Desahucios

Lobisón

Durante los últimos días ha comenzado a extenderse la idea de que el PSOE podría llegar a tener una bandera política significativa en el decreto del gobierno de Andalucía para la expropiación de uso de los pisos en trance de desahucio. Tanto es así que IU ha corrido a señalar que el decreto es una muestra de la diferencia que representa su presencia en el gobierno andaluz, y su protagonismo en esta medida. Y la propuesta de convertir el decreto en ley nacional puede darle más aire a Rubalcaba que la propuesta de reforma fiscal, a juzgar por las primeras reacciones. Cabría entonces pensar que ése es el tipo de cosas que se le tendrían que haber ocurrido antes al PSOE.

Me gustaría señalar las razones por las que si la iniciativa hubiera salido de la sede de Ferraz el efecto no habría sido el mismo. La primera, y bastante fundamental, es que no es igual una propuesta de la oposición, en un Congreso con mayoría absoluta del gobierno, que un decreto autonómico que tiene la posibilidad de tener efectos inmediatos. Si Ferraz hubiera dado el primer paso, la opinión pública lo habría interpretado como un mero brindis al sol, además de echar en cara al PSOE el no haber cambiado la ley hipotecaria a su paso por el gobierno.  

La segunda razón tiene que ver con la opinión pública. Los casos de suicidios de personas desahuciadas han tenido el lógico efecto emocional, y en este contexto la iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha tenido un enorme impacto político. Hay que subrayar que una propuesta de ley en un sentido similar, impulsada por el PSOE, no lo habría tenido: partimos de un fuerte descrédito de los partidos, en el que sus iniciativas tienen baja credibilidad. Es el hecho de que haya sido un verdadero movimiento social el que ha impulsado la ILP lo que le ha dado tanta repercusión.

La tercera razón tiene que ver con la actitud del PP. Tras haber aceptado la tramitación parlamentaria de la ILP, en contra de todos sus instintos, sus enmiendas aparecen como un intento de quitarle casi todo su contenido. Y su reacción ante los ‘escraches’ —maldita palabra que nunca imaginé leer en la prensa española— ha superado cualquier cautela en su intento de desviar la atención de la ciudadanía de la cuestión de fondo. Hablar de ‘nazismo’ es no sólo una desmesura, sino una provocación que puede polarizar aún más a la opinión pública. En este contexto el decreto andaluz parece un ejemplo de moderado pragmatismo, y mucha gente querría que fuera eficaz y pudiera presentarse como un ejemplo.

Pero, precisamente en este contexto, la respuesta de los medios conservadores ha sido tan hostil que puede reforzar la imagen del decreto entre los electores. Ahora que nacionalizar bancos —es decir, socializar pérdidas— se ha convertido en el pan nuestro de cada día, pretender que la expropiación de uso de un piso por tres años es el preámbulo de la revolución de Octubre no sólo suena falso sino que priva de toda credibilidad a quienes lo afirman. Y no es nada seguro que tales expropiaciones supongan, además, ningún grave problema para los bancos, que ya tienen pisos vacíos e invendibles en exceso.

Una nota final: ¿qué van a hacer los representantes de la PAH si su ILP queda descafeinada e irreconocible tras su paso por el Congreso? Un movimiento social tiene en estos momentos muchas ventajas frente a los partidos, pero sigue teniendo limitaciones que no son fáciles de asumir. Es bastante descorazonador leer que los portavoces del movimiento estudiantil chileno rechazan que se ‘manoseen’ políticamente sus demandas. Como es obvio, las demandas sociales sólo pueden resolverse si se las manosea políticamente para convertirlas en leyes. Pero bueno, ésta es otra historia.