Democracia Directa para cambiar el Sistema Electoral Chileno

Alejandro Corvalán 

Indicaba en un artículo anterior que la transición chilena está en una jaula. Las instituciones autoritarias diseñadas por Pinochet – aquellas que persiguen que “todo cambie sin que nada cambie” – no  han sido reformadas. En particular el sistema electoral. 

¿Cómo se reforma el sistema electoral? Desde el Parlamento, naturalmente. 

Pero aquí aparece de inmediato el nudo gordiano: los propios parlamentarios son electos bajo la regla binominal, por lo cual son lógicamente reticentes a una reforma. Durante veinte años, todos los intentos por cambiar el sistema electoral en Chile han sido infructuosos. Parece aconsejable  convencernos de que no existe manera de reformar el sistema binominal desde el Parlamento. Lo cual, por cierto, es bastante obvio. Los sistemas electorales son muy estables porque justamente deben ser reformados por sus beneficiarios directos.

 

De hecho, el empecinamiento de los parlamentarios (y los partidos) por conservar el sistema binominal contrasta con las opiniones de otros dos grandes actores políticos: el poder ejecutivo y la ciudadanía. Las palabras de la presidenta Bachelet dan clara cuenta de lo primero. Y de lo segundo las encuestas, que muestran un amplio rechazo de los chilenos tanto al sistema binominal como a la labor parlamentaria. 

La pregunta, entonces, es acerca de la noción misma de representatividad. ¿Cómo pueden los ciudadanos y su Presidenta presionar a los parlamentarios para que reformen el sistema electoral? 

La única respuesta es cortar el nudo con la espada: convocar a un referendo donde los electores se pronuncien respecto al sistema electoral. Dicho mecanismo de participación directa, aunque no vinculante (lo cual prohíbe la Constitución chilena), explicitaría la tensión entre la ciudadanía y la clase parlamentaria. Esta medida sólo puede implementarla el gobierno, pero hay varias razones que sugieren su viabilidad por parte del ejecutivo.   

Primero, el gobierno ciudadano de Bachelet acaba de dar importantes pasos hacia mecanismos de representación directa. La elección de los consejeros regionales y el referendo de Isla de Pascua son ejercicios inéditos en la transición chilena. Segundo, la proximidad de una elección sugiere el uso de la “cuarta urna” donde se votaría una eventual reforma constitucional. Dicho mecanismo fue usado con éxito en Colombia a principios de los 90s. Finalmente, la gigantesca popularidad de Bachelet (arriba de 75 por ciento de apoyo) y su cercanía a la ciudadanía dotan al ejecutivo del capital suficiente para respaldar una medida que la derecha criticaría con fervor. 

La cuarta urna ya fue propuesta por el candidato de la izquierda Arrate y por asociaciones ciudadanas, pero también los candidatos de la Concertación – Frei y Marco Enríquez Ominami (MEO) – podrían sumarse a la iniciativa y beneficiarse de ella. Para MEO, la cuarta urna resulta coherente con su discurso a favor de la representación directa. Para FREI, sinceraría su verdadera intención de reformar el sistema político, lo que muchos, luego de dos décadas de Concertación, ponen en duda. 

Así entonces, la ciudadanía y su Presidenta por una parte, y tres de los cuatro candidatos, por otra, han expresado su voluntad por reformar el sistema político. Pero además de la buena voluntad de las partes, esta vez los incentivos electorales no parecen, como en el pasado, oponerse a tal reforma. La Concertación podría transformar un referendo en un escenario interesante. Un cuarto voto implicaría un alineamiento, al menos en esta materia, de las tres candidaturas de la centro-izquierda. Tal coordinación, además, se crearía bajo la égida protectora de una carismática Michelle Bachelet. La cuarta urna podría entonces ayudar a resolver los dos problemas para los que la Concertación, a dos meses de la elección, aún no encuentra solución: coordinar a sus facciones en segunda vuelta y traspasar el capital de Bachelet a las elecciones. 

El uso de la democracia directa para ratificar o modificar la institucionalidad chilena es la gran deuda de una democracia que heredó sus instituciones de una dictadura. Hoy, por primera vez en la transición, Chile se encuentra en la coyuntura histórica para tal convocatoria.

 La decisión la tiene Bachelet.