El borrador

Jon Salaberría

Entramos en faena, señores y señoras. El ambiente político del pasado fin de semana tuvo ya varias citas de relevancia que van calentando los motores de los equipos en competición. La presentación de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado del Partido Socialista en el viejo templo de Estudiantes, el Pabellón Antonio Magariños; la formación sin duda más madrugadora en la confección de sus listas, con el aperitivo del Comité Federal del sábado, y ambos acontecimientos marcados por la polémica que ha suscitado la incorporación de Irene Lozano (Madrid, 1971) a la candidatura por Madrid en el privilegiado cuarto lugar de la misma (*). El cónclave de los populares en Toledo, con el ánimo de escenificar una artificial unidad en torno al discutido liderato de Mariano Rajoy Brey en una semana horribilis de los populares que ha incluido la defenestración (vestida de dimisión) de Arantza Quiroga, la salida de pata de banco de Cristóbal Montoro en El Mundo y las ampollas que ha levantado en el seno de un gobierno en retirada, y los malos presagios que supone una espada de Damocles llamada Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Presentación, también en Madrid, del enésimo intento de confluencia por parte de un Alberto Garzón que pierde autoridad dentro de una IU desorientada y noqueada, y que inicia el también enésimo proceso participativo en Ahora en Común, acompañado por el ex candidato a la secretaría general del PSOE Alberto Sotillos y sin la certeza mínima de cuáles serán las siglas y la fórmula electoral que lanzará a las urnas ni de los apoyos que recibirá. Por supuesto, el espectáculo de La Sexta con Jordi Évole y su choque de emergentes entre Albert Rivera y Pablo Manuel Iglesias Turrión, batiendo récords, demostrando que es un crack de los medios y lanzando a la opinión pública un nuevo modelo de debate del que se puede discutir incluso su esencia (**) pero no su originalidad y éxito.

El Partido Socialista, pionero a la hora de plantear sus candidaturas a la ciudadanía, ha intentado serlo también a la hora de concretar la oferta electoral, y así, la Comisión Permanente de su Ejecutiva Federal dio el lunes el visto bueno a su borrador de programa electoral. En términos de atención mediática, El Borrador: un documento de poco más de trescientas páginas que fue comunicado a los medios de comunicación el mismo lunes a las 22:00 horas, que en menos de veinticuatro estaba ya centrando todas las miradas, y que empieza a servir de pretexto de numerosas discusiones toda vez que se van desgranando algunas de las propuestas que, todavía germinales, serán la base del programa definitivo. Algunas venían filtrándose desde la semana pasada desde versiones contrapuestas, como ocurrió con la presunta marcha atrás en materia de derogación de la reforma laboral. Otras, como la relativa a la reconsideración penal de la prostitución, está provocando animadas polémicas tanto en las tertulias (de pago) como en las redes sociales. Si algo ha conseguido el equipo de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es, cuando menos, evitar la indiferencia general, cosa que no es fácil cuando el espectáculo de la nueva política tiene otros escanarios con más luces para llamar la atención.

La oferta electoral parte de una premisa fundamental: definir su carácter. Y ese carácter es, sin complejos, reformista. Frente al retroceso que en materia social y en materia de libertades públicas y derechos fundamentales significan estos cuatro años de ejercicio de gobierno del Partido Popular, han tomado durante meses (todos los que ha durado el souflé Podemos en las encuestas y en el protagonismo público) cariz de alternativa bien la indefinición, bien el rupturismo, cuando no los dos a un tiempos. Ciertamente, la enmienda a la totalidad al denostado sistema de convivencia de 1978, descalificado intencionadamente como régimen (con el sentido inmediato e inevitable que se desprende de la soledad del término) no viene acompañada de una hoja de ruta sólida en planteamientos alternativos. Solidez que es esencial cuando lo que se pretende es sustituir un marco de convivencia por otro que, como mínimo, debe venir respaldado por un consenso tan amplio como el que basó los acuerdos de la Transición. Y no parece que sean esas las perspectivas en la realidad social de la España de 2015. El programa que los socialistas presentarán de cara al 20D va más allá, en este sentido, de una oferta de gestión, y tiene intención de ser una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para participar en un verdadero proceso de transformación de España, con un alcance y unas perspectivas que por su calado se extenderán más allá de la propia legislatura nacida de la convocatoria electoral. Pero lo hará ofreciendo reformismo frente a la inacción y el aventurerismo irresponsable. El Partido Socialista pretende así recuperar su papel en la centralidad política: ese carácter de eje vertebrador de la vida pública que ha detentado en todos los momentos de nuestro proceso democrático, con diálogo frente al autoritarismo y la intolerancia como instrumento fundamental.

