Entremos en faena

H2S3

Perdonen que les recrimine pero llevan Vds unos días departiendo del civismo, las costumbres sociales, los paisajes y demás, al punto que parecen ajenos a la realidad –cutre- de nuestro país. ¡No se les puede dejar solos!

El tema es que el 23 de agosto, a finales del largo verano ya casi olvidado por las urgencias de la reincorporación al curro, el buque insignia del grupo PRISA se descolgó con una presunta primicia sobre las disquisiciones del Tribunal Constitucional a propósito del Estatut: “La mayoría contraria al término nación y al deber de conocer la lengua catalana”. El País avanzaba que el balance de fuerzas dentro de nuestro máximo intérprete de la Constitución había variado haciendo probable, o al menos factible, una sentencia “dura” contra el Estatut, que vendría a anular algunos preceptos, concretamente los referidos a la consideración de Cataluña como nación (en el Preámbulo) y el deber de conocer el catalán (Haga click aquí).

No seré yo quien abjure de la libertad de prensa o niegue el derecho a escribir lo que se quiera en foros como éste o en diarios supuestamente “independientes de la mañana”. Ahora bien, una cosa es opinar aquí lo que a uno se le viene en gana y otra bien distinta, que el líder de los diarios en español (a escala planetaria, que diría Leire) avance tesis sin confirmar que incrementen la tensión política del país, con minúscula, hasta niveles insospechados.

Inmediatamente Carod Rovira, ese gran líder, saltó a la palestra promoviendo una manifestación de Catalunya entera contra la sentencia ilegítima del TC. Es lo que tiene tener a un tipo semejante de Vicepresidente: te vas de vacaciones y lo mismo se te sube a Iparralde a entrevistarse con jefes etarras que propugna una manifa irredenta sobre la base de un artículo de prensa. Afortunadamente el siempre aburrido pero sosegado President Montilla respondió pronto con una llamada a la cordura: esperemos primero a ver qué pasa y luego ya veremos, vino a decir. Bien, pero la inquietud ya estaba montada: el Hermanísimo, Ernest Maragall, saltó a la palestra y, últimamente, Castells, desliza que sería deseable un mayor papel del PSC en Madrid y subraya que una sentencia “recortatoria” del Constitucional sería un duro golpe para Zapatero porque le metería en un callejón de complicadísima salida.

Lejos de mí sugerir algún vínculo con cuestiones evidentemente ajenas pero resulta que el 21 de agosto, dos días antes de la “primicia” sobre el TC, Juanli, el insigne Consejero Delegado de PRISA responsable de haber llevado al borde de la quiebra al mayor grupo de comunicación en lengua hispana, se descolgaba con una de sus “valiosísimas” piedras de toque (¿recuerdan la del día después de las elecciones vascas del 13 de mayo de 2001?), concretamente sosteniendo que la regulación de la TDT de pago por medio de un Decreto-Ley, implicaba que nuestra democracia no había progresado nada desde el franquismo.

A mí no me gustó nada dicha decisión del Gobierno, sobre todo por las formas, pero menos me gustó comprobar de nuevo que el antaño “diario independiente de la mañana” volvía a confundir opinión con los intereses de su empresa matriz.

El tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Ayer mismo, El País traía una nueva información de Julio M. Lázaro, el mismo que nos alertaba de la “grave” división en el TC, si bien ahora para comunicarnos que el Tribunal había arrancado el nuevo curso sin ninguna prisa (http://www.elpais.com/articulo/espana/Constitucional/arranca/prisas/curso/Estatuto/elpepiesp/20090908elpepinac_13/Tes), sin ninguna mención a los supuestos temores del Gobierno a una sentencia contraria al Estatut. ¿El Gobierno perdió el miedo de repente?

Vayamos a lo evidente. El Estatut es una Ley Orgánica que tiene que ajustarse a la Constitución. El Estatut es también el resultado de una negociación política ardua y larga que pretende poner fin por un tiempo prolongado a las pulsiones nacionalistas catalanas. El Estatut fue negociado por nuestros representantes políticos y pulido en su expresión final de tal manera que el simbolismo disgregacionista (el concepto de nación) quedara confinado a su Preámbulo. La pretendida bilateralidad ya ha sido zanjada por el Gobierno de España con el pacto de la financiación autonómica con TODAS las Comunidades Autónomas, que deberá plasmarse en ley en próximas fechas.

Es claro que son muchos los representantes políticos catalanes frustrados por su trato en igualdad con los representantes de otras Comunidades Autónomas. Es igualmente claro que el Gobierno de España ha hilado fino para acordar un marco legal que les permita vender a su parroquia un estatus especial al tiempo que guardar las formas constitucionales

Cualquier conocedor de nuestro Estado de Derecho sabe también que el Tribunal Constitucional no es un tribunal jurisdiccional puro. Al contrario, es el máximo intérprete de la Constitución que ha de ser interpretada, más que como cualquier otra ley, que también, acorde con la evolución de nuestra sociedad.

