De Valencia a Chicago: un problema, dos actitudes

Barañain

Cuando cogía el avión que me llevaría de visita turística a Chicago la prensa española se hacía eco del inicio del juicio a  Camps. Al llegar a esa magnífica ciudad, capital del estado de Illinois, allí -y en todo el país-, era noticia de portada la condena a catorce años de reclusión, por varios delitos de corrupción, del exgobernador del  estado Rod Blagojevich. ¿En todas partes cuecen habas? Esa continuidad es sólo aparente; no puede  ser más diferente el enfoque del problema a uno y otro lado del atlántico.

Blagojevich, demócrata, fue arrestado en 2008, pocas semanas después de la victoria electoral de  Obama. Aunque el exgobernador fue imputado por 17  delitos (la mayoría referidos a fraude electrónico, extorsión y soborno) el cargo  principal, el que dio notoriedad al asunto,  fue que trató de lucrarse con la adjudicación del escaño en el Senado que el nuevo presidente  dejó libre al tomar posesión de su puesto en la Casa Blanca, aprovechando en beneficio propio su prerrogativa para designar a la persona sustituta. La imputación provocó  su destitución por parte de la Cámara de Representantes de Illinois y su retirada como senador del estado ya en 2009. El juicio se celebró el pasado mes de junio -mejor obviamos las comparaciones con la “celeridad” de la justicia y la política en España, a la hora de depurar las responsabilidades-, y ahora se conocía la sentencia. Como el caso estalló recién iniciado su mandato, no tuvo repercusión sobre la imagen popular de Obama aunque  se suscitaron algunas dudas sobre el conocimiento que la Casa Blanca tenía de lo que estaba sucediendo en Chicago. 

Durante varios días, en todas las  portadas  -desde la prensa local hasta la de ámbito nacional, desde los diarios de referencia hasta la prensa gratuita- ha habido un goteo de titulares impactantes referidos casi siempre a los aspectos “humanos” del caso: el reconocimiento de su culpa por parte del exgobernador, el discurso del juez agradeciéndole el detalle pero manteniendo su condena  – “Yo acepto sus disculpas….pero es demasiado tarde”, dijo el juez,  porque el abuso de su cargo de gobernador “es más perjudicial que cualquier otro”-, las lágrimas de la familia, la entereza del condenado – “Éste es el momento para luchar contra la adversidad, de ser fuerte por mis hijos”-, etc. Todo muy americano.

Lo que no llegué a atisbar -al menos en los titulares de prensa-, fue   derivación política alguna del asunto. Es decir, ni siquiera en la prensa conservadora parecía haber interés en hacer sangre del caso -políticamente hablando-, a costa de los demócratas. Ni siquiera por la intervención en el juicio, como testigo de la defensa, del actual y flamante alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ex mano derecha de Obama en la Casa Blanca y viejo amigo del condenado. Desde luego, Emanuel fue interpelado por los periodistas tras conocerse la sentencia pero no parece que se sintiera incómodo con ello, resolviendo la papeleta con elegantes referencias a la mujer e hijos de Blagojevich -¡cuánto sentía lo que estarían pasando ahora!-, y a la necesaria responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos.

No sé si algún sector extremista pretendió convertir el caso Blagojevich en munición contra los demócratas o contra Obama en particular -ahora que arranca el largo  proceso preelectoral americano-, pero si fue así, no trascendió el intento. Y eso que en el caso de Illinois, llueve sobre mojado. Nada menos que cinco de los últimos nueve gobernadores de ese estado han sido acusados o arrestados por fraude o por aceptar sobornos, y el predecesor de Blagojevich, el republicano George Ryan, cumple actualmente una condena de seis años y medio por fraude. Pero para el  ciudadano  americano medio no parece que  la corrupción de sus políticos sea motivo  de deslegitimación de sus ideas políticas o asunto de debate partidario. En general, la gente no se cuestiona  su adhesión a una u otra línea política, en función de la corrupción que surja en sus filas. Lo cual no hay que confundir con indiferencia hacia ese problema. Al contrario, compartan o no afinidades políticas con el encausado de turno, los ciudadanos apoyan que caiga todo el peso de la ley sobre él y que, como político,  no vuelva a levantar cabeza. Se asume con naturalidad que, ideología al margen, el que la hace la paga (si le pillan, claro está). Ni hay condescendencia alguna con el imputado por esos abusos, ni se  busca exculpación en supuestas campañas políticas o persecuciones discriminatorias en función de la ideología. El fiscal federal, nombrado por los demócratas, pidió incluso una pena mayor para el imputado, también notorio demócrata.

