El “gran pacto” o las urnas

Jon Salaberría

6.202.700 parados/as, más del 27% de tasa de desempleo dentro de la población activa española y superando el 57% dentro del sector juvenil. Esta es la cruda y testaruda realidad de un mercado laboral español que ha llegado a una situación de hundimiento total y que no tiene visos de recuperación ni a medio plazo. Ni siquiera el tímido alivio coyuntural de los mercados financieros, esos a cuya calma y tranquilidad están orientadas las medidas de recorte que tanto dolor social provocan, con mejores números trimestrales en lo que se refiere a prima de riesgo, ha servido para que la economía real muestre signos de recuperación. Los ejercicios neolingüísticos, el uso del eufemismo y los giros discursivos de Fátima Báñez, Ministra de Empleo, o del siempre desafortunado Carlos Floriano, secretario de organización del Partido Popular y catastrófico portavoz ocasional (“ … que no ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico”), no han hecho más que empeorar la perspectiva que de esta realidad domina en la opinión pública: a estas alturas, afirmar que sin la reforma laboral se hubiesen perdido más empleos (con lo que su saldo sería “muy positivo”) o que se está en la senda de la recuperación, es más un insulto a la inteligencia media de ciudadanos/as que el lanzamiento de un mensaje de optimismo. Poco ayuda, por lo demás, la falta de unidad de criterio de un Gobierno que lanza al viento el anuncio de la recuperación de la actividad y de la creación de empleo neto en 2014 (Luis de Guindos) mientras por otro lado desliza la especie de que dicha recuperación se antoja en la lejanía de 2019, mientras con nocturnidad y alevosía se notifica una nueva tanda de recortes a la cúpula comunitaria, cebándose de nuevo en el bienestar social. Por poner un doloroso ejemplo, hoy mismo conocemos la intención de aumentar la contribución de los dependientes (subiendo un 5%) por copago en la atención, lo que supondrá un “tijeretazo” de 393 millones de euros en dicho servicio.

Estamos ante la fotografía de un gran fracaso político, sin precedentes en la historia contemporánea de nuestro país y, si me apuran, con muy pocos en el de los países de nuestro entorno. No existen, ciertamente, precedentes de que un Gobierno dilapide uno de los mayores respaldos democráticos obtenidos desde 1977, de una forma tan rápida y con tan desafortunados resultados. Cosa, por otra parte, lógica cuando existe una diferencia copernicana entre la oferta electoral que llevó en volandas a Mariano Rajoy hasta Moncloa y la realidad de las medidas ejecutadas en año y medio de legislatura con tan desafortunada concreción.

Y estamos, por supuesto, ante una situación de emergencia social, que ante la inacción, la esterilidad de las medidas adoptadas (que han provocado unos perjuicios a la colectividad que no se han visto proporcionalmente compensados con resultados visibles en la senda de la recuperación) y la ausencia de liderato son la antesala de una situación de conflicto social de consecuencias impredecibles y del que llevamos tiempo alertando. Falta la chispa que provoque la explosión.

En este panorama tan desalentador la sensatez y la prudencia política deben recuperar su espacio entre tanto ruido. Y no es fácil en un momento de descrédito de todo lo público y lo político. Existen, en este caso sí, situaciones precedentes en las que el diálogo y el acuerdo pusieron las bases de la solución de situaciones críticas, tanto en lo económico como en lo social y político. No en vano, nuestro propio proceso democrático es fruto de la cultura del consenso, en un momento tan difícil como lo es el tránsito de una régimen dictatorial de cuatro décadas de ejecutoria a un nuevo régimen democrático homologable a los occidentales; o en medio de una crisis económica (diferente a la actual, sistémica, pero también marcada, a fines de los setenta, por una tasa creciente de desempleo) agentes sociales y políticos pudieron poner en marcha desde el acuerdo las bases de la recuperación. Más recientemente, la mayoría absoluta de un prepotente José María Aznar no fue óbice para que el consenso en política antiterrorista, a sugerencia del entonces jefe de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, fraguara la cohesión política frente a la irracionalidad y la violencia, sustrato (pese a todo lo que vino después) de la derrota democrática del terrorismo.

