El despertar

 Jon Salaberría

Sin duda, la noticia jubilosa con la que abren hoy todas las portadas y todos los canales informativos desde que saltase en la tarde de ayer, aproximadamente a las 17:30h., es una las más esperadas desde hace meses por quienes compartimos preocupación por el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar: la paralización del proceso privatizador de la sanidad madrileña, concebido bajo el eufemismo (con intención aparentemente funcional) de externalización de servicios, y la dimisión del consejero de salud de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, pone un punto y aparte (esperamos que pronto, final, pese a la voluntad de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, la precursora, de no abandonar las intenciones) a la lucha que miles de ciudadanos y ciudadanas, profesionales de la sanidad, usuarios, colectivos profesionales, de pacientes, organizaciones sindicales y dos fuerzas políticas de la oposición madrileña (UPyD, ni estaba, ni se le esperaba), como integrantes de la ya histórica Marea Blanca, han venido desarrollando durante casi toda la legislatura contra los planes privatizadores del ejecutivo autonómico, encabezado primero por Esperanza Aguirre y más tarde por su sucesor, Ignacio González. La firmeza de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del TSJM en mantener la suspensión de las medidas de externalización promovidas por la Consejería, evitándose así perjuicios de difícil o imposible reparación posterior, ha sido clave para la decisión política final, que ha conllevado incluso una dimisión, algo insólito en la cultura pública a la que estamos habituados. Pero si algún factor ha sido clave, junto a la coordinación de los colectivos afectados, al buen trabajo parlamentario de los grupos de la izquierda de la Asamblea, de la excelencia de los servicios jurídicos de las Plataformas, colectivos y formaciones, lo ha sido la movilización ciudadana.  

Ha tenido que pasar el ecuador de la legislatura de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España, y casi tres años de las legislaturas autonómica y municipal para que, por fin, la movilización ciudadana comience a rendir sus consecuencias prácticas. Si la impresionante movilización (en términos cuantitativos) que dio como fruto el atípico, inorgánico y casi estéril espíritu del 15-M no tuvo, a su vez, consecuencias tangibles en el plano de las decisiones políticas, y en los comienzos de la legislatura nos provocaba estupor la atonía social frente al progresivo y despiadado desmontaje del Estado de Bienestar que se estaba desarrollando en tiempo récord, dos episodios muy concretos acaban de dar una vuelta de tortilla literal a esta extendida percepción. Fue la resistencia vecinal en el barrio de Gamonal (Burgos) y lo ha sido ahora la victoria de la Marea Blanca, que va a tener no sólo los efectos concretos a los que aspiraba (la paralización de los planes privatizadores), sino dos consecuencias sociopolíticas adicionales: una, a medio plazo, la casi certeza de que puede ser la base, también, del cambio político en la Comunidad de Madrid en el horizonte, ya casi inmediato, de 2015; una segunda certeza, ésta inmediata, de que el despertar ciudadano consigue lo que antes le estaba vetado, cambiar las decisiones ejecutivas. La certeza de que ni la progresiva criminalización (vía legal) de las formas de protesta social, ni la manipulación informativa sobre las mismas, ni la orfandad relativa debida a una oposición política debilitada, impiden su virtualidad práctica. 

Estamos pues, en un punto de inflexión social que puede determinar un antes y un después con consecuencias políticas. Hablamos por fin un nuevo lenguaje que supera la resignación y que supone un nuevo basamento táctico. Pilar Esquinas, promotora de la consulta contra la privatización de la sanidad (que obtuvo más de un millón de suscriptores), declara que “al fin, un poco de coherencia, por fin se dan cuenta que la democracia es nuestra, de que los ciudadanos les vamos a pedir responsabilidades, de que no pueden hacer lo que quieran con nosotros”. Ése es el giro, y recomienda llevar las cuestiones a los tribunales. La privatización del Canal de Isabel II es la próxima etapa. Berna González Harbour señala hoy en “El País” un dato significativo: hasta un 25,8% de encuestados recientemente por la Pompeu Fabra ha estado, durante el último año, en alguna manifestación, concentración, movilización o acción de protesta, cada vez con formas más originales y, como señalaba bien Pilar Esquinas hoy mismo, bien coordinadas con la estrategia jurisdiccional. Frente a la criminalización o, en el más benévolo de los casos, frivolización de la protesta social, ésta deja bien a las claras su eficacia. Protestar sí sirve. De hecho, la protesta social (pacífica, salvos incidentes) se demuestra hoy como el más flexible, a la par que eficaz, ejercicio de la libertad individual y colectiva en el sentido más amplio, así como el campo de cultivo ideal para la materialización de propuestas profundamente éticas desde una reflexión colectiva y responsable. 

En los albores de nuestro proceso democrático, la emergencia de los partidos políticos como sujetos activos de participación pública dejó a un lado ese papel que los colectivos sociales habían desempeñado, en los estertores del régimen franquista. El movimiento vecinal de las grandes áreas metropolitanas, las asambleas de la Iglesia de base, los colectivos del mundo universitario o las representaciones sindicales clandestinas que se infiltraban en la estructura sindical vertical, jugaron un papel dinamizador y de cambio con consecuencias políticas en ausencia de las ilegales organizaciones políticas que fueron tomando el relevo de forma progresiva, salvas las aportaciones de formaciones clandestinas que trabajaron en profunda imbricación con las primeras, como el viejo PCE. Como alguna vez hemos comentado aquí, la constitución de la Platajunta supuso ese relevo en el activismo social a favor de los partidos políticos, facilitado por la apertura de los nuevos cauces institucionales. La crisis de credibilidad de las formaciones políticas y el desapego ciudadano respecto de las mismas han facilitado este retorno a los roles más activos, en el ámbito de la cosa pública, de aquellos colectivos de base social y popular (que decía Enrique Múgica), pero con una diferencia muy a subrayar: ahora sí existen los canales y los procedimientos de participación democráticos que entonces no. Y eso es una ventaja cualitativa y estratégica determinante. Como afirma el Profesor Pedro Moreno Brenes, el Estado de Derecho, las garantías que le son consustanciales, así como la seguridad jurídica son marco de defensa ideal de una sociedad más justa. La movilización responsable, en este marco de actuación, son garantía de consecución de objetivos. Gamonal y Marea Blanca, con una perfecta, comprometida y responsable coordinación en todos los ámbitos posibles son la prueba. 

Son numerosas las reivindicaciones de la sociedad civil que pasan ahora a mirarse en este espejo, alentándose el optimismo y las esperanzas. Tanto las más generales como las más locales (véase esta semana Interviú y su viaje por el espíritu Gamonal a lo largo y ancho de la geografía nacional). Y hay también motivo de esperanza en el plano de la denostada política: las organizaciones políticas saben ya que deben convertirse en estructuras flexibles a las nuevas formas de activismo. El nuevo concepto de cooperación política, como modo de actualización y puesta en valor de las instituciones legales y democráticas. El fin, esperamos próximo, de los intentos de adormecer conciencias y de instrumentalizar la atonía general con fines políticos (la mayoría silenciosa). El fin de la deslegitimación del proceso democrático por cualquiera de las instancias interesadas en ello.