De vuelta a España, el juicio a Camps y otros excargos políticos valencianos está en su apogeo. Sectores progresistas políticos y mediáticos siguen mostrando su sorpresa y pesar por el hecho de que los desmanes de una casta ebria de poder no hayan tenido coste electoral para su partido.  Y a modo de explicación, nos consolamos  con la suposición de que el electorado progresista es más exigente con los suyos de lo que lo es el conservador, reminiscencia de la vieja idea de superioridad moral en la que se ha educado la izquierda.

Aún recuerdo la incomodidad con que, años atrás, se recibieron ciertas palabras de Felipe González considerando la corrupción como la “espuma sucia”, inevitablemente asociada al crecimiento de nuestro país. Como si al reconocer esa obviedad estuviera contemporizando con tan dañino  fenómeno. No, había que demostrar que en cuanto a moralidad pública no nos ganaba nadie.  Y seguimos creyendo que ahí hay munición para el combate político. Como lo ha creído, durante años, el partido socialista en la comunidad valenciana, que ha hecho de la denuncia de la corrupción el eje de su oposición al gobierno del PP y bandera de  su programa electoral, y que no ha dejado de estrellarse contra el muro de la aparente indiferencia ciudadana.

Lo peor de los grandes errores es lo difícil que resulta salir de ellos. Y así, en vez de plantearse que tal vez no es que los ciudadanos sean insensibles a la corrupción sino que, simplemente,  no le dan la trascendencia política que algunos quisieran, se insiste en ese ejercicio tan demostradamente  estéril, alimentando la ilusión de que tal vez en un futuro produzca sus merecidos frutos y finalmente los ciudadanos, hartos de corrupción, cambien el sentido de su voto abandonando a los malhechores y a quienes los han tolerado. Estos días, aparecen muchos artículos de opinión de personas –en general, de izquierda-, interesadas en la evolución del PSOE tras su derrota electoral. Muchos coinciden en seguir dando gran importancia a la vigilancia del ejercicio ético de la responsabilidad política como elemento clave de la agenda política que se reivindica para un nuevo PSOE. Como si eso pudiera ser definitorio de una determinada identidad política e ideológica y, sobre todo, como si eso tuviera que ver con la capacidad para ser, de nuevo, una  alternativa de poder. Creo que es perseverar en el error. 

Es tanta la insistencia en ese tópico sobre el dispar comportamiento del   electorado ante la corrupción que llego a pensar que más que constatar esa supuesta disparidad  es la propia izquierda militante la que, con ese discurso recurrente de matiz moralizador,   provoca en sus bases -en una parte al menos -, ese  efecto que luego se lamenta. Porque quizás lo que ocurre es que  la mayoría del electorado tiene ante la corrupción la misma actitud natural que los ciudadanos americanos, conscientes de que las tentaciones acechan a todos por igual: son los profesionales de la política los que, en nuestro caso,  se empeñan en buscar un imposible provecho  político de ello. Al no encontrarlo, surge la frustración.  Y de paso – inevitable efecto secundario -, se extiende entre la ciudadanía el descrédito de la propia política.

Contra la corrupción hay que exigir el cumplimiento de la ley. Y perseverar en la vigilancia y represión de las conductas corruptas. Entre lo mejor del balance del gobierno de Zapatero está su refuerzo de la fiscalía anticorrupción, cuyos efectos han sido evidentes; sin embargo, apenas ha sido reivindicado  como uno de sus logros. Y eso es, en realidad,  lo que de verdad importa; no tanto el discurso moral sobreañadido y menos aún la pretensión de convertirlo en ariete para el desgaste político del adversario. Porque la corrupción -deberíamos saberlo ya-, no es patrimonio de nadie.