En este papel no le van a faltar adversarios al viejo Partido de Pablo Iglesias. No lo será el Partido Popular, cómodo en su inmovilismo. Pero sí lo serán Podemos (por lo menos hasta hace breve tiempo) y, sobre todo, Ciudadanos, una fuerza que empieza a creerse su esencia auténticamente centrista en las coordenadas políticas y que sueña ya con aquel rol que jugaron Adolfo Suárez y Unión de Centro Democrático, antes de su implosión, en los albores de la etapa constitucional. Como el Partido Socialista, Ciudadanos se reivindica en la tradición constitucional de 1978 y en la esencia reformista. Un probable punto de encuentro el día 21 de diciembre, pero hasta entonces indicativo de que el partido naranja no renuncia a asaltar los caladeros de voto socialista.

La clave de arco está en la definición. Aún a sabiendas de que el favor mediático coloca estándares de exigencia mayores al Partido Socialista que a los dirigentes de la nueva política (***), a los que se tolera un generoso difuminado. Se trata de un reto que hay que asumir. Pedro Sánchez declara que los socialistas apuntamos tres líneas de reforma: primero, el blindaje de los derechos sociales frente a los recortes. Ya que aseguramos la estabilidad presupuestaria, aseguremos también la estabilidad social. En segundo lugar, la culminación del desarrollo autonómico con una reforma federal. Aclaremos competencias. Establezcamos mecanismos eficaces de colaboración federal. Fijemos unos principios razonables de financiación. Reconozcamos singularidades territoriales. Y garanticemos la unidad de la soberanía nacional, la cohesión territorial y la igualdad de derechos de todos los españoles y españolas. Todo eso es posible. En tercer lugar, sin duda, La tercera línea de reforma tiene mucho que ver con el desafío de prevenir la corrupción y garantizar el funcionamiento limpio de las instituciones.

El desarrollo de cada uno de estos tres pilares programáticos determinará como objetivo el trabajo que los socialistas desarrollarán en los próximos y escasos dos meses hasta la cita con las urnas, en un ambiente poco propicio, en una sociedad fragmentada y con muchas dificultades objetivas, muchas de ellas, sin duda, responsabilidad de nuestros propios errores dentro y fuera de las responsabilidades de gobierno. Pero tanto la historia como el patriotismo militante y, fundamentalmente, las necesidades de una sociedad que lleva demasiado tiempo esperando al Partido Socialista, exigen redoblar el esfuerzo.

Dos meses para incidir en soluciones al desierto educativo y científico en que se ha convertido España, derogando una LOMCE nefasta y construyendo desde el consenso una Ley de Educación amplia, inclusiva, equitativa y que permita además una financiación estable del sistema educativo, partiendo del 5% del PIB en dos legislaturas y con el objetivo del 7% en el medio plazo; elaborando un Estatuto del Docente que garantice su profesionalización y su dignidad; recuperando el sistema de becas y la gratuidad de libros de texto; recuperando la Universidad, incluyendo planes de rescate para universitarios que han debido abandonar sus estudios por motivos económico en estos años. Dos meses para recuperar una fiscalidad justa para las actividades culturales, idéntica a la que se establece en los países de nuestro entorno. 

