Financiación autonómica y solidaridad

Barañain

“Parece que esta vez va en serio”. En estos o parecidos términos han reflejado los medios de comunicación la noticia de que, por fin, tras un largo periodo de incumplimientos, retrasos y titubeos por parte del gobierno central, se desbloqueará el traspaso a Cataluña de una serie de competencias así como de los trenes de cercanías de Renfe y de que hay voluntad de llegar al acuerdo sobre financiación. Ya era hora. En realidad, se trata de cumplir, simplemente,  una previsión del estatuto catalán. También sería conveniente que se  abordara  ya, de una vez, la prometida gestión compartida del aeropuerto del Prat entre las administraciones central y autonómica, aunque en este caso se trate no de una previsión estatutaria sino de un compromiso político contraído por Zapatero hace ya mucho tiempo e incumplido también hasta la fecha. 

 

El nuevo gobierno –con Chaves en un papel clave en este asunto-, parece apostar por desatascar las relaciones con las CCAA. En este contexto de nuevo impulso político,  y sea por convicción o por necesidad –derivada de su “soledad” parlamentaria  actual – el gobierno de Zapatero  se muestra más receptivo a las demandas de Cataluña. A falta aún de acuerdo final sobre la financiación es evidente que se respira ya otro clima. 

 

 Miqel Iceta, dirigente del PSC, declaraba hace unos días: “Hemos constatado un punto de inflexión, el reconocimiento de que había muchos temas bloqueados y que ahora se abre un tiempo nuevo. Nuestra reivindicación, vieja, de tener un interlocutor político para el desarrollo autonómico con el Gobierno era imprescindible. Y Chaves responde perfectamente a ese perfil…. ha habido dos años que no se han aprovechado lo suficiente y hay que recuperar un tiempo perdido. Y ahora es el propio Gobierno de España el que lo reconoce.”

 

El mensaje que Manuel Chaves dejó en su reciente visita a Cataluña contenía tres elementos importantes: la voluntad de cerrar el acuerdo en mayo, la necesidad de una mayor aportación de dinero por parte del gobierno central y, muy importante, el reconocimiento expreso de que resulta ilógico – y sería inaceptable- cualquier sistema de financiación en el que  Cataluña quede por debajo de la media en recursos per cápita. Y todo ello a partir de la convicción de que Cataluña está mal  financiada y de la constatación de que “bilateralidad” y “multilateralidad” no son excluyentes. Consideraciones estas últimas que si  bien no son novedosas no habían sido tan claramente así expresadas hasta ahora por el gobierno central.

 

 El gobierno de Catalunya ya había dejado claro que no suscribirá un acuerdo que no cumpla con el Estatuto y que no cambie el injusto modelo pactado entre Convergència y Unió y el Partido Popular el año 2001.  “Nos hemos visto obligados a decir que no querer cumplir el Estatut es una línea infranqueable” decía Iceta en esa entrevista que he mencionado. En cuanto a la financiación, el rechazo del gobierno de Montilla a la última oferta que le hizo el ministro Solbes en nombre del gobierno central tenía una razón profunda. No es sólo que fueran escasos los recursos que tal propuesta supondría para Cataluña (eran 1.200 millones de euros en este año; Artur Mas aceptó el año 2001 un acuerdo que supuso una ganancia de 254 millones de euros, es decir, cinco veces menos que la oferta rechazada por Montilla), es que con esa propuesta de Solbes  se mantiene, como en el sistema actualmente en vigor, unos recursos por habitante de Cataluña por debajo de la media de las Comunidades autónomas de nuestro país.

 

 La solidaridad entre las comunidades autónomas es un principio garantizado por la Constitución. Eso significa que es obligación del Estado  corregir las diferencias socioeconómicas existentes entre las distintas Comunidades y para ello dispone de instrumentos como el de inversión pública, por ejemplo, y alguno específico como el del Fondo de Compensación Interterritorial destinado a fomentar el desarrollo regional. El objetivo debería ser redistribuir los recursos entre las Comunidades para que pudieran suministrar un nivel similar de servicios a sus ciudadanos, haciendo un esfuerzo fiscal también parecido. Las comunidades autónomas con mayor nivel de renta deben pasar recursos a las de menor nivel. Hasta ahí todos de acuerdo.

