Jelloun

«Escuchar»: esa es la clave de la precampaña electoral de Ségolène Royal. Los miles de actos organizados por todo el país por los comités «Désirs d’avenir» (deseos de futuro) constituidos en apoyo a su candidatura permiten a Royal pulsar las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos. Escuchar primero, para luego concretar su programa. Escuchar a una ciudadanía que no siente como suyas las preocupaciones que parecen monopolizar el discurso de los profesionales de la política. Escuchar. No parece mala idea. Tendría éxito, creo yo, también entre nosotros. En un país como España donde la concepción de la política que predomina reduce ésta al politiqueo entendido este como el dime y direte de los líderes políticos, con escasa o nula atención a las propuestas programáticas, y muy escasa visibilidad de los problemas que afectan a la vida cotidiana de la gente. Especialmente cuando se refiere a las clases populares. En palabras del Profesor Viçent Navarro, «ello da pie a una falsa uniformidad programática en que las diferencias entre los líderes políticos se atribuyen a características personales». Incluso los programas de humor y sátira supuestamente más iconoclastas o corrosivos se centran en estos profesionales de la política, confundiendo la política con «lo que dicen» los dirigentes políticos. Todo ello contribuye al descrédito de lo que se ha llamado –un concepto que se asume de forma ya casi generalizada- la «clase política».

Sin ir más lejos, el último Eurobarómetro («La Realidad Social Europea») de cuyas conclusiones se hacían eco anteayer los medios de comunicación reflejaba entre otras cosas muy importantes –por ejemplo, que casi el 90%de los europeos se declare «feliz»-, que a los españoles les interesa bastante menos que a la media de los europeos la política. Y este descrédito es mayor entre los sectores sociales de menor renta.

Hoy, la prensa española recoge – con dimensiones más bien discretas-, el compromiso mostrado por la candidata de la izquierda francesa de ayudar a los barrios conflictivos, esas aglomeraciones periféricas de las grandes ciudades francesas. Lo hizo en un lugar que saltó a las primeras planas hace mas de un año al desencadenarse allí una tremenda ola de violencia que conmocionó –durante poco tiempo, bien es cierto-, a toda la sociedad francesa y europea. Cuando estalló el conflicto todos parecieron caer en la cuenta de la bomba de relojería social que se esconde en esos barrios con su explosivo cóctel de desempleo, getización, carencia de servicios públicos, degradación urbanística y su corolario de delincuencia, problemas de convivencia, etc.. Pero con la calma volvió la rutina a la agenda política dominante y del problema social que se esconde en esos barrios sólo quedaron vagas promesas gubernamentales y, a nivel mediático, el recuerdo de los coches incendiados.

Entre nosotros, en medio de los rifirrafes políticos de corto vuelo, también hay iniciativas que persiguen poner en primera línea de las preocupaciones políticas las que se corresponden con las necesidades sociales mas acuciantes. Aunque rara vez consiguen acaparar las primeras planas y darse a conocer al conjunto de la ciudadanía.

Con cerca de un millón de inmigrantes llegados en los últimos ocho años, conbuena parte de los ciudadanos –jóvenes y no tan jóvenes- padeciendo graves dificultades para acceder a la vivienda, en Cataluña, como en el resto de España y en tantos otros países europeos, los riesgos de la segregación social se acrecientan cada día. Para hacer frente a este fenómeno, un gobierno sensible como el protagonizado por la izquierda plural en Catalunya –primero con el impulso brillante de Maragall y ahora bajo la batuta discreta pero eficaz de Montilla-, se dotó de un instrumento novedoso como es la Ley de Barrios. Instrumento político de importancia crucial como pocos que, sin embargo, no creo que haya protagonizado nunca editoriales de la prensa nacional (que, sin embargo, se muestra sesudamente preocupada por esa problemática en abstracto o cuando arden coches) ni ocupado minutos de prime time de nuestras cadenas de televisión.

El espíritu que ha animado la concepción y aplicación de esta ley es claro: se trata de «romper barreras urbanas, evitar fracturas sociales, hacer de la periferia centro». Y al servicio de esa finalidad un fuerte compromiso político y, sobre todo, un apoyo financiero impresionante.

Es pronto todavía para hacer balance de su aplicación. Pero se pueden constatar algunos hechos: son ya casi cincuenta los barrios en los que se están acometiendo operaciones de rehabilitación integral en el marco del programa. Barrios de toda Cataluña, con una población total que se acerca al millón de habitantes y una inversión comprometida que ronda los 600 millones de euros (repito, 600 M€), aportados a partes iguales por la Generalitat y los respectivos ayuntamientos. A inicios del año 2007, con la cuarta convocatoria del programa, se habrán comprometido ya 800 M€.

¿No debería este dato elocuente ser objeto de difusión y debate social incluso más allá del marco de Catalunya? ¿Será que las cifras «macro» nos dejan fríos? Es interesante detenerse un momento a considerar esta cifra que, por su volumen, puede resultar difícil de evaluar.

Situémos pues esos 800 M€ en su contexto a través de un par de ejemplos bien cercanos. Hablaba antes del estallido social en las «banlieues» de las ciudades francesas, esas que Ségolène Royal considera, por fin, objetivo político prioritario. Durao Barroso, Presidente de la Comisión Europea anunció lo que calificó de «esfuerzo extraordinario para socorrer a la república Francesa» y ayudarla a resolver los problemas de esos barrios tan conflictivos. La aportación extraordinaria fue de 50 M€.

Otro ejemplo: para promover la rehabilitación urbana en los 25 países miembros, la Unión Europea dispone del programa URBAN para el cual los presupuestos comunitarios destinan un total de 750 M€. Es decir, que la UE dedica para esa línea de ayudas una cifra menor que la destinada por la Administración catalana –Generalitat y Ayuntamientos-, a la rehabilitación de sus barrios.

A lo largo de esta segunda legislatura del gobierno de izquierdas catalán se incorporarán hasta un total de 100 barrios a este programa. No pocos, incluso bienintencionados pero acaso ofuscados por la enorme ofensiva mediática que ha acompañado la trayectoria de la izquierda catalana en el Gobierno, han afirmado reiteradamente que la legislatura anterior –esa que la crisis del estatut cerró prematuramente-, ha sido una legislatura perdida. ¿Perdida? Pregúntenselo a los vecinos.

Es en ese terreno donde una Comunidad se juega su cohesión social y por tanto (al menos desde una perspectiva progresista), su futuro. Pocos objetivos pueden definir mejor el sentido auténticamente progresista de una acción de Gobierno. Es ahí donde las fuerzas de izquierda, de progreso, se juegan su credibilidad.

P.D.- El gobierno catalán de Montilla cumple sus primeros cien días.