El Estado en su sitio

MCEC

 

No todos hemos disfrutado del ¿merecido? puente. Ni la policía, ni la Guardia Civil, ni la Fiscalía General ni la Abogacía del Estado han podido hacerlo, afanados como estaban en el examen exhaustivo de los más de 10.000 candidatos incluidos en las más de 1.100 listas electorales sospechosas de batasunismo. Tras la rueda de prensa de la Fiscalía anunciada para hoy tendremos datos más sólidos pero según la prensa, los servicios jurídicos del Estado impugnarán la práctica totalidad de las 232 listas presentadas por ASB (el nuevo partido que Batasuna ha intentado inscribir sin éxito en el registro), entre un tercio y la mitad de las 256 listas presentadas por ANV (la formación abertzale legal pero durmiente hasta su reciente reactivación) y “algunas pero pocas��? de las más de 642 listas presentadas a las elecciones en la CAPV y Navarra por agrupaciones electorales ad hoc.

 

 

 

El plazo para impugnar las listas vence mañana jueves. A continuación, la Sala 61 del Tribunal Supremo – la que convalidó la ilegalización de Batasuna y, por ello, encargada de ejecutar la sentencia impidiendo el fraude de ley que supondría su presentación bajo otras siglas –tiene de plazo hasta el próximo sábado para aceptar o no la impugnación. Finalmente, cabrá recurso ante el Tribunal Constitucional para aquellas listas que hayan sido rechazadas.

La contaminación batasunera de las listas de ASB es muy obvia. El TS tiene pendiente decidir sobre la legalidad de la inscripción del partido en sí, a la que se han opuesto los servicios jurídicos del Estado. Pero la inclusión en sus listas de los grandes espadas y destacados militantes de la formación ilegalizada hace muy probable que el TS acepte su impugnación generalizada.

Lo de ANV es otro cantar. ANV es un partido legal desde 1977, cuyos estatutos explícitamente renuncian a la violencia como método político. Formó parte de Herri Batasuna, pero se salió al romperse la última tregua. Es evidente que su reciente e intensa reactivación tiene el propósito de permitir la concurrencia electoral de una opción abertzale. Pero lo que se dilucida legalmente es si es un instrumento de Batasuna para burlar la ley. En un primer examen el juez Garzón dictaminó hace unos días que, en función de los datos disponibles, no procedía la suspensión de las actividades de ANV.

Como se recordará, el juez Garzón compitió con el Gobierno Ansar por ilegalizar a Batasuna por la vía judicial, aplicando los preceptos legales que permiten suspender las actividades de personas jurídicas cuando conste su dedicación criminal. Por lo que le correspondía verificar si ANV era un subterfugio de Batasuna para eludir la suspensión de sus propias actividades. El pronunciamiento de Garzón ha sido recurrido por la oscura Justicia y Libertad, en función entre otras cosas de los informes periodísticos aparecidos durante el puente sobre notas de ETA encontradas a los últimos detenidos que, al parecer, demostrarían que la reactivación de ANV es una estrategia concebida y dirigida directamente por ETA.

Por su parte, el Gobierno ha dejado saber que no va a actuar para ilegalizar ANV. Pese al reclamo insistente del PP, la decisión parece sabia puesto que no hay tiempo material para concluir con garantías el complejo procedimiento por el que el Congreso debe instar al Gobierno para que solicite la ilegalización al TS, en su caso recurrible ante el TC, con el grave perjuicio político que supondría una posible estimación del recurso pasadas las elecciones.

Todo ello no obsta para que sí sea factible la impugnación de todas las listas de ANV contaminadas de batasunismo. Como también la de las listas de las agrupaciones electorales ad hoc. El análisis exhaustivo y paralelo de la policía y la Guardia Civil se ha remontado a los años ochenta, cotejando los miles de candidatos de ANV y de las agrupaciones electorales ad hoc con las bases de datos de detenidos y condenados por pertenecer al mundo proetarra. El criterio de los servicios jurídicos del Estado es más restrictivo, por lo que sólo se impugnarán aquellas listas que incluyan candidatos condenados (no meramente detenidos y luego exculpados) con posterioridad a 1999.

Asumiendo un filtrado riguroso de los datos aportados por las fuerzas de seguridad por parte de los servicios jurídicos del Estado, es previsible que el TS acepte la mayoría de estas impugnaciones. Como también lo es que luego las convalide el TC, salvando aquellas cuya contaminación esté peor fundamentada jurídicamente o sea cualitativamente menor. En todo caso, ANV podrá concurrir a las elecciones en entre uno o dos centenares de municipios vascos y navarros. Como también podrán hacerlo varios centenares de agrupaciones electorales ad hoc.

Sin duda el PP va a poner el grito en el cielo, renovando sus acusaciones al Gobierno de cesión al chantaje terrorista. Con el agravante de que no es posible descartar que ETA decida atentar durante la campaña electoral, hábito muy arraigado históricamente entre los estrategas etarras. Es posible que, a diferencia del pasado, cuando también parecía obvio pero para ellos no lo fue, hayan llegado ahora a la conclusión de que un atentado mortal sería contraproducente en términos electorales para la izquierda abertzale. Pero dados los precedentes, trae más a cuenta confiar en que los últimos golpes asestados a la infraestructura etarra les impidan materializar sus peores instintos.

En todo caso, los poderes del Estado están haciendo lo correcto, aplicando la ley de partidos políticos, en su letra y en su espíritu, con toda la firmeza legalmente posible y dejando la última decisión en manos del poder judicial, como ordena la Constitución.

Pero al PP le dará igual, seguirá con la perversa máxima enunciada por Rajoy. Si no hay atentados será porque el Gobierno ha cedido por mucho que Batasuna siga siendo ilegal, ASB no pueda presentarse y se hayan impugnado todas las listas contaminadas. Y en cambio, si hubiera un atentado, denunciarían que el Gobierno se ha dejado engañar. Pero deberían pararse a pensar un poco, aunque sólo sea en términos electoralistas, y recordar lo mal que les salió el intento de manipular el 11-M. En principio, un atentado de ETA en plena campaña perjudicaría gravemente las perspectivas electorales del PSOE. Pero no es descartable que, siguiendo la lógica del PP, el electorado concluyera que el Gobierno no ha cedido un ápice y que el que ha cedido a la tentación de manipular el terrorismo en beneficio propio ha sido, una vez más, el PP.