 

El problema es que tal como está diseñado  el sistema actual los resultados son totalmente injustos, ya que las comunidades con mayor nivel de renta después de la redistribución se quedan con menos recursos por habitante que las comunidades con menor nivel. Lo ha explicado de forma muy didáctica Nuria Bosch (Catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, especializada en  federalismo fiscal  y haciendas autonómica y local, sobre cuya temática ha realizado varias publicaciones y estudios) en diversos artículos de prensa en La Vanguardia y Público: imaginemos que hablamos de ciudadanos y no de Comunidades autónomas y que el resultado de la aplicación del IRPF supusiera que quien más aporta por ser mayor su nivel de renta –en virtud de la progresividad del impuesto- al final del proceso quedara con menos dinero disponible para sí que aquellos que se benefician de esa redistribución; seguro que hasta al más acendrado defensor de la progresividad del impuesto sobre la renta le parecería un despropósito.

 

 “Madrid, Baleares o Cataluña, que son comunidades con una capacidad fiscal alta, es decir, que realizan una contribución fiscal muy superior a la media (del orden de un 41%, 32% y 21%, respectivamente), después de la aportación que realizan a la solidaridad se quedan con unos recursos per cápita inferiores a la media (del orden de un 11%, 19% y 6%). En cambio, a otras comunidades les ocurre lo contrario. Por ejemplo, Extremadura y Castilla-León, que realizan una contribución fiscal inferior a la media (un 32% y 5%, respectivamente), por tener una capacidad fiscal baja, después de recibir los recursos de la solidaridad disponen de unos ingresos muy por encima de la media (25% y 19%). Por tanto, hay una inversión de posiciones y una redistribución excesiva. El proceso redistributivo debe aproximar las posiciones relativas entre las comunidades autónomas de mayor y menor capacidad fiscal, pero no invertirlas.” (N. Bosch en Público 23.03.09)

 

No puede ser que el ejercicio de la contribución a la solidaridad interterritorial penalice a las comunidades que como Cataluña llevan a  cabo un esfuerzo fiscal mayor. Con el sistema de financiación vigente y con los datos de 2005, “si la media de recursos per cápita de las CCAA es 100 los recursos per cápita de Cataluña eran de 130 antes de efectuar su contribución solidaria, quedando en 94 después del esfuerzo nivelador. Es decir, seis puntos por debajo de la media. Según fuentes del gobierno catalán con la última oferta de Solbes los recursos por habitante de Cataluña crecerían solamente de 94 a 97, con lo cual continuarían por debajo de la media” (Luis Mauri en “El periódico” 23.03.09). Por supuesto, Cataluña admite que no puede conservar el nivel de 130 pues eso supondría desentenderse de los territorios menos dinámicos y –siguiendo con ese esquema-, su aspiración es que después de la nivelación solidaria sus recursos quedaran al menos en la cota de 105. Es bastante razonable.

 

 Y aunque parezca una excesiva simplificación, ese es el núcleo de la cuestión por más que  en los últimos años haya sido difícil hacerlo aflorar –fuera de Cataluña, quiero decir-, en medio de tanto ruido (político-mediático) interesado  y de tanto discurso neo-centralista disfrazado, eso sí,  de “solidario”.

