Deben dimitir

LBNL

¿Deben dimitir de sus cargos parlamentarios los cinco ex altos cargos socialistas de la Junta andaluza encausados penalmente ayer por el Tribunal Supremo? En puridad, ni los ex Presidentes Griñán y Cháves ni sus tres ex Consejeros (Zarrías, Moreno y Viera) han sido imputados ni lo van a ser a corto plazo y menos aún por corrupción dado que lo que se va a investigar es su posible responsabilidad penal (posible prevaricación o malversación de fondos públicos) por haber directa o indirectamente participado en la creación o el mantenimiento del fondo para compensación de EREs del que otros, ya procesados, robaron directamente o asignaron partidas a conocidos y/o familiares. Es decir, ninguno de los cinco y tampoco la ex Consejera Magdalena Álvarez, está siendo investigado por haberse quedado con dinero público o habérselo dado a personas afines. Y, sin embargo, a mi juicio es evidente que Pedro Sánchez y Susana Díaz deben exigirles la dimisión inmediata, por su responsabilidad política en el desaguisado antes que por la penal, que seguramente al final del camino, se certifique que no tuvieron.

Es evidente que la Juez Alaya, personaje tan inquietante como otros jueces (por ejemplo el que metió en la carcel a Blesa, hoy inhabilitado), está convencida de que sí tienen responsabilidad criminal. De ahí su exposición motivada al Supremo (por estar aforados al ser parlamentarios) del pasado mes de agosto, sobre cuya base decidió ayer el Tribunal. Ahora bien, los jueces precisaron que abrían causa porque así corresponde en tanto exista una posibilidad de que los hechos sean tal y como se describen en el escrito de la Juez. En todo caso, ni siquiera la Juez sugiere que se hayan enriquecido o hayan enriquecido a sus próximos. Se les acusa de ser tan malos gestores que su gestión constituiría delito.

Ya digo que me parece que al final del camino la responsabilidad criminal será descartada. O puede que no en lo referido a la prevarición, pero en términos políticos me resulta irrelevante en estos momentos. Lo cierto es que incluso si no constituye delito, su gestión fue nefasta en este apartado, como demuestra que el Tribunal Supremo considere que podría llegar a constituir delito.

El fondo para otorgar compensaciones por los EREs tenía un objetivo social perfectamente legítimo: mitigar el impacto de la crisis sobre los más duramente afectados. Pero su diseño fue tramposo con la normativa económico-administrativa más básica. Simplificando, para evitar tener que motivar todas y cada una de las decisiones, tomaron una sola y dejaron al libre albedrio del alto cargo al mando la distribución arbitraria de las ayudas. La crítica a la chapuza sería igual de válida si la concesión de ayudas hubiera sido impoluta pero se agrava al no haberlo sido. Todo lo contrario. Aparte de las cantidades directamente sustraídas hay un rosario de irregularidades entre las que se encuentran las comisiones cobradas por aseguradoras e incluso sindicatos por gestionar la distribución de las ayudas. Si es necesario financiar la gestión de la distribución, páguese, pero con una licitación del mejor gestor, con publicidad, etc.

Yo no quiero gobernantes cuya gestión pueda ser tan negligente con los fondos públicos. Construir un aeropuerto que no tiene aviones o un puente que se cae por estar mal planeado, es también una gestión negligente pero no tanto, razón por la cual el Tribunal Supremo no aceptaría investigar si de ella se desprende responsabilidad criminal.

Las presiones del Gobierno del PP para que el Banco Europeo de Inversiones forzara la dimisión de Magdalena Álvarez de su cargo de vice-presidenta no fueron el elemento decisivo para que finalmente tuviera que abandonar el cargo. La clave fue que el resto del Consejo del Banco, así como su servicio jurídico, entendieron que su responsabiliadad – no necesariamente criminal – era gorda y no convenía que una gestora así siguiera teniendo un puesto de tanta altura en la institución.

No veo por qué debemos seguir aceptando estándares de responsabilidad política más bajos que los comúnmente aceptados en Europa. A Arias Cañete le salió caro políticamente completar sólo a última hora su declaración de ingresos incluyendo los sobre sueldos cobrados del PP: el Parlamento Europeo condicionó su investidura a un informe del servicio jurídico, finalmente favorable puesto que la declaración era, por fin, completa. El escándalo es que en España no hubiera forma de obligarle a realizar la misma declaración durante sus años como Ministro, o hacerle pagar por no haberlo hecho.

Ya entiendo que es un papelón para Pedro Sánchez tener que forzar la dimisión de los cinco en cuestión, pero mucho mejor hacerlo y hacerlo rápidamente, defendiendo su honradez y expresando su convicción de que no acabarán siendo inculpados, que seguir ofreciendo un flanco débil que el PP aprovecha para establecer una equivalencia con el caso Gürthel que, por injusta que sea, cala entre la opinión pública.

La gente no va a entender las explicaciones sobre que la imputación “provisional” que acompañará las declaraciones voluntarias que los encausados ya han anunciado, es para protegerles procesalmente. Tampoco las disquisiciones sobre las diferencias con los casos de corrupción. La idea de que se malversaron cientos de millones de euros – aunque hayan sido más bien decenas y sólo unos pocos fueran robados y no por los encausados – ha calado y los responsables últimos son los cinco citados y Magdalena Álvarez. Y por tanto deben afrontar su responsabilidad política y dimitir. Y así se lo deben exigir los máximos responsables nacional y autonómico del partido. También para que la defensa de su honradez (en el caso de Zarrías no estaría yo tan seguro…) sea más creíble.

Si, ya sé que Pepe Blanco también fue investigado y no dimitió, como tampoco Bárcenas hasta varios meses después de que se solicitara su suplicatorio. Sé también que si dimiten, su causa volverá de nuevo al juzgado de Alaya. Pero todo esto es bastante irrelevante. La cagaron, tanto que hasta podría ser delito. Deben dimitir aun cuando probablemente no lo sea. En cuyo caso no serán condenados por el Tribunal andaluz que dirima el sumario instruido por Alaya.

Un PSOE renovado, el de un tiempo nuevo (me parece una cursilada…), tiene que mantener el listón alto, y más en los tiempos que corren en los que cada vez está más extendida la percepción de que todos los políticos son iguales y Podemos vive de ella.