El ajuste razonable

Jon Salaberría

La noticia político-económica del día de ayer en la Comunidad Autónoma de Andalucía tenía un rostro (sonriente): el de María Jesús Montero Cuadrado (Sevilla, 1966), Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. La Intervención General del Estado comunicaba a la Administración andaluza la confirmación de que en el ejercicio de 2013 la Comunidad cerraba año con una tasa diferencial entre gastos e ingresos del – 1,55 %, tres décimas por debajo del 1,58 % marcado como objetivo por el Gobierno de España para el mismo. Fue en febrero pasado cuando la Consejera Montero anunciaba un porcentaje algo mayor, del 1,57 %, si bien dentro igualmente del objetivo de austeridad marcado desde el Gobierno. En cualquier caso, ello implica un considerable ajuste en la ejecución presupuestaria desde que el cierre de 2012 indicase un 2,02 %, superior tanto al objetivo general como a la media del 1,73 %, que ya de por sí lo superaba.

 La satisfacción del Ejecutivo andaluz era ayer indisimulada ante la confirmación del dato. La propia María Jesús Montero afirmaba que el mismo “permite afrontar los retos de 2014 con confianza y con la tranquilidad de no necesitar recortes adicionales, dando credibilidad a las políticas que están plasmadas en el Presupuesto para el ejercicio”. Montero atribuye el mérito del logro a la sociedad andaluza y, en especial, al esfuerzo de los/as trabajadores/as del sector público, “sin cuya aportación y esfuerzo no se habría conseguido el objetivo sin afectar a los derechos de los ciudadanos”. Porque el Gobierno andaluz mantiene, esencialmente, que la consecución del objetivo se ha conseguido blindando las políticas sociales, la educación y la sanidad. Es la difícil pirueta consistente en cumplir un objetivo de equilibrio presupuestario sin dejar de ejecutar políticas de izquierda de las que Andalucía se presenta como el principal referente estatal a raíz de la firma del Acuerdo por Andalucía (PSOE-IU). Ya en febrero, cuando el Gobierno andaluz anunciaba que en 2013 Andalucía abandonaba el grupo de Comunidades que incumplían los objetivos de déficit, se pudo hacer una lectura política del dato, así como de su trascendencia. Como indicaba Daniel Cela, de El Correo de Andalucía, hace un mes Susana Díaz (Presidenta) decidió no hacerlo público hasta minutos antes del acto que protagonizó, organizado por el PSOE catalán (sic), en Hospitalet de Llobregat, Barcelona (1 de febrero). La Presidenta andaluza nunca maneja casualidades y tampoco lo fue esta vez, irse a Cataluña de visita oficial, reunirse con el Presidente de la Generalitat y con un nutrido grupo de empresarios catalanes y anunciar que Andalucía ha abandonado el grupo de comunidades que incumplen el déficit, entre las que se encuentra la propia Cataluña”. El esfuerzo de conciliación interna que socialistas y coaligados de Izquierda Unida han debido realizar en este punto es, por supuesto, más que apreciable. IUCA nunca ha sido formación equívoca en este sentido: siempre han rechazado la imposición del plan de consolidación fiscal que obliga a las Administraciones a ajustar su balanza de ingresos y de gastos, aunque haya tenido que asumirlo por imperativo legal, como gusta decir a los dirigentes de la formación de Antonio Maíllo. La clave de arco era el mantenimiento de las políticas sociales “por encima de unas décimas de desviación”, objetivo totalmente asumible por sus socios del PSOE de Andalucía. Queda pendiente el debate sobre el aumento de la presión fiscal sobre rentas muy determinadas, y que estará sobre la mesa en este ejercicio político: la gran reivindicación de IUCA y uno de los caballos de batalla en los que tendrá enfrente, por supuesto, al Gobierno central y al Partido Popular.