6 pensamientos en “Financiación autonómica y solidaridad

  1. Totalmente de acuerdo con que la progresividad fiscal, aplicada a territorios, tampoco debe ser confiscatoria. Es decir, no por ganar-tener más debes acabar teniendo menos. Es evidente.
    Muy agradecido con el enfoque técnico y de sentido común, alejado de la visceralidad con la que se suelen abordar estos temas.
    Ahora bien, yo agradecería que los catalanes, cuando reclaman, lo hicieran en función de criterios objetivos, es decir, no reclamando que Cataluña está peor que otras Comunidades en su misma situación, como por ej. Madrid, sino con ese enfoque técnico y simple que tan bien mantiene Barañaín.
    Y digo más, ganarían mucho en credibilidad si, además de incluir a Madrid en el grupo de Comunidades maltratadas fiscalmente, se quejaran del privilegio vasco y navarro. Hace un par de meses tuve ocasión de preguntarle en un foro público a Durán i Lleida el por qué de la reivindicación frente a Madrid olvidando a los vecinos cantábricos. Me dio una respuesta cuando menos ambigua. Al acabar le abordé para insistir y mientras se iba me confesó que la razón por la que nunca mencionaban el tema fiscal vasco era “porque no nos atrevemos ni nos conviene políticamente”. Vale.
    En conclusión, de acuerdo con que Cataluña necesita mejorar su financiación pero no con ese tufillo victimista frente a Madrid con el que lamentablemente siempre aderezan su legítima reivindicación.

  2. ” ……. En este contexto de nuevo impulso político, y sea por convicción o por necesidad –derivada de su “soledad” parlamentaria actual – el gobierno de Zapatero se muestra más receptivo a las demandas de Cataluña. ……. ”

    Habrá que cantar eso de; …… “Er cariño verdadero ….. ni se compra ni se vende!”

  3. Eso si, el que se hayan llevado a Chaves, si lo considero un ejercicio de solidaridad. ……….. con Andalucía.

  4. Completamente de acuerdo salvo en la comparación con la declaración individual del IRPF, los territorios no hacen declaración de la renta, como famosamente espetó Ibarra a Carod (en un debate poco memorable). Ahora bien, que las CCAA no sean individuos (en cierta visión organicista supongo que se lo parecerá a algunos) no quita que el aspecto territorial del gasto público sea muy importante y esté mal hecho. Los preceptores de recursos así como los contribuyentes son personas y empresas, y eso es lo que debe preocuparnos más, pero de ahí no se sigue (y ese el el paso neocentralista) que vivamos, o que sea deseable vivir, en una sociedad con un único centro, por mucho que algunos crean ver, sobre la pizarra, que facilita la mayor equidad. Ni la igualdad de recursos precibidos es un ideal superior a todos ni tiene por qué apetecernos vivir en un estado centralista y todopoderoso.
    Hay un argumento que casi nunca veo aparecer en el debate: para igualar las oportunidades de las personas en distintos territorios no todo es cuestión de mover recursos hacia donde hay menos. En parte también hay que facilitar la movilidad, y mejorar relativamente las prestaciones donde hay menos trabajo y empeorarlas donde hay más trabajo puede dificultarla. En una sociedad integrada, una vivienda pública en alquiler en Cataluña podría hacer tanto, o más, por los extremeños que la misma vivienda en Extremadura. Lo que no vale es ponerse a defender a “las personas” sin identidad territorial para unas cosas y a “los territorios” para otras. No tengouna visión extremista en este asunto, pero creo que hay que ponerlo en la balanza como un argumento más en favor de una residtribución territorial menos desfavorable con los lugares donde se crea más riqueza.

  5. Gracias, Barañain.

    Algunas consideraciones:

    – Hay toda una escolástica de las balanzas fiscales, con sus muy distintos gurúes, escuelas, ortodoxias y herejías. A mí, al menos, me resulta imposible dar por buena una única y segura interpretación de los datos. En este terreno movedizo, cada cual arrima el ascua a su sardina con tesón. Ante el grado de incertidumbre, me parece que la guía de los principios (lo que “debería ser”) resulta un refugio útil.

