Estudios a la boloñesa

Ignacio Sánchez-Cuenca 

 

Como todos los lectores saben a estas alturas, el mundo universitario anda muy revuelto a cuenta del proceso de Bolonia. Aunque las decisiones se tomaron hace años y la reforma está ya muy avanzada, es ahora cuando las protestas comienzan a tener cierto eco en la sociedad. Los esfuerzos convergentes de exquisitos profesores universitarios que escriben en los medios y de estudiantes antisistema que ocupan facultades, unidos en extraña pinza a la hora de denigrar las reformas en marcha, están teniendo cierto éxito, sobre todo ante la pasividad del Gobierno y las autoridades académicas, que, como en muchos otros ámbitos, no aciertan a explicar y justificar sus planes.

 

Comencemos por lo obvio. El plan de Bolonia aspira a conseguir la homogeneización de los estudios superiores en toda Europa, de forma que un licenciado en química de Grecia pueda proseguir sus estudios en Irlanda y su título sea reconocido de forma automática. Se pretende con ello favorecer la movilidad de los estudiantes y crear un espacio de educación superior a escala europea.

 

Los anti-Bolonia no objetan el objetivo que se persigue con la reforma, pero sospechan que, so capa de la reforma, hay en realidad un vasto proyecto en marcha para jibarizar la universidad pública y someterla a los dictados del siempre maligno mercado, convirtiendo el saber en una mercancía más. Para sustanciar tan graves acusaciones, se alega que la reforma de Bolonia plantea la necesidad de ajustar las titulaciones a las necesidades sociales y, lo que ya es el colmo, que dicha reforma estimula la participación del capital privado en la financiación de las universidades. Hasta ahí podíamos llegar.

 

Quienes critican con ferocidad el proceso de Bolonia se quejan amargamente de que a veces se atribuyan sus posiciones a una postura corporativa y reaccionaria de defensa de los intereses creados. En la medida en que algunas áreas del saber, sobre todo las humanísticas, se ven amenazadas porque sospechan, no sin cierta razón, que la demanda social de expertos en Pirrón de Elis es más bien limitada, o que pocas empresas querrán financiar una cátedra sobre el uso del dativo en Virgilio, y son los humanistas quienes con más vigor protestan, no cabe descartar del todo, sin embargo, que haya un cierto miedo a lo desconocido y un afán por mantener el actual estado de cosas.

 

No hay nada intrínsecamente malo en una defensa corporativa de los intereses creados. Pero lo que de verdad llama la atención de quienes se declaran anti-Bolonia es que se opongan a medidas tan razonables como las que se contemplan en la reforma y callen sobre los problemas más urgentes y escandalosos que sufre la Universidad española.

 

Así, resulta extraño que apenas se diga nada sobre la nefasta decisión que tomó en su momento nuestro Ministerio de Educación. Mientras que en toda Europa la educación universitaria se va a organizar en una licenciatura de tres años que continuará con un master de dos más, siguiendo el modelo anglosajón, lo que se conoce como el plan 3+2, el Gobierno de España ha optado por la diferencia,  descolgándonos de lo que están haciendo todos los demás países. En lugar del 3+2, nosotros, siempre tan quijotescos, hemos acordado establecer una licenciatura de cuatro años y un master de uno, el plan 4+1. Esto nos deja aislados del resto de países. ¿Por qué nos hemos quedado en este ridículo 4+1? No me andaré con rodeos: porque el Gobierno no se ha atrevido a enfrentarse a los rectores, quienes a su vez defendían los intereses de los profesores universitarios, que tienen pánico al cambio. Licenciaturas de cuatro años es lo que ya hay en la mayoría de las universidades. La idea de Bolonia es que en la licenciatura de tres años se aprenda lo básico y quienes quieran tomarse en serio los estudios y aprender a fondo, se metan luego en un master de mayor exigencia de dos años de duración. Aquí el máster anual quedará diluido en  poco más que un curso de especialización de fin de carrera.

 

Todavía más extraño es que estudiantes y profesores sigan protestando por la perversión que supone la entrada de capital privado en las universidades y que consideren una indignidad tratar de ajustar los estudios al mercado laboral. Olvidan, sin embargo, que la universidad se financia con el dinero de todos y que el sistema actual es profundamente regresivo, pues las tasas son bajísimas, apenas cubren un cuarta parte de los costes, y la mayor parte de los estudiantes proceden de clases medias o medias altas. Sucede, por tanto, que las clases trabajadoras están financiando los estudios de las clases más burguesas. La manera de corregir este despropósito consiste en aproximar las tasas al coste real de los estudios e instrumentar una política muy generosa de becas que permita a los hijos de las clases trabajadoras estudiar si les apetece. Pero hablar de subir las tasas es anatema para los anti-Bolonia.

 

Finalmente, lo más chocante de quienes critican el plan Bolonia es que no suelen ofrecer alternativas para resolver el problema más acuciante que tiene planteada la Universidad española, a saber, que ninguna de nuestras Universidades figure entre las 100 mejores del mundo, siendo nuestro país la octava potencia económica del planeta. Los defensores del status quo prefieren silenciar un hecho tan lamentable y vergonzoso para España. Mientras no haya una reflexión profunda y una auto-crítica por parte de los estamentos universitarios con respecto al atraso de nuestro sistema de educación superior, me parece que los lamentos sobre los males que nos trae Bolonia son poco creíbles.

 

Ya sé que Bolonia no va a suponer ninguna receta para mejorar la calidad de las Universidades. Pero si la racionalización de los estudios a nivel europeo sacude las estructuras y los intereses creados de profesores, estudiantes y rectores, algo habremos avanzado.