El poder judicial: entre la independencia y la neutralidad

Ignacio Urquizu

 

Una de las frases más desafortunadas de la democracia la pronunció Alfonso Guerra en los años 80: “Montesquieu ha muerto”. Desde entonces, cada vez que se cuestiona la división de poderes, muchos recurren a esta cita como elemento de autoridad. Pero lo cierto es que el modelo de separación de poderes que entonces se aprobó, y que hoy sigue en vigor en gran medida, no tiene nada que ver con los problemas que presenta la justicia. El conflicto no está en el fondo, sino en las formas.

 

Durante la pasada legislatura, al igual que ocurrió a principio de los 90, el Partido Popular decidió usar algunas instituciones como, por ejemplo, el poder judicial dentro de su estrategia de oposición. A través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional trató de boicotear parte de la legislación del gobierno socialista. Para ello usó todo tipo de artimañas: desde la paralización de la renovación del CGPJ a recusaciones cruzadas. Seguramente, todo ello ha contribuido a degradar la opinión que tienen los ciudadanos sobre la justicia. A través de una estrategia de “ruido” –en la que han colaborado algunos medios de comunicación de forma entusiasta-, ha acabado calando la idea de que los magistrados no son independientes.

 

Pero el problema no es de independencia, sino de neutralidad. Es muy común confundir ambos términos cuando, en realidad, significan cosas totalmente distintas. Los jueces en España gozan de total libertad en la elaboración de sus sentencias. Existen todas las garantías institucionales necesarias para que, por ejemplo, un miembro del CGPJ o del Tribunal Constitucional exprese libremente y sin coacciones su opinión. En cambio, tenemos dudas sobre su neutralidad. Básicamente, porque los jueces tienen ideología y ésta se refleja en la interpretación que realizan de la ley. No obstante, este problema es intrínseco a cualquier diseño institucional que hagamos en una democracia.

 

Si la aplicación de la ley fuera totalmente técnica y no hubiese espacio para la interpretación, los problemas de neutralidad dejarían de existir. Bastaría con que unos burócratas siguieran las leyes al pie de la letra. Pero, ¿qué sucede cuando más de una interpretación es posible? Entonces es necesario crear reglas que permitan adoptar decisiones. En democracia, cuando existe pluralidad en las opiniones, hemos optado por la regla de la mayoría –ya sea simple o cualificada-. Así, no es extraño ver que órganos como el CGPJ o el Tribunal Constitucional se dividen cuando se adoptan fallos de calado.

 

Para muchos, esta división en bloques ideológicos es una prueba de la falta de independencia del poder judicial. Pero, ¿independencia respecto a quién? En el fondo, esta fragmentación es un reflejo de la división de la sociedad. El poder judicial, al igual que el resto de poderes, no puede ser ajeno a los valores democráticos. Pero democracia no significa únicamente seguir unas reglas de procedimiento, sino ser representativo. Por ello, es necesario que los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional sigan siendo nombrados por las Cortes Generales y el Gobierno.

 

En el arranque de la legislatura, el Partido Popular parece estar dispuesto a consensuar con el Gobierno la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, así como medidas que modernicen la justicia. Confiemos en que esto no sea una excepción dentro de su estrategia de oposición. Seguramente, el poder judicial necesita reformas que permitan una mayor agilidad. Pero lo que está en juego no es su independencia, sino su modernización.