    – No oculto mi condición de entusiasta de la redistribución. Sin embargo, “solidaridad territorial” es un concepto que se me hace extraño. ¿Es que un pedazo de tierra, o territorio, puede ser solidario? Rodríguez Ibarra (personaje polémico, pero a quien leo con creciente interés, sobre todo desde que se retiró) solía indignarse cuando se colectivizaban los datos de renta e ingresos, aduciendo, a mi juicio con razón, que lo relevante no es si el ente “Cataluña” gana o pierde en términos de recursos, sino cómo quedan en la foto los catalanes pobres, los extremeños ricos o los pensionistas egarenses.

    – Admitido que, desde la izquierda, los ricos deben ceder parte de sus recursos para hacer posible un funcionamiento equilibrado y eficaz de la sociedad, el argumento que expones (Cataluña está siendo “ordeñada”, hasta el punto de que, partiendo de unos niveles de renta superiores, el efecto neto de los flujos financieros hace que tenga menos renta disponible per capita que Extremadura) resulta difícil de creer; es contraintuitivo y contrario, además, a la percepción de todos nosotros. El país todavía está tremendamente desequilibrado. Yo creo que, para afrontar los déficits persistentes, el camino no es reducir la intervención pública, sino el contrario; y esa intervención debe nutrirse de recursos que no pueden proceder sino de los segmentos más pudientes de la población, allá donde se encuentren.

    – En la “pelea por las competencias” me temo que se ha abandonado cualquier pretensión de racionalidad. Lo de las cuencas hidrográficas es, tal vez, el ejemplo más llamativo, pero no el único. ¿Podremos alguna vez concordar en que las cosas públicas tienen, tal vez, un ámbito óptimo de gestión, para desdramatizar el debate y dar un servicio verdaderamente eficaz al ciudadano? Si técnicamente es mejor que las cercanías de Barcelona sean gestionadas por la Generalitat, adelante con los faroles; pero si resulta que, por economías de escala, unidad de mercado o necesidad de coordinación, el etiquetado de productos (un suponer) se haría mejor desde otras instancias, ¿considerarán los nacionalistas catalanes que se agrede a su país si la cosa se hace desde Madrid o Bruselas? Soy de los que opinan que, en muchas materias, el proceso descentralizador ha tenido consecuencias negativas. La gestión de la ordenación del territorio es un buen ejemplo; creo que, si nos apartamos de prejuicios ideológicos, los resultados evidencian que también se han hecho mal, por ejemplo, la descentralización de sanidad y enseñanza, y el ejemplo de la CAM demuestra que no hay que ir a Cataluña para comprobarlo (otro ejemplo, las penurias de la Ley de Dependencia…).

    En fin; soy de los viejos rockeros que piensan que izquierda y nacionalismo son de difícil conciliación. No me descolocan en absoluto los planteamientos de las gentes de CiU o del sector no ultramontano del PNV: conservadurismo, tradición, religión, privilegio, diferencia, identidad… son ideas que forman un mundo coherente; me repugna pero lo puedo entender. Cuando alguien se dice de izquierdas y, a la vez, se queja de opresión fiscal, suele sonarme más falso que un duro sevillano.

    Abrazos para todos.

  6. Debo ser un poco veleta, o constructivo en grado máximo, porque no veo una contradicción absoluta entre lo último que dice Teoura sobre la incompatibilidad entre izquierda y nacionalismo, que suscribo, y lo que supongo que no es otra cosa que sentido común cuando, siendo la renta cosa de individuos y no de territorios, entiendo perfectamente que un territorio rico debe ser solidario pero no al punto de quedar por debajo de la media. El mismo patrón me vale también para las provincias dentro de una Comunidad, o para los municipios dentro de la misma: Madrid capital es un buen ejemplo frente a la periferia, incluido ahora a propósito de Cajamadrid: vale que no tenga mayoría absoluta pero no puede tener la misma representación que Galapagar cuando genera el x % de los ingresos!
    Y me parece muy pertinente lo que apunta Tarek de que, en ocasiones, la mejor solidaridad es favorecer el abandono del pedregal para trocarlo por la ciudad, o el campo, de otro territorio.

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