Dos meses para proponer medidas que rescaten la actividad política para la ciudadanía, devolviendo a la misma su prestigio. Es imperativo ya modificar la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General desde el consenso para adaptar nuestro proceso democrático a las nuevas formas de participación. Especialmente, estableciendo sistema de listas desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre la designación finalmente de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios. Como lo es reforzar y reformar los mecanismos legales para impedir la corrupción, desde el régimen de incompatibilidades, pasando por el de aforamientos, la legislación sobre contratación pública y la regulación de los indultos.

Dos meses de trabajo en la recuperación de un marco legal de libertades públicas, como la de expresión y de reunión pacífica, derogando la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular, y de perseverancia en la implementación de una nueva legislación y medios (tras años de recortes) para la lucha contra la explotación sexual, el tráfico de personas y, sobre todo, contra esa insoportable realidad diaria de la violencia machista.

Dos meses, en definitiva, para concretar medidas que coloquen a España, en palabras del secretario general del PSOE, por debajo de la media europea de desempleo. Para las mujeres españolas, al menos, la tasa media de actividad de las mujeres europeas. Para colocar a nuestro país entre los tres mejores en el ranking de éxito y equidad educativa. Para estar a la cabeza de Europa en porcentajes de PIB dedicados a la ciencia, la investigación y la innovación. Para liderar en Europa la utilización de las energías renovables y volver a ser un referente en la materia. Para, por encima de todo, erradicar el drama de la pobreza infantil.  

El Partido Socialista debe ser consciente de que este trabajo y su materialización posterior implica la idea de consenso. Obviamente, recuperar ese pacto sobre el que construimos nuestra democracia. Un pacto que dice que si se estudia, se podrá encontrar trabajo. Que si se trabaja, se cobrará un salario digno con el que llegar a fin de mes. Que si se pagan impuestos, a cambio tendrás unos servicios públicos de calidad y una pensión que garantice tus días de jubilación. Ese pacto roto por la derecha, es el que nosotros recuperaremos.  

(*) El Caso Lozano no dejará de dar coletazos. Pese a la calma chicha que sigue a la aprobación de las candidaturas. En mi opinión, hay algo sobre lo que no se ha incidido, y que va más allá del perfil de Irene Lozano y de su (muy reciente) pasado: las formas de composición interna de las parrillas electorales. En el espíritu mismo del programa en el que se trabaja está cambiar el chip en estos procedimientos, por supuesto también en los internos. En cuanto a Irene, como en numerosos casos, sólo le queda justificar con su trabajo la oportunidad de su incorporación.  

(**) El modelo Évole, de exitosa factura el pasado domingo en La Sexta, genera entusiasmo, pero también dudas. Como se cuestiona César Calderón en el título de su artículo en redlines.es, no sabemos si es debate, debate dramatizado o tertulia-ficción y (conclusión) no sabemos qué hubiera pasado de haberse producido en directo y sin la magia de la postproducción de por medio. Lo que está claro es que, como espectáculo televisivo, ha alcanzado las más altas cotas, y como los mejores realities, lleva varios días retroalimentando los más variados programas de la cadena de Atresmedia. Cash para Roures. 

(***) Con victimismo de auténtico culé patidor aplicado a la militancia política, lamento que la falta de concreción de las propuestas sea considerada con tolerancia por los media cuando se trata de la nueva política, mientras que la exigencia de detalle con nosotros/as sea incluso previa a los trabajos de formalización de la oferta electoral. Si el Partido Socialista remite a la negociación colectiva (hoy arrinconada) para la determinación de las cuantías por despido en un nuevo marco laboral, caen chuzos de punta en la opinión publicada. La respuesta a la misma interrogante por parte de Podemos, la indemnización por despido será la adecuada (sic), se contempla con normalidad. Es un hándicap de cuya génesis, por supuesto, no nos falta culpa, como he señalado más arriba. Habrá que arremangarse. Mucho.