Desobediencia y consulta

David Rodríguez

A lo largo de la historia de la humanidad, la desobediencia ha sido uno de los móviles que ha conducido a modificar situaciones injustas. No se trata ahora de realizar un repaso de las situaciones en las que se ha producido este hecho, simplemente basta con destacar que la ley y la justicia no siempre van de la mano, y que en ocasiones hace falta prescindir de la primera para conseguir la segunda. Me gustaría repasar aquí si este es el caso de Catalunya, y si la consulta anunciada para el primero de octubre va en la línea de desobediencia expresada.

Lamentablemente, la Constitución Española no reconoce el derecho a la autodeterminación de sus pueblos. Desde mi punto de vista, y como defensor del derecho a decidir, se trata de una situación a todas luces injusta. De hecho, Catalunya sólo puede realizar una consulta sobre su futuro en relación a España de dos maneras: mediante un acuerdo o ejerciendo la desobediencia. Por consiguiente, si el gobierno central bloquea cualquier tipo de diálogo en este sentido, el pueblo catalán debería tener derecho a ejercer de manera unilateral el derecho a decidir su propio futuro. Se trata de una cuestión de democracia, aunque en mi caso no soy independentista.

Sin embargo, y aunque a algunos les pueda resultar extraño, la consulta anunciada para el 1 de octubre no se sitúa, al menos de momento, en el campo de la desobediencia declarada. Si escuchamos las opiniones de miembros del gobierno catalán, cuando se les pregunta sobre qué harán si el Tribunal Constitucional suspende la consulta, las respuestas se sitúan siempre en el terreno de la expresión de sus deseos dentro de la legalidad, tanto estatal como internacional. De hecho, todo el procedimiento para la convocatoria del evento queda condicionado a un enjambre de argucias legales para intentar situarse dentro del ordenamiento jurídico, aunque todos y todas sospechemos que finalmente esto no resultará posible. Por más que trate de ganarse tiempo, el gobierno español tiene los mecanismos legales para impedir que se lleve a efecto la consulta, a no ser que finalmente nos situemos en el campo de la desobediencia explícita.

Desde mi punto de vista, se produce aquí una paradoja que nos lleva a una contradicción importante. Si el supuesto referéndum ha de convocarse de manera ‘exprés’, surge el problema de que se amputa el papel del Parlament en el debate de la ejecución de la propuesta, así como la discusión previa de todas las posiciones políticas en un contexto de transparencia democrática. La cuestión ya no es la unilateralidad, sino el carácter democrático de un proceso que, insisto, sólo puede llevarse a cabo desde el acuerdo o desde la desobediencia declarada, asumiendo en este último caso que una parte de la población no acudirá a las urnas.

Además, aparece otra cuestión no menos trascendente, como es el contenido de la pregunta, de la que quedan prácticamente excluidos todos aquellos catalanes que no son independentistas pero reivindican una inserción dentro de España totalmente diferente a la actual. Se me dirá que el federalismo no puede aplicarse si el Estado no lo acepta, pero lo cierto es que la independencia tampoco. Se me dirá entonces que el federalismo no puede ser declarado unilateralmente y la independencia sí, pero en ese caso ha de quedar muy claro que nos situamos voluntariamente y con todas las consecuencias en la ilegalidad, cosa que a día de hoy no se ha hecho.

Si recordamos la historia reciente, la consulta del 9 de noviembre de 2014 planteaba una doble pregunta para situar mejor esta pluralidad, lo que demuestra que sería completamente factible hacerlo de nuevo. El tema no es baladí si tenemos en cuenta que la independencia divide por la mitad al pueblo catalán, mientras que el apoyo al derecho a decidir es ampliamente mayoritario. No es extraño en este contexto que algunos actores políticos no consideren el 1 de octubre como un referéndum, sino como un proceso de movilización ciudadana.

Ahora mismo, ofrecer una alternativa que vaya más allá del independentismo o del unionismo parece una tarea de titanes, aunque por otro lado sería la solución más razonable a un conflicto enquistado. De hecho, el pueblo de Catalunya y su Parlament ya han ofrecido soluciones como la aprobación ampliamente mayoritaria del Estatut el año 2006, la propuesta del concierto económico de 2012 o las constantes apelaciones a una negociación que desbloquee la situación actual. Pero las respuestas del Tribunal Constitucional y del PP han sido categóricas, convirtiéndose en el principal factor inmovilista de todo este proceso. En este sentido, es urgente que España conforme una mayoría de gobierno alternativa para avanzar en la resolución del problema territorial, aunque tampoco está muy claro que el PSOE (pese a algunas de sus últimas declaraciones) esté por la labor a corto plazo. Todo esto no hace sino dar fuerza a las voces que apelan a una solución unilateral.

En todo caso, echo en falta que Catalunya no haya aprovechado toda esta coyuntura para iniciar un Proceso Constituyente que centre el debate no sólo en la relación con España, sino en torno al modelo de país que queremos construir. Está claro que el actual gobierno de Catalunya no ha estado por la labor, por lo que ha cercenado una parte de la discusión y lo ha centrado todo en torno al tema de una independencia cuyos efectos tampoco han sido discutidos con el suficiente rigor. En lugar de mantener la mayoría por el derecho a decidir, los bandazos han sido constantes, tomando ciertas decisiones que han apelado constantemente al espacio que ahora representan Catalunya en Comú, Podem y otros actores, pero sin implicar a los mismos en una estrategia decidida de manera colectiva.

Soy incapaz de realizar un pronóstico sobre lo que ocurrirá finalmente el 1 de octubre. Lo único seguro (salvo sorpresa mastodóntica) es que el Tribunal Constitucional prohibirá el referéndum. A partir de aquí, se abrirán diversas opciones, desde el acatamiento hasta la desobediencia, pasando por otras soluciones imaginativas que ahora mismo se ignoran. Pero ambas respuestas plantean, como no, problemas mayúsculos. Si se acata y se convierte el 1 de octubre en otro 9 de noviembre (si es que no se impide también eso), la decepción de una parte del pueblo catalán será enorme. Si, en cambio, se procede al ejercicio de la desobediencia se entra en una espiral de consecuencias imprevisibles. A menos de tres meses vista, no parece que todos los miembros del gobierno catalán tengan clara la respuesta a proporcionar. Habrá que seguir con sumo interés como se desarrolla tan complejo proceso.