El Senado y el sentido común

Antesala

En ocasiones, el apasionamiento que impregna los debates nos lleva a ceder a la tentación de banalizar la propuesta del oponente, de descalificar los argumentos del contrario desde la atalaya más fácil de escalar para las audiencias, de entregarnos al cultivo de las pasiones más elementales para ganarnos el crédito de la opinión pública. No es extraño que nuestro desdén hacia las posiciones contrarias a las nuestras, nuestra incapacidad para escuchar un argumento que contradiga nuestras convicciones sin interponer una sordina, o el dogmatismo del prisma del que nos servimos para filtrar las tesis que nos incomodan, mane de una aptitud limitada para entender la complejidad de un mundo que entendemos como suma de pedazos estanco que agrupamos en algún lugar en el que se forja nuestra identidad. Aunque, en general, esa ineptitud surge de una voluntad previa de desdeñar cualquier cuestión que interrumpa la armonía de los discursos que reafirman nuestros prejuicios, en los que se mezclan argumentos con sentimientos.

La clase política es particularmente proclive a explotar esta característica del entendimiento para sus propios fines. Esta práctica no es nueva y tampoco es exclusiva de la política española. Ya en la Antigua Grecia acuñaron una versión primigenia del término demagogia para caracterizar la degeneración de la democracia que supone tratar de obtener el favor popular apelando a las emociones.

Quizás, el terreno más propicio para la puesta en práctica de este recurso es el del uso de las lenguas cooficiales del Estado. Una parte de los españoles no consiguen -ni pretenden- entender el hecho de que castellano no es la lengua de todos los españoles, ni que el derecho a usar la lengua propia en ciertas instituciones de ámbito estatal, cuando se trata de una lengua reconocida como oficial, es la práctica habitual en países con niveles de desarrollo avanzados en los que coexisten diversas comunidades lingüísticas.

Por poner un ejemplo, en un país como Finlandia, en el que el más del 98% de la población se puede comunicar en finés con corrección (una tasa más alta que la del francés en Francia o la del inglés en el Reino Unido) y más del 92% de la población lo tiene como lengua materna, el sueco tiene el reconocimiento de lengua nacional en todo el territorio, el mismo estatus que el finés, a pesar de ser la lengua de uso habitual de tan solo un 5% de la población, mayoritariamente concentrada en el sur y el oeste del país, así como en ciertas áreas del entorno de Helsinki. Una de las implicaciones del bilingüismo de Finlandia es el derecho de cualquier ciudadano a ser atendido en sueco en cualquier institución dependiente del gobierno central, así como en todas las dependencias municipales en localidades en las que residan al menos un 8% de hablantes de sueco o, en caso contrario, en los que conformen una comunidad de más de 3000 personas en el seno del municipio. Por descontado, los debates del Parlamento tienen lugar en ambas lenguas, lo que origina que una buena parte de los parlamentarios que no dominan el sueco tengan que utilizar servicios de traducción para poder entender a los representantes que, a pesar de dominar el finés, deciden expresarse en su lengua materna. En un país de poco más de 5 millones de habitantes, el caudal de recursos que se destina a garantizar el derecho de la minoría que habla sueco es muy superior al que se destina a las políticas lingüísticas por parte del Estado español.

El efecto directo de esta política es que la minoría sueco-hablante tiene reconocido un derecho lingüístico colectivo, cumpliendo con creces las garantías necesarias para que pueda pervivir como comunidad lingüística, según lo estipulado por diversos tratados internacionales. El efecto indirecto más palpable es el grado de satisfacción de esta minoría en el seno de la sociedad finesa, algo que dista de parecerse a la situación que vivimos en España, en parte debido precisamente a la beligerancia hacia las lenguas minoritarias desde diferentes instancias.

La coexistencia de varias lenguas oficiales en el Estado puede no ser percibida como un elemento de riqueza cultural. No existe ningún elemento que determine que la diversidad sea un elemento deseable de forma categórica. Esto es algo opinable. Lo que no puede ponerse en duda es que existen en España tres (o cuatro, dependiendo de la categorización del valenciano) lenguas oficiales distintas del castellano y que esta característica lleva aparejados unos derechos colectivos que hay que garantizar. Desde luego, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado va más allá de los derechos lingüísticos colectivos de las comunidades que usan estas lenguas, en parte porque la cooficialidad está reconocida solo en el ámbito de los territorios en las que se encuentran. Pero supone un síntoma de normalidad, entendida como lo que es habitual en otros países multilingües comparables al nuestro en grado de desarrollo, que se permita a los representantes de la cámara de representación territorial del Estado el uso de la lengua de su comunidad.

Los argumentos que apelan al sentido común, para exigir que el castellano, denominada como lengua común, sea la única lengua de uso del Senado ignoran que España está constituida por comunidades lingüísticas bien definidas, según los parámetros internacionales habituales y que gozan, además, del reconocimiento del aparato constitucional del Estado. Ignoran, en esencia, que la propia definición del sentido común no es sólo una entidad tan etérea que no puede instruir los principios rectores de las políticas públicas, sino que ese supuesto sentido común al que se apela está radicado en unos valores de conciencia que no son compartidos por un conjunto sustancial de españoles que, en su mayoría, están adscritos a las comunidades lingüísticas minoritarias. Los argumentos que apelan a la normalidad de que en sede parlamentaria se use una única lengua están basados, necesariamente, en una asimilación de lo normal con lo que uno piensa, sin que ese criterio de normalidad resista una mínima comparación con la situación habitual en países multilingües desarrollados, los que deberían servir como referente en nuestras comparaciones.

De la retahíla de argumentos que hemos escuchado contra la traducción simultánea en el Senado, el del coste que supondrá es quizás el que mejore encaja con la definición de demagogia. Si existe una circunstancia que nos toca a casi todos, ya sea por nuestra propia situación o por la de algún familiar o ser querido, es la de la crisis económica. Son muchos los que han perdido su empleo, los que han visto reducido su salario o los que padecen a diario la falta de recursos para vivir con dignidad. Por eso es tan fácil denominar despilfarro al coste de esta política, porque consigue trasladar la imagen de que existe un mundo, paralelo al real, que se nutre de recursos que podrían hacer que nuestras condiciones de vida mejorasen para sufragar gastos no sólo innecesarios, sino contraproducentes. Por eso es tan sencillo lanzar el mensaje de que esta política no es más que un capricho de cuatro senadores que quieren hablar en su lengua. Por eso se omite de forma interesada que los usos alternativos a los que se podrían dedicar ese caudal de recursos tendrían un impacto insignificante sobre el bienestar de los que lo están pasando mal.

Ocurre que la construcción de un lugar común para todos los españoles, que hablamos lenguas diferentes y que nos sentimos diferentes, pasa por sentirnos cómodos con las instituciones que nos representan. Y uno de los elementos que hacen que podamos verlas como nuestras es que permitan el uso de la lengua en la que nos comunicamos con nuestros padres. Hasta que no entendamos esto, que es algo de sentido común, no entenderemos el país en el que vivimos.