Frente al desconcierto, iniciativa

Jelloun

Decía un comentarista, anteayer, que el primer reproche que cabía hacer al Gobierno era el de no haber preparado adecuadamente a la opinión pública para momentos como el vivido este 30 de diciembre. Quizás por haber cedido a la tentación de rentabilizar a corto plazo el proceso, o quizás porque no se vio mejor manera de contrarrestar la implacable ofensiva del PP, se difundió una versión optimista del proceso con una evolución lineal, mas o menos ralentizada por momentos, pero cuyo control estaba garantizado. Eso es lo que entendieron los ciudadanos en las palabras del Presidente en su balance de fin de año.

De modo que no se advirtió claramente a la ciudadanía que al reiterar lo “largo, duro y difícil” del proceso se estaba hablando de sus riesgos reales. Que no se trataba de una jaculatoria ritual. Que había que estar preparados para vivir altibajos en un proceso que iba a tener sus momentos negros, que podía temporalmente interrumpirse, que podía haber marcha atrás y que, en definitiva, podíamos tener bombas y muertos. Y que no estaba garantizado el “happy end” aunque merecía la pena intentarlo.

Estos días asistimos, entre sorprendidos y decepcionados, al desconcierto del Gobierno, sorprendido por la magnitud del “puñetazo en el tablero” dado por ETA y, sobre todo, porque la organización le hubiera engañado de tal forma sobre sus intenciones. Asistimos también a un no menor desconcierto de Batasuna e intuímos que la decisión de ETA traduce un cambio en la correlación interna de fuerzas que, una vez mas, desplaza del poder decisorio a quienes apostaban por la negociación en beneficio de quienes tienen tanta capacidad de autoengaño como de golpear (como señalaba Kepa Aulestia, en ETA se comprueba una vez más que “el mando lo tiene el comando”). El problema estriba en que, al parecer, era con el tándem Otegui (Batasuna)-Ternera(ETA) con quien tenía establecida la interlocución el Gobierno. Los que, parece, no tenían la capacidad de decisión.

Si fatal ha resultado el despiste mostrado por el Gobierno respecto a la situación de sus interlocutores, no debería este empeorar las cosas, dejándose llevar ahora por el nerviosismo y la sobreactuación, queriendo hacerse perdonar sus errores con proclamas reiterativas sobre el fin del proceso de paz y la firmeza con que actuará contra los violentos. Lo que hace faltan son más ideas claras –empezando por el análisis de lo que ha fallado hasta ahora-, y menos aspavientos.

Conviene evitar las confusiones. El “final dialogado de la violencia” es una fundada convicción política de los demócratas cuyos antecedentes se remontan, al menos, al Pacto de Ajuria Enea, y cuya última plasmación solemne es la conocida resolución del Congreso de los Diputados. No debe confundirse con el “proceso de paz”, que es la iniciativa concreta impulsada por el Gobierno una vez constatada la voluntad de los terroristas de explorar ese final dialogado e impulsado a partir de su declaración de “alto el fuego permanente”. Verificado que ETA no está aún madura para el diálogo tal como lo entendemos los demócratas se acaba este concreto proceso, no es viable ahora. Pero la convicción política sobre el final dialogado de la violencia sigue en pie, como lo estuvo en períodos mucho mas siniestros de actividad terrorista plena.

Lo ocurrido no altera el sentido profundo de la resolución del Congreso que avaló el intento del Gobierno. Sólo sirve para demostrar que no hay aún en ETA esa intención de dejar la violencia. Por tanto, es obvio que no se puede entablar ahora diálogo alguno ni propiciar mesas de partidos –un colchón para Batasuna-, que aborden la resolución de problemas políticos subyacentes. Y a partir de esa constatación, no hay más respuesta posible a ETA que seguir actuando contra ella y sus valedores políticos con las armas del estado de derecho. Y dejarles claro que la próxima vez que llamen a la puerta del Gobierno –porque habrá próxima vez, sin duda-, se encontrarán una posición mas exigente por su parte.

Otras confusiones evidentes son las que afectan al modo con que los demócratas afrontan la lucha contra el terrorismo. Se vuelve a oír la cansina e idealista –en el peor sentido de la palabra-, invocación a restablecer la unidad perdida contra ETA. Creo que deberíamos haber aprendido ya que no sirve de nada enmascarar con hermosas palabras los problemas políticos reales. El PP ha vuelto a confirmar –con su escenificación de estos últimos días- que su interpretación del significado del Pacto Antiterrorista es radicalmente incompatible con la que mantiene el PSOE y el Gobierno. No tiene sentido seguir mareando la perdiz con la imposible vuelta al Pacto. Y menos aún, dar la impresión de que se actúa ahora a la defensiva frente a un rival tan desleal como crecido.

El Gobierno debe salir del aparente desconcierto y tomar la iniciativa política, para deshacer esas confusiones. Iniciativa frente a los violentos y frente a la oposición del PP. Y, en primer lugar, iniciativa ante los ciudadanos perplejos. Este triple desafío tiene un lugar privilegiado para hacerse realidad: el Parlamento. En mi opinión, el Presidente Zapatero debiera haber tomado ya la decisión de comparecer ante los representantes de la soberanía nacional, por propia iniciativa, sin necesidad de ser requerido a ello por otras fuerzas políticas. Los demócratas se merecen una explicación sobre lo ocurrido. No puede ser que todo lo que llegue a los ciudadanos sean especulaciones y análisis mejor o peor intencionadas de quienes han sido espectadores pasivos de un proceso. Más allá de constatar lo inesperado del golpe de ETA y de reconocer la obviedad del fin del alto el fuego, es esperable un reconocimiento explícito de los errores en la valoración y gestión del proceso por parte de nuestros gobernantes.

Sólo a partir de ahí cabe una relectura de la resolución del Congreso que manteniendo la apuesta por el “final dialogado” y constatando sus dificultades, se reafirme en el rechazo al precio político, en la exigencia del desmarque de los violentos como requisito previo para cualquier reconocimiento político de la izquierda independentista y en el apoyo al Gobierno en su combate contra los violentos. Combate que debería arrojar resultados, cuanto mas inmediatos mejor. Sobre esas bases puede y debe escenificarse un gran pacto de todos los partidos parlamentarios, que de a los ciudadanos esas certidumbres a las que manera tramposa se refiere una y otra vez el desleal Rajoy. Un acuerdo plural que sirva para superar el inservible pacto antiterrorista PSOE-PP. Cuanto antes se entierre ese cadáver, mas pronto perderá su capacidad de generar réditos políticos.