El PP contra las descargas

Lobisón

Una de las primeras cosas que ha hecho el nuevo gobierno ha sido aprobar el reglamento de la ley Sinde contra las descargas, que entrará en vigor en marzo. El escándalo de los internautas profesionales ha sido en cierta forma divertido. Creían —o fingían creer— que la oposición del PP a la ley era algo más que demagogia electoral. El gobierno ha abolido también el famoso canon sobre los productos susceptibles de ser utilizados para la copia privada de películas o música —cuya concepción era probablemente un disparate, entre otras razones porque ya nadie copia en CDs o DVDs— y buscará otra forma de compensar a los autores, con impuestos que pagarán todos los españoles, independientemente de que tengan o no ordenador o acceso a internet.

También resulta divertida la forma en que el nuevo ministro, José Ignacio Wert, justificó la medida. En vez de hablar de defensa de los intereses de los autores, dijo que era la única forma de que se tome en serio a la cultura española. O sea, la única forma de que dejen de pasar vergüenza los representantes del gobierno cuando en reuniones internacionales les echan en cara lo de que España es el paraíso de las descargas sin pago. Sospecho que las cifras que se manejan al respecto son exageradas o inventadas, pero la ausencia de una ley que las limite o las castigue hacía muy fácil a los lobbies del cine o de la música la intoxicación contra la ‘negligencia’ del gobierno español.

El problema es que la ley difícilmente va a poder cambiar la cultura de los consumidores españoles más jóvenes, que no es la de descargar gratis —aunque a nadie le amargue un dulce— sino la de descargar a secas. En el caso de la música, parece que iTunes es un buen negocio, y es de suponer que con precios más bajos lo podría ser más aún. En el caso de las películas seguimos en una situación absurda en la que no es posible comprar y descargar películas de estreno, y son muy pocas las películas antiguas disponibles. Es importante tener en cuenta que quienes suben cine (antiguo) a internet hacen una labor cultural importante, y normalmente no remunerada.

Las compañías tienen la culpa en buena parte, por su obsesión en evitar la difusión sin pagar, del enorme retraso y los obstáculos a la compra. La figura del alquiler —sólo se puede ver  la película en un plazo determinado, y después se borra— sólo encaja en mentalidades viejunas marcadas por la experiencia de los videoclubs, e ignora que es más fácil grabar de la televisión si hay que esperar. Como ignora que los más jóvenes —y alguna gente de edad— encuentran más calidad en las series de televisión que en la mayor parte de los estrenos. (Por cierto, me sigue gustando más la vieja serie de la BBC sobre El Topo que la nueva versión de Tomas Alfredson, a quien tengo por lo demás bastante respeto, y que ha obtenido muy buenas críticas.)

Pero otra parte de la culpa la tienen los agentes y a veces los autores. Un ejemplo de libros: los del difunto Tony Judt están disponibles en inglés en formato electrónico, pero no en la versión española, porque la agencia que controla sus derechos tontea con la idea de hacer ella misma la edición electrónica. Puede ser que las agencias y los autores acaben por convertirse en editores (electrónicos), pero mientras tanto hay muchos autores que no tienen edición comercial digital de sus obras y, de forma nada sorprendente, aparecen ediciones piratas de sus libros. Por cierto, también en este caso habría que hacer público homenaje —o pagar un psicólogo— a quienes dedican su tiempo libre a digitalizar los libros que les gustan, porque escanear un libro (y formatearlo después) es un trabajo pesado y no remunerado.

Lo que puede suceder es que la ley, independientemente de las reacciones que suscite, no se traduzca en mayor asistencia a las salas de cine o mayores ventas de música en CD, y quizá así los autores comprendan que el problema es el modelo de negocio, y dejen de culpar a la piratería de lo que es un cambio social de los hábitos de consumo.