Expediente a Martu Garrote: el PSOE descuida su democracia interna

Víctor Gómez Frías

Martu Garrote ha sido expedientada de oficio por la Comisión Ejecutiva Federal, acusada de faltas graves y muy graves que podrían suponer su expulsión.

Con Martu quizá comparto poco, pero lo esencial. Ambos somos militantes del PSOE y hemos defendido propuestas muy distantes: hemos podido hacerlo precisamente desde la tolerancia que consideramos ambos un valor clave del partido.

Por eso, su expediente -interesado, inoportuno y falto de garantías- nos interpela a todos.

Interesado porque lo promueve de oficio una Comisión Ejecutiva Federal (CEF) que decide aplastar con su poder disciplinario a una militante sin responsabilidades orǵanicas ni institucionales, en lo que se puede leer como un aviso a quienes “no cierran filas”. Interesado castigo ejemplarizante porque sus críticas las hemos expresado no solo otros muchos militantes de base sino también bastantes de quienes ejercen o han ejercido responsabilidades en el partido. ¿Por qué ir solo a por Martu? ¿Por usar lenguaje malsonante? ¿De partido “de” clase hemos pasado a ser un partido “con” clase?

Inoportuno porque el expediente se impulsa cuando el PSOE se encuentra en un periodo de interinidad, al haber retrasado más allá de los cuatro años estatutarios la renovación de sus órganos. El supuesto rigor que se aplica a una militante contrasta con la autoindulgencia de la Comisión Ejecutiva Federal que provocó este retraso congresual por la vía de los hechos consumados al no convocar a tiempo el Comité Federal que debería haberlo autorizado “por decisión expresa”. Inoportuno también porque precisamente en una situación tan bloqueada como la actual -en España y en el PSOE- es cuando la autocrítica es ḿás necesaria para fomentar el debate.

Falto de garantías porque se retuerce el ponderado régimen creciente de sanciones que establecieron hace muchos años quienes redactaron con ecuanimidad el reglamento disciplinario del partido. En lugar de aplicar una sanción leve (apercibimiento o a lo sumo suspensión por dos meses) que corresponde a un “insulto”, se propone una sanción muy grave (suspensión e inhabilitación de más de dieciocho meses, e incluso expulsión) al pretender que sus palabras lograron “menoscabar la imagen del partido”, sin que los acusadores desplieguen prueba alguna al respecto (¿bajó el PSOE en las encuestas?, ¿no sería acaso posible que los votantes apreciaran favorablemente que en el PSOE hubiera debate frente el discutible procedimiento que se aplicó para destituir a Tomás Gómez?). Se asimila así arbitrariamente unos meros insultos a acciones que merecen falta muy grave como son el transfuguismo, la falta de probidad en el ejercicio de un cargo o utilizar el partido para el lucro personal.

Otro ejemplo de abuso de la interpretación del régimen de faltas: considerar “obstrucción a la labor del partido” haberse manifestado con alboroto unas horas frente a Ferraz (como si hubieran sitiado durante semanas la sede…). Falto de garantías también porque el pliego de cargos rehúye perezosamente aportar las supuestas pruebas (vídeos, extractos de blogs…) y en lugar de precisar textualmente los hechos imputados se remite a otros documentos del expediente, lo que merma las posibilidades de defensa de Martu Garrote puesto que no queda del todo claro ni de qué se le acusa.

En conciencia, aparte de la eventual sanción leve por los citados insultos (que por cierto habría prescrito al cabo de tres meses), el único cargo que me parece sostenerse sería el de “La falta de solidaridad manifestada públicamente en contra de las decisiones o actitudes adoptadas por los órganos competentes del partido” (falta grave que conllevaría la expulsión o inhabilitación hasta dieciocho meses, y nunca la expulsión).

¿Pero qué sentido tiene aplicar esa medida en su literalidad cuando el concepto de debate público y privado ha cambiado radicalmente? Sirva de ejemplo que frente a lo que indican los reglamentos sobre que los debates del Comité Federal deben ser reservados, el Secretario General realiza su discurso inicial en abierto anunciando como ciertas decisiones que aún no ha votado ese órgano.

Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mientras, archivemos el expediente de Martu y preocupémonos de cómo revitalizar la democracia del partido suprimiendo por ejemplo los artificiosos avales (diez mil en diez días), que implica que los militantes realmente no eligen sino que como mucho desempatan.

Da igual si estamos de acuerdo con Martu Garrote, si nos cae bien o mal. Respaldarla ante este expediente abusivo es defender la democracia interna en el PSOE que -como en cualquier partido- es un mandato del artículo 6 de nuestra Constitución, y una garantía esencial para el pluralismo político. 

Víctor Gómez Frías es militante del PSOE en el colectivo ‘Socialismo es libertad’

twitter @vgomezfrias