España precaria

Jon Salaberría

Y por fin nos encontramos ya metidos, de hoz y coz, en la precampaña para las Elecciones Generales navideñas anunciadas por el simpar Mariano Rajoy Brey para el 20 de diciembre del corriente. Oficiosamente no hemos dejado de estarlo desde febrero, pero ahora las señales que se envían al electorado adquieren tono especial. Basta con poner una mínima atención a los medios, con sus editoriales de parte, sus estudios demoscópicos y sus shows late-night de sábado noche para empaparnos del ambiente. Suena el gong, y debería ser la hora del análisis retrospectivo de todo cuanto ha acaecido en la gobernación de nuestro país a partir el 20 de noviembre de 2011, cuando la marea azul culminaba una conquista casi completa del Estado, promesas mediante de recuperación de la senda de creación de empleo, de la confianza entre los agentes sociales y económicos y los etéreos mercados para reiniciar el crecimiento, de respeto por parte de los socios comunitarios y, en definitiva, de responsabilidad a la hora de modular los sacrificios que, totalmente contingentes y limitados, nos iban a llevar al lugar que nos corresponde por derecho.

La memoria política es cortoplacista, y en este factor basa el Partido Popular sus esperanzas de, al menos, retener una mayoría parlamentaria simple pero suficiente para acordar la continuidad en el poder. Confianza en que unas cifras macroeconómicas bien presentadas y cierta mejora (mínima) del estado general de cosas consigan que la ciudadanía haga abstracción del dolor social que estos años de gestión han determinado, principalmente en materia de derechos colectivos cuando hablamos de la esfera económica y laboral, así como de servicios públicos, y del deterioro imparable de las libertades básicas que han sido estandarte de nuestro proceso democrático desde 1978.

En materia social y laboral, precisamente, España ha dado en sólo cuatro años pasos de gigante… hacia atrás. El economista británico Guy Standing  (1948), heterodoxo y autodefinido como apátrida, popularizó (aunque no es de su paternidad) el término de precariado, que da nombre a una de sus obras más difundidas entre el gran público y que sirve perfectamente para referirse al estado de cosas que en España determinan los cuatro años de gestión popular. Esto es, la existencia de una (creciente) gran masa de ciudadanos y de ciudadanas unidos por la inseguridad económica, la incertidumbre laboral y la pérdida de derechos. Cuando en 2012, tan sólo un año después de la llegada de los populares al poder, ya había quien dentro y fuera de España hablaba de brotes verdes sin considerar las circunstancias que impedían una salida de la recesión y una vuelta a la normalidad, Guy Standing advertía sobre una idea que a muchos/as nos aterra: estamos ante un cambio radical de estructuras que va a determinar, desde ya, el devenir de todo el siglo XXI. Y no para bien, precisamente. Nuestro país es, desgraciadamente, un paradigma de estas consideraciones.

En el ámbito específicamente laboral, es donde la temporalidad, la rotación y la devaluación salarial determinan la terrible realidad de una precarización que ya ha alcanzado significado estructural. Las condiciones de la contratación, una vez cerrado el ejercicio de 2014, advierten un dato demoledor: nueve de cada diez contratos de trabajo celebrados adquieren carácter de temporal; un tercio, además, lo es a tiempo parcial. La remuneración salarial arroja por su parte cifras inasumibles hace menos de un década: hablamos de un mercado de trabajo en el que el mileurismo antaño denostado es ya un lujo. Hasta un 34% de los trabajadores asalariados reciben el salario mínimo interprofesional y la mitad no llega a los 950 euros mensuales. Se trata de un retroceso en materia salarial a niveles de hace 25 años si de lo que hablamos es de capacidad adquisitiva. Somos el país de la Unión en que la diferencia entre los asalariados que perciben salarios más altos y los que los perciben más bajos es mayor. Hoy en día tener trabajo ya no es en sí sinónimo de garantía del bienestar individual y familiar. Esa es la esencia del concepto mismo de precariado: más de dos millones de trabajadores en activo en España viven bajo el umbral de la pobreza.