Sensatez en las propuestas que este lunes lanzaba el Partido Socialista de la mano del que es, sin duda, referente de una manera diferente de hacer política frente a la prepotencia institucional del Partido Popular y la inflexibilidad de sus recetas: el Presidente andaluz, José Antonio Griñán, proponía consensos básicos en cuanto a la reactivación de la economía, el combate contra el desempleo y la lucha contra la pobreza. Consensos que exceden el diálogo (imprescindible) entre las formaciones políticas mayoritarias y que debe extenderse a los agentes sociales y al resto de formaciones política parlamentarias, ensanchando un arco lo más amplio y plural posible. Esta misma semana, en ausencia de sesión de control parlamentario (muy criticada por las especiales circunstancias de gravedad que vivimos), el secretario general del Partido Socialista, Pérez Rubalcaba, junto a otros dirigentes de su organización, insistía en la situación de excepcionalidad que se vive, y ponía sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno salga de su aislamiento y empiece a tomar en consideración las sugerencias que por parte del resto de formaciones se están haciendo, con ánimo dialogante y constructivo. Muy a destacar la posición de las centrales sindicales CC.OO y UGT, que lejos del papel de simples agitadores de la calle y a pesar de la campaña de criminalización que contra ellas mantienen a nivel político y mediático los sectores más conservadores de nuestro país, han hecho bandera de la necesidad del acuerdo para salir de esta situación límite. Cándido Méndez precisaba en pleno 1 de mayo que no sería lógico un pacto de adhesión inquebrantable al Gobierno, porque UGT y CCOO quieren que no se aplique el plan de reformas errático y agresivo que plantea. Pide, por el contrario, un gran acuerdo para “cambiar el modelo económico, impulsar la creación de empleo y proteger a las personas”. Tanto Cayo Lara, líder de la emergente IU, como Ignacio Fernández Toxo, insistieron igualmente en la necesidad de un gran acuerdo de Estado contra el paro, que partiría de una correlativa defensa y reforzamientos de los convenios colectivos, de la reivindicación del sector público frente a las privatizaciones y de una proclamación (en sentido verdaderamente patriótico, por democrático) de nuestra soberanía frente a la injerencia exterior de instancias no representativas. Desde otro posicionamiento, el discutido dirigente de la CEOE, Arturo Fernández, también reivindica la necesidad del gran acuerdo contra el paro. En común con las centrales sindicales, la Patronal insiste en la necesidad de reclamar nuevas vías de financiación para reactivar la economía. “Un gran acuerdo entre agentes sociales, Gobierno y oposición sería un mensaje de unidad imprescindible en este momento crucial”, determina.

La realidad, también en este sentido, es tozuda. No existe voluntad de acuerdo por parte de la formación política que ejerce las labores de gobierno, mientras sus voceros mediáticos ponen en solfa cualquier posibilidad de concertación, llevándola incluso al extremo del ridículo. Edurne Uriarte, reaccionaria colaboradora de “ABC” y en su día “pica en Flandes” del conservadurismo en la Ejecutiva del PSE-EE-PSOE (Nicolás Redondo Jr. “gratias”), dice “no, gracias”, al acuerdo de Estado; para ella, sólo es posible si el acuerdo lo es para la implementación de la reforma laboral, la aplicación de los recortes y el adelgazamiento de las Administraciones Públicas. Para ese viaje, no se necesitan tantas alforjas. Percival Manglano, ex consejero de la Comunidad de Madrid, en “El Mundo”, y pese al “espíritu de la Transición” que muchos y muchas reivindican, diagnostica poco recorrido a unos pactos de Estado que significan la autolimitación de poder por parte de sus interlocutores. Por parte del partido del Gobierno, Alfonso Alonso cree ver entre bambalinas las “políticas que nos han traído hasta aquí” (sic) en la oferta de acuerdos del Partido Socialista. Es la más amable de la reacciones: otros dirigentes populares directamente la han ridiculizado y menospreciado.

Llegados a este punto, esperaremos a la sesión de control del próximo día 8 de mayo para concretar la información que Mariano Rajoy (“El Ausente”) esté dispuesto a rendir sobre las eventuales nuevas medidas de ajuste y la respuesta del Gobierno a la voluntad de pacto que las fuerzas de la oposición parlamentaria desplegarán en la misma. Estamos en un punto de no retorno. Y si al ejercicio democrático del acuerdo se oponen el rodillo y el “trágala”, lo próximo a reclamar, también como voluntad de ejercicio democrático, será la convocatoria electoral anticipada. Con Juan Torres López, “es precisa la unidad ciudadana por encima de diferencias de segundo orden para salvar lo que de verdad es ahora lo prioritario, para enfrentarse con decisión e inteligencia a quienes han hecho que Europa se traicione a sí misma y se empeñan en destruirla, para poner en marcha un proyecto de regeneración política, económica y social que nos saque de las desesperanza y del miedo, para luchar contra el fraude en todas sus manifestaciones, para recobrar la ilusión en nosotros mismos y para garantizar que todos tengamos el mismo derecho al futuro en bienestar y con seguridad. Hay que poner fin a este gobierno porque de él solo se pueden esperar nuevos y más dolorosos e inútiles saltos al vacío, hay que reclamar nuevas elecciones y hay que lograr que concurran a ellas candidaturas ciudadanas de nueva factura que traigan el aire fresco que acabe de una vez con esta pesadilla”.