 Una vez mostrada la satisfacción por el éxito de gestión que supone esta noticia, servidor (que también comparte su júbilo por la parte modesta que le toca en el esfuerzo, María José Montero dixit) quisiera matizar. No es un secreto, entre los amigos y las amigas de este lugar de debate, que no me encuentro entre los muy fans de la sacralización de los objetivos de déficit presupuestario, y que para mi supuso un golpe moral importante la decisión exprés de reformar el artículo 135 de la Constitución que tantos ríos de tinta ha producido desde el malhadado año de 2010. Como no es para nadie un secreto (y sería necio ocultarlo) que Andalucía, la que tanto ha avanzado desde que asumiera en los albores de los ochenta las riendas de su autogobierno, arrastra otro tipo de déficits, los estructurales y los socieconómicos, para cuya resolución las políticas de ajuste son las peores enemigas posibles. Problemas para cuya resolución las batallas entre Administraciones y la deslealtad entre agentes políticos y económicos suponen hándicaps insuperables. La cuestión del desempleo, que si a nivel de España es una tragedia, en Andalucía alcanza además categoría de mal endémico hasta en las épocas de vacas gordas, necesita de un amplísimo gran pacto social y político que no llega, y que siempre está en las conversaciones. Recientemente, en las que han mantenido la Presidenta andaluza y el que será su rival electoral, Juanma Moreno Bonilla. La plasmación práctica de esa estrategia que no llega sería un nuevo tratamiento de la financiación.

 Opino, por supuesto, que el trato injusto a la que se somete a Andalucía por parte del Gobierno central es el que motiva los esfuerzos de ajuste. El sistema tributario vigente, por ejemplo, no garantiza la suficiencia de los recursos para pagar esos servicios públicos, como sanidad o educación, que son la bandera del modelo de Estado del bienestar. Andalucía sigue siendo una de las cinco Comunidades que presentan déficit de financiación de los servicios públicos. Se estima que cercano a los 126 millones de euros. Factor que perpetúa los desequilibrios y las desigualdades territoriales. La deslealtad institucional en decisiones relativas, como la subida del IVA, para la que no se consultó a las Comunidades, es otro ejemplo más en materia tributaria. Como lo es también la regulación del IRPF, que plantea el gravamen de las rentas más altas en el tramo autonómico, lo que beneficia obviamente a los territorios más desarrollados. Nuestra infrafinanciación (por debajo de la media estatal ya desde 2011) ni siquiera se puede ver corregida por los Fondos de Convergencia previstos al efecto: desde la llegada del PP al poder, Andalucía no ha percibido ni un solo euro de los fondos de competitividad. Mientras, en vez de asumir papel protagonista en un debate de Estado sobre esta materia, Mariano Rajoy asiste como pasivo observador, en el otro papel que más gusta, el de Don Tancredo, a las reivindicaciones de los territorios. Pasividad que agrava más si cabe esos conflictos territoriales y que al final, como denuncia la propia María Jesús Montero, puede desembocar en una batalla por “balanzas presupuestarias a la carta” de imprevisible resultado.

 Aparte de reclamar un mejor trato financiero, no puedo tampoco dejar de alertar que el regocijo en el logro esconde peligros. Por un lado, el aplazamiento de inversiones es, sin duda, una de las razones del cumplimiento del objetivo. Pan político para hoy, hambre para mañana: hay proyectos que están en la base del futuro despegue y que debería ser inaplazables. Por otro, partiendo de un sistema de atención social, educativa  y sanitaria de excelencia, la joya de la corona de tres décadas de autonomía, y partiendo de la presunción de mantenerlo contra viento y marea, no se puede negar que también se ha visto afectado. Un 10,8% de recorte en sanidad y un 8,6% en educación respecto a 2012; para 2014, las previsiones presupuestarias son del 2,1% y 2,3%, respectivamente, en esas parcelas. Sólo por encima, Catalunya y su tijeretazo de 5,7% en sanidad y 10,1% en el año de la consulta. Las líneas rojas son demasiado delgadas. Advierto: la satisfacción del momento no puede alejarnos de la consciencia de estar caminando sobre un finísimo alambre. 

Finalizo haciendo propia la conclusión de Enrique Benítez en La Opinión de Málaga: toca ahora al Gobierno central corresponder la lealtad y evitar tentaciones de socorro a Comunidades que no han asumido los mismos sacrificios. Y toca ya también el impulso de medidas a favor de las personas destinadas a crear empleo, fortalecer servicios públicos y recuperar derechos. Lo contrario sería “un ataque frontal a nuestro sistema de valores y de convivencia”. Una vez se ha cumplido, hay que dar fin al dolor social. Ese es el nuevo objetivo que no admite excusas.