La Unión General de Trabajadores (Gabinete Técnico), en su estudio La precarización del mercado de trabajo en España. Evidencias, ofrece un dato adicional en materia salarial que debe servirnos para la reflexión: es el efecto composición que explica la evolución de la variable salarial. En una primera fase de la crisis, los salarios medios pueden aumentar por el hecho de que los trabajadores en empleos peor remunerados son despedidos más fácilmente. Es lo que ocurrió en España en el bienio 2009-2010. Pero más adelante, este mismo efecto composición es el que determina la bajada de los salarios medios cuando las nuevas contrataciones se realizan a un menor coste. Justamente es lo que ocurre cuando las nuevas contrataciones son temporales, a tiempo parcial y con un salario sensiblemente menor. Es el denominado salario-reserva  al que los nuevos trabajadores están dispuestos a asumir un empleo y que se erige en factor disuasorio ante las reivindicaciones y en determinante de los descuelgues en la negociación colectiva. El proyecto europeo Sophie, dirigido por Carme Borrell (Agencia de Salud Pública de Catalunya) y en el apartado de mercado laboral y empleo por Joan Benach (Universidad Pompeu Fabra) incide en que este efecto composición de los salarios ha provocado incluso que la precarización llegue a aquellos estratos laborales cualificados (los empleos de cartera o portfolio jobs) que exigen más preparación, más nivel educativo, mayor intensidad y mayor flexibilidad de horarios. Este proyecto, que estudia el efecto de las políticas sociales en salud, especialmente en el ámbito del mercado laboral, pone de relieve otro dato sangrante: la precariedad laboral es mayor en las mujeres (51,4%) que en hombres (34,1%).

El efecto en materia de garantía de derechos y de protección social de los trabajadores y las trabajadoras es evidente. Al desprestigio de la denominada clase sindical, paralela a la de la clase política (hablando de sindicatos de clase, por supuesto), le sigue como consecuencia la desaparición de los paraguas normativos. Los convenios colectivos han caído casi a la mitad en lo que va de legislatura. De los once millones de trabajadores protegidos por convenio de diferente ámbito geográfico y funcional hemos pasado a día de hoy a menos de seis. Los pactos de empresa, cuando no una simple negociación individual sustituyen a la negociación colectiva, sin intervención de los sindicatos de clase y con una posición dominante de parte que determina el resultado final de la negociación. Hoy en España se viene realizando hasta diez millones de horas extraordinarias ilegales. En un porcentaje amplio de ellas no existe cotización social ni percepción salarial.

En la dura batalla electoral que estamos a punto de comenzar, las opciones políticas de progreso deberían centrar su atención en el combate contra la precariedad. De hecho, si hay alguna bandera identitaria que distinga las ofertas tanto socialdemócrata como de la denominada izquierda alternativa de la indefinición pop de Ciudadanos y del sadismo social del Partido Popular, no es otra que la reivindicación de la recuperación de derechos y de los mecanismos formales que los garanticen y les den la virtualidad práctica perdida. Una bandera que debe servir también para acercar posturas postelectorales, tanto para una eventual gestión de gobierno como para el trabajo legislativo. El debate, cambiante, sobre una posible renta social básica, renta básica de ciudadanía, salario social, etc., sobre el que se ha ido tanto de ida y vuelta (véase el caso de Podemos) es indicativa de por dónde deben canalizarse las inquietudes, aunque el resultado momentáneo no sea alentador. En el caso laboral, no debe desdeñarse la iniciativa del Partido Socialista: derogación de la reforma laboral del Partido Popular y establecimiento de un nuevo marco de relaciones laborales. La aprobación, como medida estrella dentro de la oferta electoral de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de un Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI. Una propuesta que debería trascender a su evidente carácter electoral para convertirse en pre-texto objeto de diálogo posterior en una Cortes Generales fraccionadas, corales, pero plurales y diferentes de las que entre 2011-2015 han sido escena del martillo triunfal de Don Tancredo, alejadas de su naturaleza original. Las líneas generales a considerar en materia laboral, propuestas por el candidato socialista, son contundentes, algo a lo que no hemos estado acostumbrados en la oposición durante esta legislatura:

1 – Convertir el Estatuto de los Trabajadores en una carta de derechos laborales que, junto a los derechos clásicos, garantizará la seguridad y salud en el trabajo, el secreto de las comunicaciones, incluso las que tienen que ver con el uso de internet, y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.

