El TC y el Estatut

MCEC

La recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Perez Tremps el lunes pasado por seis votos contra cinco ha vuelto a situar la politización de la justicia en el centro del debate. La recusación es escandalosa por infrecuente y por la evidente finalidad política del PP al demandarla. Pero es correcta. La Justicia no sólo debe ser imparcial y justa sino también parecerlo. El TC ha debatido la cuestión detenidamente y al final se ha inclinado por no desestimar la demanda por motivos de forma (el recurso adolecía de defectos formales) y acceder a ella, contra el criterio del recusado que, sin embargo, defendía que el TC entrara en el fondo del asunto. La recusación la planteó el PP con el objetivo de impedir a uno de los magistrados nombrados por el Gobierno enjuiciar el recurso de inconstitucionalidad – también planteado por el PP – contra el nuevo Estatuto de Autonomía catalán. El PP pretendía así desequilibrar la balanza de fuerzas en el TC en favor de los magistrados “conservadores”. La base de la recusación era un informe jurídico redactado por Perez Tremps antes de acceder al TC en el que vertía su opinión jurídica favorable a un nuevo Estatut con competencias ampliadas. Tres de los magistrados considerados “conservadores” habían votado en contra de un anterior intento de recusar a Perez Tremps cambiaron ahora su voto y con ello permitieron, tras una discusión concienzuda en el seno del Tribunal, que prosperara la primera recusación de sus veinticinco años de existencia.

Casi contradiciendo su prudente y acertada doctrina de que el Gobierno no comenta las decisiones judiciales, la Vicepresidenta primera ha reaccionado criticando al PP por pervertir el Estado de Derecho y poner en duda a las instituciones con fines partidistas, mientras que el President Montilla le acusaba de instrumentalizar el TC.

El hecho de que Perez Tremps sea uno de los dos magistrados nombrados por el Ejecutivo permitiría que, de dimitir, el Gobierno pudiera reemplazarle por otro magistrado “progresista”, restableciendo el equilibrio de fuerzas con vistas al enjuiciamiento del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, verdadero meollo de la cuestión. El PP y su columna mediática se ha apresurado a subrayar que la dimisión y reemplazo de Perez Tremps sería un escándalo y pervertiría la Justicia.

El magistrado en cuestión ha manifestado que no quiere tomar una decisión en caliente pero que sopesará la posibilidad de dimitir, no con el fin de restablecer el equilibrio de fuerzas en el seno del TC sino por dignidad, al haber sido desautorizado por sus compañeros.

En mi opinión la democracia pasa por la adhesión a la separación de poderes a las duras y a las maduras. El TC es el garante de la Constitución y su naturaleza es mixta, jurídica pero también política y social porque en sus consideraciones tiene mucha más flexibilidad que un tribunal jurisdiccional ordinario, al estar únicamente sometido a la que considere sea la interpretación más apropiada de la Constitución atendiendo a lo que pretendía el legislador y la interpretación más acorde con el sentir social en cada momento.

Detesto la manipulación partidista de la Justicia en nuestro país. Me escandalizaron las manifestaciones públicas del ex Presidente del TC en la época Aznar refiriéndose a la inexistencia de un Lehendakari en Oklahoma. Me escandalizan casi cada día las declaraciones y actuaciones de la mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial. Me parecen igualmente intolerables los actos públicos o mediáticos con participación de magistrados, jueces o fiscales, que deberían estar obligados por ley a cumplir con aquéllo de que en boca cerrada no entran moscas. Y espectáculos como el del sumario del “ácido bórico” casi me quitan la esperanza de que España algún día pueda tener una Justicia en condiciones.

Y aún así creo que el TC ha obrado bien aceptando la recusación. Como creo que sería perfectamente aceptable que Perez Tremps dimitiera y fuera reemplazado, en cuyo caso pediría al Gobierno que nombrara a un jurista de reconocido prestigio sin atender a consideraciones partidistas.

Y creo también que el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut será resuelto tras un estudio minucioso e independiente en el que los magistrados del TC tendrán en cuenta la Constitución, el texto del Estatut y su refrendo popular. Por lo que me atrevo a pronosticar que la sentencia será muy parecida a cómo habría sido con el concurso de Perez Tremps. Sancionará la constitucionalidad del Estatut y anulará o limitará la interpretación de algunos de sus preceptos de tal manera que no choquen con la Constitución.

Espero no equivocarme porque de lo contrario sería muy grave. Y no sólo para Cataluña. Si finalmente el TC se prestara al juego partidista las fuerzas políticas de izquierda tendrían que sopesar muy seriamente incluir en sus programas electorales una reforma en profundidad de la justicia.

Tal reforma podría incluir la abolición del CGPJ y su reemplazo por un tribunal inspector especial encargado de enjuiciar a los jueces en su ejercicio profesional. Asimismo, cabría proponer medidas concretas para que las asociaciones judiciales, apenas representativas y completamente partidistas, dejaran de monopolizar los ascensos y destinos judiciales. Y también, por qué no, plantear la elección directa o indirecta de los jueces del TC y del Tribunal Supremo, a partir de listas de jueces confeccionadas con arreglo a criterios objetivos de antigüedad, ausencia de expedientes y productividad.

La elección popular de los jueces tiene muchos “contras” pero es posible que tenga menos que la elección monopolizada por asociaciones profesionales cada vez más corporativistas y manifiestamente retrógadas.

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