Manuel Lobo

Cada vez que sale un nuevo caso de corrupción en la prensa sea del partido que sea, aunque últimamente en el PP son mucho más frecuentes, nos llevamos las manos a la cabeza y nos escandalizamos, pero cuesta mucho llegar al origen de cómo se produce, porque está claro que tras estos escándalos hay dos cosas en común: concursos públicos de adjudicaciones de obras, suministros o servicios y dinero en negro.

El dinero “B” está ahí y si se genera es porque, quien más y quien menos, hemos pagado o cobrado en negro aunque sean pocos euros. Es un tema complejo, con muchos mecanismos para generarlo pero que hoy no quiero entrar en él.

Quiero centrarme hoy en denunciar el mecanismo de concurso público para adjudicación de obras, servicios o suministros en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos y empresas asociadas.

Resumiendo en que consiste, un concurso implica que, además del precio, la adjudicación se va a realizar en base a otra serie de criterios, algunos objetivos y otros muchos de carácter muy subjetivo que hace que no siempre la oferta más económica sea la que contrate con la Administración.

A priori, podríamos pensar que hay muchos contratos que, por las variantes que existen para realizarlo, hay que tener en cuenta otros criterios y no solo el del precio, pero en la práctica encierra un perverso sistema para adjudicar los contratos a la empresa en la que alguien, tenga especial interés en contar con sus servicios.

Algunos ejemplos sencillos…

A la hora de adjudicar un servicio de limpieza municipal y recogida y gestión de residuos sólidos urbanos, dicho de forma más sencilla, la recogida de basuras, en muchas ocasiones se dejan huecos en los pliegos de condiciones, donde deberían figurar los servicios que debe englobar el servicio en base a criterios técnicos, a mejoras a proponer que se valoran de forma subjetiva, ya que no hay forma de comparar las diferentes mejoras que oferta cada una y es muy fácil que la empresa interesada, pueda disponer de información privilegiada sobre la mejora a proponer. Un ejemplo concreto en una localidad madrileña: un criterio subjetivo es la estética de las islas de contenedores y el diseño de las bocas de contenedores soterrados. Basta con sugerir a los técnicos que valoran, que propuesta es la “preferida” por el corrupto interesado, para que la valoren muy por encima del resto de ofertas y, a pesar de no ser la más económica, acabe siendo, por arte de la valoración del concurso con la adjudicación por varios años.

Otro ejemplo en la adjudicación de obras, donde supuestamente el proyecto de ejecución debe venir perfectamente definido que es lo que hay que realizar y cómo se debe hacer, se incluyen criterios como un estudio de la ejecución, o mejoras en calidades que no se valoran solamente con criterios objetivos. Nuevamente, basta con indicar a la empresa “favorita”, que debe incluir en esa parte para la mejor valoración y el precio no será el criterio fundamental, causando mayores costes a la Administración, coste que pagamos con nuestros impuestos.

En definitiva, podemos hacer muchas leyes para castigar a los corruptos, pero mientras sea tan fácil esconder de forma legal la forma de corromper, no acabaremos con ella.