En este foro he expuesto siempre mi plena confianza en que el Tribunal Constitucional sabría conciliar adecuadamente el espíritu de la Constitución y la letra del Estatut, dictando una sentencia “interpretativa”, que antes que anular preceptos, limite su aplicación en sentidos que no contradigan nuestra Carta Magna.

No sería de recibo que el Constitucional hiciera oídos sordos a la voluntad de nuestros representantes políticos, expresada por las Cortes Catalanas, el Congreso y la ciudadanía catalana en referéndum. En este sentido, es tan nocivo aludir al grado alto de abstención popular en este último como a la escasa legitimidad del Tribunal por haber agotado todos los plazos legales para su renovación.

El Tribunal Constitucional dictará una sentencia correcta, sabia y políticamente apropiada para las circunstancias, que incluyen el hecho de que el Estatut lleva un par de años en vigor demostrando la falacia de que suponía la ruptura de España aducida por el PP, que se embarcó en una insensata campaña de recogida de firmas contra el mismo por la que inexplicablemente nadie le ha pedido cuentas.

Convergencia, Esquerra y el PP quedarán sin duda insatisfechos con el veredicto, los primeros por las precisiones que reconducirán el concepto de nación al de “nacionalidades” de la Constitución; el PP porque la limitación al deber de conocer la lengua catalana pondrá a ésta en igualdad con el castellano, que nuestra Constitución no obliga a conocer. En último término, el Gobierno dispone de los recursos legales para ceder competencias exclusivas del Estado a una Comunidad Autónoma, como ya hizo el Gobierno de Aznar con Cataluña precisamente, lo cual permitirá ajustar legalmente el pacto político que implica el Estatut.

Y la vida seguirá tranquilamente, con PRISA como primer grupo mediático pese a sus insensateces empresariales y El País como primer diario nacional pese a su ansia de castigar al Gobierno cada vez que Zapatero se resiste a darle el trato de favor que tenía con Felipe.

Por lo demás, la Justicia de nuestro país seguirá dando la de arena y la de cal. Hoy mismo, el Magistrado Garzón se verá forzado a declarar ante el Supremo por la denuncia del ultraderechista “sindicato” Manos Limpias. Su supuesto delito no es otro que el de haber aplicado a nuestro país la doctrina jurídica que sirvió para que Pinochet no muriera en gloria en la cama, como el infausto dictador que padecimos durante largas décadas. Garzón será todo lo vanidoso que se quiera y su permanencia indefinida como juez de instrucción estrella es de lo más anómala. Aún así, su coherencia jurídica en el caso que nos ocupa fue impecable: los crímenes contra la Humanidad y los crímenes de guerra, como las torturas, no prescriben según los tratados internacionales que España ha ratificado. La amnistía post-franquista, por tanto, no exime a ningún culpable de tales tipos penales, como tampoco lo hacían las leyes de punto final latinoamericanas. Es absolutamente insensato que el Tribunal Supremo, en concreto  haya admitido a trámite una querella tan mal fundad e irrevocablemente destinada al fracaso.

La de cal viene de la mano del Juez Pedreira, metiéndole mano a los alrededor de 8 millones de euros en contratos de la Generalitat Valenciana con las 13 empresas de Correa implicadas en la trama Gürthel, las mismas que pagaron los trajes de Camps, esos que él decía que pagó en metálico pese a que la contabilidad de los sastres reflejara un pago distinto. Esos “minoyes”, que diría Cháves, son el fondo de la cuestión, siendo los trajes una mera anécdota por más que el recurso ante el Supremo de la sentencia valenciana pueda acabar con la carrera política de Camps. El Juez Pedreira ha reclamado todos los contratos valencianos con la trama. A juzgar por el centenar de contratos de 11.999 euros otorgados por el Gobierno Balear de Matas a una misma empresa de publicidad para eludir los requisitos de transparencia impuestos por la ley de contratos públicos, la Generalitat va a tener que aportar miles de contratos, lo cual llevará un tiempo. Mientras el Supremo se pronuncia sobre la controvertida absolución de Camps, Pedreira investigará si hay relación entre las dádivas a Camps y cia por parte de los corruptos y los grandiosos contratos que aquéllos concedieron a estos sin publicidad ni transparencia alguna. En fin, no querría estar yo en la piel del curita…

 PD: Los habituales de DC me reconocerán, sin duda, como el que cambia de nick cada temporada