre todo si consigue elevarse más allá de la simple disyuntiva « nucleares si/no ». Pero que tal debate –o su supuesta carencia-, no se esgrima ahora como coartada para impedir el cumplimiento del programa que mayoritariamente han votado los ciudadanos.