2 – Acabar con la figura de los falsos autónomos y las becas que encubren contratos de trabajo. Falsos autónomos y becarios serán trabajadores, con los mismos derechos y prestaciones que ellos.

3 – Lograr que, en una legislatura, la tasa de temporalidad converja con la de la Zona Euro. Para ello, se proponen tres modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo indefinido para cubrir puestos de trabajo estables; un contrato temporal para la cobertura de puestos temporales; y un contrato de relevo y para la formación. No podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos temporales y ninguno podrá durar más de un año, aunque la negociación colectiva podrá extenderlo hasta dos. Se trata de convertir los contratos temporales en lo que realmente son, excepciones a la regla general de la contratación estable.

4 – Terminar con la devaluación y la desigualdad salarial, subir el salario mínimo y vincular los salarios a la productividad. El objetivo es que haya planes contra la desigualdad salarial de mujeres y hombres en todas las empresas. Que los trabajadores que realizan el mismo trabajo y en la misma empresa cobren lo mismo, aunque hayan sido contratados por empresas de servicios. Y que las instituciones emitan recomendaciones para facilitar a los agentes sociales una negociación salarial alineada con las necesidades de competir en la Zona Euro y con mayor relación entre salarios y productividad.

5 – Garantizar el derecho al tiempo en el trabajo. La reforma laboral del PP ha propiciado el abuso masivo del contrato a tiempo parcial. Hoy la aspiración de más de dos millones de trabajadores es tener un contrato de ocho horas. Los trabajadores no tienen jornada de trabajo, tienen trabajo hasta que finaliza la jornada. Es fundamental regular el trabajo a tiempo parcial exigiendo claridad en la predeterminación del horario laboral.

6 – Recuperar la fortaleza de la negociación colectiva porque con ella se distribuyen los beneficios de la actividad económica. Cuanta más fortaleza tiene el diálogo social, más cotas de igualdad se alcanzan; cuanta más debilidad, como ahora, mayor desigualdad. Sindicatos y empresarios deben protagonizar la negociación colectiva. Debe recuperarse la seguridad jurídica mediante la ultra-actividad. Un sistema maduro de relaciones laborales no se entiende contra los trabajadores sino con los trabajadores, como sucede en los países más productivos y competitivos de la UE.

El cainismo (*) que cuartea la izquierda española me hace ser muy pesimista. Igual hay que volver la mirada al ¿centro? para concretar un empeño que hay quien calificaría, seguro, como de sentido común. Mientras, esperamos también la recomposición del sindicalismo. Pero esa ya es otra historia.

 (*) El espectáculo de la izquierda española, con una guerra de egos y siglas que tiene la excusa paradójica de la unidad o la confluencia, será objeto de estudio en años posteriores. Sólo con Podemos, Ahora en Común (remedo de marca electoral para maquillar el rostro ajado de IU), la coalición que preparan Llamazares y Baltasar Garzón, y por supuesto el Partido Socialista, serán cuatro fuerzas con implantación nacional las que se disponen a concurrir a las urnas. Dejen sitio en las cabinas electorales para los descolocados de última hora. Es un drama político sin solución y habrá que asumir que es así.  

(**) Como bien nos decía el lunes LBNL, Ciudadanos ya está aquí. En Andalucía, por supuesto: el acuerdo presupuestario PSOE-Cs, que garantiza la estabilidad del gobierno de Susana Díez, ha sido tan fácil de alumbrar que comienza a ser mirado con lupa desde hoy mismo. Facilidad en el consenso muy diferente a la que que existe en las Administraciones en las que apoya al Partido Popular, pongamos que hablo de Madrid. La queja doliente de los populares no es caprichosa, ni de los podemitas andaluces. Como no es casual la visita, justo hoy, de Albert Rivera a la Comunidad Andaluza menos de veinticuatro horas después del acuerdo Marín-Díez. ¿La antesala de…?